EL GLIFOSATO TAMBIÉN DEBE PARAR: PONGÁMOSLE EL OJO A LA REANUDACIÓN DE LAS ASPERSIONES

EL GLIFOSATO TAMBIÉN DEBE PARAR: PONGÁMOSLE EL OJO A LA REANUDACIÓN DE LAS ASPERSIONES

El 11 de mayo de 2020, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto,  protegió los derechos a la consulta previa de las comunidades afrodescendientes e indígenas del pacifico nariñense frente a la aspersión área con glifosato y ordenó la suspensión de las diligencias de licenciamiento ambiental y la realización de la consulta previa para garantizar una participación acorde a las características y necesidades de los territorios.

Este es un nuevo revés a la pretensión del Gobierno de fumigar con glifosato y pone en la mesa la necesidad estar atentos/as a sus esfuerzos por imponerlo. En ese sentido, es importante reflexionar sobre el Decreto 380 de 2021, que regula el control de los riesgos para la salud y el medio ambiente en el marco de la erradicación de cultivos ilícitos mediante el método de aspersión aérea, el cual como veremos, no cumple las condiciones para proteger la integridad de las comunidades.

En primera medida, dentro de la parte motiva del decreto y su articulado  se omite por completo contemplar dos normatividades que deben guiar el PECIG: el Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera (Acto legislativo 02 de 2017) y el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos -PNIS- (Decreto – ley 896 de 2017).

Estas normas son determinantes porque el punto 4.1.3.2 del Acuerdo de Paz, establece que en los casos donde no exista consenso con las comunidades, el Gobierno debe propender por la erradicación manual y en última instancia en las aspersiones, sin embargo, no hay mención alguna en el decreto. Tampoco se hace referencia a las comunidades que están cobijadas por los programas de sustitución voluntaria, y que en la actualidad están expuestas a los incumplimientos del Gobierno. Lo mencionado, no es una observación caprichosa, es una orden de la Corte Constitucional en el Auto 387 de 2019, que dispuso que toda política pública que se desarrolle dentro de la política de drogas debe derivarse de lo acordado en el punto 4 del acuerdo.

De otro lado, una de las precisiones para contemplar la reanudación de aspersiones con glifosato que hizo la Corte Constitucional en la sentencia T-236 de 2017, fue que los procedimientos de queja deben ser comprehensivos, independientes, imparciales y vinculados con la evaluación de riesgo.  En relación con este punto observamos que:

I.Las entidades encargadas de recibir estas quejas y determinar si son procedentes para hacer una evaluación, son las mismas que han estado en la posición de aceptar el uso del glifosato, que, en contraste con experiencias anteriores, no es del todo confiable.

II.En relación con quejas por riesgo de salud, se precisa el criterio de un médico tratante y una atención del sistema de salud, exigencia que desconoce las barreras que sufren las comunidades, especialmente étnicas para llegar a centros hospitalarios.

III. La decisión de la pertinencia de las quejas presentadas por las comunidades, se limita a los criterios de la Agencia Nacional de Licencias Ambiental, el Instituto Nacional de Salud y el Instituto Nacional Agropecuario. Encima,  con el decreto 333 de 2021, las tutelas que son interpuestas precisamente en situaciones de peligro inminente en el marco de las aspersiones son restringidas a la competencia del Consejo de Estado, lo que implica trabas y retrasos a un asunto de especial urgencia, especialmente para las comunidades afrocolombianas e indígenas marginadas y excluidas.

Como asunto anexo se deben anotar las pocas garantías de la participación. El decreto, pese a incluir espacios participación de las comunidades, en ningún punto refleja que estos tendrán incidencia en las decisiones que puedan definir el uso o no del glifosato en los territorios. Lo más preocupante,  es que tiende a negar el deber de incluir a las comunidades que serían afectadas por encontrarse en las áreas de aspersión. Se anuda también que  resultó paradójico encontrar que una de las formas de participación efectiva sea a través de las páginas web de las instituciones, aun sabiendo que hay múltiples comunidades étnicas excluidas, que no han sido llamadas a los “espacios concretos” y que tienen un paupérrimo o inexistente acceso a internet y tecnologías de la información.

Sin duda alguna, estas anotaciones muestran la política del Gobierno de espaldas a las realidades de las comunidades y a la urgencia de proteger sus derechos humanos. Si bien este decreto no significa que se reanuden las aspersiones, sí demuestra una decisión clara de adoptar una estrategia nociva para combatir los cultivos de uso ilícito y el narcotráfico, por encima de las poblaciones que están en medio del abandono y la discriminación estructural.

 

 

 

 

 

 

 

 

TRIBUNAL ORDENÓ PRIORIZAR A  PARTERAS EN FASE ACTUAL  DE VACUNACIÓN CONTRA EL COVID-19

TRIBUNAL ORDENÓ PRIORIZAR A  PARTERAS EN FASE ACTUAL  DE VACUNACIÓN CONTRA EL COVID-19

BOGOTÁ, mayo 2021.   En respuesta a la acción de tutela acompañada por Ilex Accción Jurídica, el  Tribunal Superior de Bogotá ordenó al Ministerio de Salud y a las secretarías de salud de Chocó y Valle del Cauca incluir a las parteras en el  plan nacional de vacunación contra el covid-19  a las parteras de  Asoparupa y  Asorediparchoco,  en un plazo  de 48 horas.

De igual forma, el tribunal pide a las autoridades en salud entregar a las parteras y parteros, de manera periódica, los elementos de protección necesarios para que puedan hacer frente a las labores que desarrollan en el cuidado de la salud en medio de la pandemia por el covid-19 , que atraviesa el país.

En este sentido, la sala de decisión consideró necesario que las secretarías de salud de Chocó y Valle del Cauca establezcan jornadas de acompañamiento y de trasmisión  de conocimientos técnicos a las parteras de la Asociación de Parteras Unidas del Pacifico (Asoparupa) y de la  Asociación de la Red interétnica de Parteras y Parteros del Chocó (Asorediparchoco).

En la acción de tutela,  Ilex Acción Jurídica y ambas asociaciones solicitamos al Ministerio de Salud y las secretarías de salud del Chocó y Valle del Cauca  reconocer a las parteras y parteros tradicionales como parte del personal de salud de primera  línea e incluirlos de esta forma en el  plan nacional de vacunación contra el covid-19.

Entre las razones que tuvimos para interponer esta acción, resaltamos que con la llegada del covid-19 al país y la posterior emergencia sanitaria que se desató, parteras y parteros han seguido atendiendo las necesidades de salud de sus comunidades en medio de las restricciones impuestas por las autoridades y el temor generado por la posible multiplicación de contagios, dada la grave situación de salud pública en los municipios apartados.

De igual forma, exponemos que  muchas de las parteras de las asociaciones quedaron sin recursos económicos, lo que afectó su sostenimiento. Esto, teniendo en cuenta que la práctica de la partería, en la mayoría de los casos,  no es una actividad lucrativa y los ingresos de quienes la ejercen provienen de actividades realizadas en la presencialidad.

Debido a que las secretarías de salud departamentales no han ejecutado proyectos para llevar la caracterización de las parteras y parteros en las comunidades afrodescendientes de su jurisdicción, ni les han realizado pruebas diagnósticas de covid-19, pedimos que se le ordenara al Ministerio de Salud incluir a los miembros de Asoparupa y Asoredipar, como parte del talento humano en salud y que se les reconocieran sus derechos en igual de condiciones, incluidas las bonificaciones temporales.

Teniendo en cuenta la situación de la pandemia en los departamentos del Chocó y Valle del Cauca, también pedimos en la acción de tutela que las secretarias de salud  implementen una ruta materno perinatal 3280,  con enfoque diferencial de manera conjunta con las organizaciones de parteras de la zona.

Es importante recordar que algunas parteras con enfermedades graves vieron suspendidos sus tratamientos, generando secuelas irreparables en su salud.  Así mismo, en medio de la pandemia y ante la emergencia de seguridad de Buenaventura, las parteras de Asoparupa se han desplazado de sus zonas.

Consideramos que la situación de las parteras y los parteros del Chocó y Valle del Cauca tienen amenazada su propia existencia, sobre todo para quienes han ejercido su labor como una actividad social y comunitaria que garantiza la vida de muchas mujeres, junto a la función de servir de actores de contingencia contra el Covid-19 en las comunidades donde el sistema de salud es insuficiente.

A continuación una reseña de las organizaciones accionantes 

Ilex Acción Jurídica es una organización de derechos humanos conformada por abogados y abogadas afrodescendientes que lucha contra la discriminación racial y promueve el empoderamiento y la protección de los derechos de las personas negras en Colombia.

Asociación de Parteras Unidas del Pacifico (Asoparupa) es una organización de base conformada por parteras tradicionales negras, con 32 años de experiencia en la visibilización, valoración y fortalecimiento de la partería en Buenaventura y en todo el país.   Es la organización de parteras tradicionales que mayor reconocimiento social e institucional tiene en Colombia.

Asociación de la Red interétnica de Parteras y Parteros del Chocó (Asorediparchoco) es una  asociación que busca resignificar la partería, que incorpora a mujeres y hombres que ejercen esta labor. Reconoce que “este proyecto -Partera Vital- integra acciones innovadoras, para que parteras y parteros puedan registrar a los niños que nacen, fortalezcan sus habilidades, sus capacidades, y algo muy importante, logra unir la institucionalidad con la comunidad y fortalece la confianza entre líderes, lideresas y sus territorios”.

 

Buscamos abogado/a junior’.

Buscamos abogado/a junior’.

Sobre la organización: Ilex Acción Jurídica es una organización de la sociedad civil dirigida a impulsar estrategias de acción jurídica, comunicaciones e investigación social con enfoque interseccional, para contribuir al goce efectivo de los derechos de las comunidades y personas afrodescendientes.

Perfil requerido: abogado/a con, al menos, un año de experiencia. Conocimiento y experiencia en derecho penal y civil. Habilidades de investigación y redacción de documentos jurídicos y de incidencia.

Actividades a realizar: en general, las actividades se refieren, pero no se limitan, a:

  • Redacción y documentación de textos de investigación sobre seguridad pública y discriminación racial en Colombia.
  • Acompañamiento y documentación de casos.
  • Apoyar el trabajo jurídico y de incidencia de la organización con relación al abuso policial.

Modalidad de contrato: contrato de prestación de servicios, suscrito entre Ilex Acción Jurídica y la persona seleccionada por la organización

Lugar de Trabajo: la persona seleccionada trabajará de forma virtual mientras se logran superar las limitaciones ocasionadas por la pandemia COVID-19, sin embargo deberá prestar apoyo a las líneas del proyecto focalizadas en Cartagena, Bogotá y Cali.

Honorarios: $2.000.000 mensuales

Duración del contrato: 9 meses.

Fechas: Enviar hoja de vida al correo ealcala@ilex.com.co, a más tardar el viernes 14 de mayo de 2021. Por favor indicar en el asunto: Apoyo Legal

 

*Invitamos a abogados/as pertenecientes a población afrodescendiente, mujeres y LBGTQI a presentarse a esta convocatoria.

EXHORTAMOS AL GOBIERNO COLOMBIANO A QUE RESPETE Y CUMPLA CON SUS OBLIGACIONES EN MATERIA DE DD.HH

EXHORTAMOS AL GOBIERNO COLOMBIANO A QUE RESPETE Y CUMPLA CON SUS OBLIGACIONES EN MATERIA DE DD.HH

La Red Global Contra la Violencia Policial conformada por organizaciones de los países de Colombia, Chile, Ecuador, España, República Dominicana, México, Brasil, Argentina, Venezuela y Puerto Rico, se pronuncian ante la represión violenta que ocurre en Colombia de parte del gobierno de Iván Duque contra la población civil que ejerce su derecho a la resistencia en contra de la reforma tributaria anunciada en medio de la emergencia sanitaria.

El pueblo colombiano tiene derecho a mostrar su disentimiento a través de la protesta social, ya que el ejercicio de este derecho está estrechamente vinculado a la promoción y defensa de la democracia. En particular, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido que, en situaciones de ruptura de orden institucional democrático, la protesta debe ser entendida “no solo en el marco del ejercicio de un derecho sino al cumplimiento del deber de defender la democracia’

El Paro Nacional en Colombia fue convocado a raíz de la “Ley de Solidaridad Sostenible” propuesta por el gobierno de Duque para reformar impuestos como el IVA sobre productos y servicios básicos, tributos que afectan principalmente a sectores populares.  Desde el pasado 28 de abril en varias ciudades se convocaron manifestaciones pacíficas. Al sumarse la intervención del Escuadrón Móvil Antidisturbios ESMAD y el uso desproporcionado de la fuerza se han violentado derechos humanos.

De acuerdo con la información proporcionada por las organizaciones de sociedad civil que recogen las denuncias por violación a derechos humanos y la violencia policial Temblores ONG, hasta el 1 mayo del 2021, se registran 940 casos de violencia policial identificándose los siguientes:

(Cifras Plataforma GRITA de Temblores ONG)

  • 21 víctimas de violencia homicida o ejecuciones extrajudiciales por parte de la policía
  • 92 víctimas de violencia física por parte de la policía
  • 1 persona fallecida en marco de movilización
  • 672 detenciones arbitrarias en contra de manifestantes
  • 126 intervenciones violentas por parte de la fuerza pública
  • 12 víctimas de agresión en sus ojos
  • 30 casos de disparos de arma de fuego por parte de la policía
  • 5 allanamientos en contra de manifestantes
  • 4 víctimas de violencia sexual

Desde la organización Campaña Defender la Libertad, la información recogida el 01 de mayo los datos son:

(Cifras del Sistema de Agresión a La Protesta Social SIAP de la Campaña Defender La Libertad: un asunto de todas.)

  • 206 detenidos
  • 70 personas heridas 7 con lesiones oculares.
  • 11 reportadas como víctimas de homicidio
  • 7 casos de Violencia sexual y VBG
  • 9 casos de abusos y agresiones a Defensores de DDHH y Reporteros Independientes.
  • 133 denuncias de otro tipo de vulneraciones a Derechos Humanos (Uso excesivo de la fuerza, uso de armas de fuego para dispersar movilizaciones, agentes sin identificación, hostigamientos).[1]

El Estado colombiano no ha presentado cifras oficiales, por lo que nos remitimos a información proporcionada por organizaciones que velan por los derechos humanos en Colombia, que  son parte de esta Red, se mantienen alertas y recopilan las denuncias en estos días de manifestaciones

Aunque el presidente Duque ha llamado al diálogo y la búsqueda de consensos para viabilizar la reforma tributaria, el actuar violento de los agentes policiales no se ha disminuido frente a la ciudadanía colombiana intensificando las protestas y plantones.

Como organizaciones sociales que reivindican la lucha social, la búsqueda de una sociedad justa y sobre todo el respeto de los derechos humanos en todos los espacios, nos pronunciamos:

  1. En contra de la violencia y el uso de la fuerza por parte de la fuerza pública que busca callar a quienes se resisten a través de plantones y manifestaciones, luchando por los derechos económicos y sociales.
  2. Exigimos a los organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH, los organismos de la Organización de Naciones Unidas, así como a las y los Relatores Especiales, que se pronuncien en favor de la protección de derechos del pueblo colombiano.
  3. Exhortamos al gobierno colombiano a que respete y cumpla con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos para precautelar el derecho a la vida, el derecho a la protesta social, libertad de asociación, expresión y, de manera especial, los derechos de las mujeres.
  4. Incitamos a las autoridades colombianas a que viabilicen el diálogo cesando la violencia contra la ciudadanía.
  5. Llamamos al estado colombiano a que garantice el ejercicio periodístico respetando el derecho a la libertad de expresión y a su vez el derecho a la ciudadanía a recibir información verás.
  6. Exhortamos a los medios de comunicación que puedan difundir la situación y visibilicen la problemática en pro de garantizar los derechos en una sociedad democrática
  7. Demandamos a Fiscalía, Procuraduría General del Estado y Defensoría del Pueblo a que abran las investigaciones pertinentes frente a todas las violaciones contra los derechos humanos. Y que, de la misma manera, se proporcione la reparación integral a las víctimas.
  8. También nos unimos a la exigencia para garantizar el trabajo y respeto de las y los defensores de derechos humanos en Colombia, ante la amenaza de quienes buscan callar sus voces.

En suma, respaldamos al pueblo colombiano que se mantienen en resistencia, especialmente de las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali, Neiva, Ibagué, Pasto, Villavicencio y Yopal. Seguiremos denunciando, vigilantes y en pie de lucha por los derechos de colombianas, colombianos y de todos nuestros pueblos.

1] CIDH, Protesta y Derechos Humanos Estándares sobre los derechos involucrados en la protesta social y las obligaciones que deben guiar la respuesta estatal https://bit.ly/3nviwQ6 , pág. 6

ENVIAMOS CARTA AL PRESIDENTE JOE BIDEN  PARA QUE NO APOYE REGRESO DEL GLIFOSATO

ENVIAMOS CARTA AL PRESIDENTE JOE BIDEN PARA QUE NO APOYE REGRESO DEL GLIFOSATO

Veinticinco organizaciones internacionales y colombianas enviamos una carta al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en la que le pedimos no apoyar la intención del Gobierno del presidente Iván Duque de retomar la aspersión aérea con glifosato para erradicar los cultivos de uso ilícito, debido a las consecuencias que este químico trae para el medioambiente y  las comunidades étnicas y campesinas.

En la misiva le manifestamos a Joe Biden  que el reinicio del programa de aspersión aérea con glifosato envía un mensaje de crueldad e insensibilidad con el que consideramos que Estados Unidos ya no debería estar asociado debido a que socavará los acuerdos de paz, que son un poderoso legado de la administración Obama-Biden.

“Pero la experiencia pasada muestra no solo que estos logros se revierten rápidamente, sino que la estrategia socava otros objetivos de seguridad de Estados Unidos y Colombia. Recurrir a la fumigación es como retroceder en el tiempo, ignorando mucho de lo que hemos aprendido sobre lo que funciona y no función”, escribimos.

Uno de los argumentos  que manifestamos en la carta fue que entre 1994 y 2015,  EE. UU.  apoyó una flota de aviones y equipos de pilotos contratados, que roció glifosato en 4,42 millones de territorio colombiano, un área de tierra 3 1/2 veces el tamaño de Delaware. También le recordamos que en 2015, el Gobierno colombiano suspendió el programa de fumigación, citando preocupaciones de salud pública basadas en una Organización Mundial de la Salud.

“La mayoría de los productores colombianos de arbusto de coca no son delincuentes vinculados al crimen organizado o simpatizantes de grupos armados ilegales. Son familias con pequeñas parcelas de tierra”, señalamos.

En la carta, somos enfáticos en que después de 20 años de constante erradicación, los agricultores continúan enfrentando la misma realidad sobre los territorios, donde hay evidencia de que la presencia del Gobierno de Colombia es escasa, los caminos pavimentados o mantenidos son inexistente, la red eléctrica nacional está lejos y no existe el agua potable ni los títulos de propiedad.

A continuación las organizaciones firmantes:

  • Amazon Watch
  • Center for International Environmental Law
  • Centro Estudios sobre Seguridad y Drogas, Universidad de los Andes (Colombia)
  • Chicago Religious Leadership Network on Latin America
  • Colombia Human Rights Committee
  • Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Colombia)
  • Corporación Viso Mutop (Colombia)
  • Drug Policy Alliance
  • Elementa DD.HH. (Colombia/Mexico)
  • Fellowship of Reconciliation: Peace Presence
  • Healing Bridges
  • ILEX Acción Juridica (Colombia)
  • Institute for Policy Studies, Drug Policy Project
  • Institute on Race, Equality, and Human Rights
  • Latin America Working Group
  • Mennonite Central Committee U.S. Washington Office
  • Missionary Oblates
  • Oxfam America
  • Oxfam Colombia
  • Presbyterian Church (USA), Office of Public Witness
  • Presbyterian Peace Fellowship
  • Proceso de Comunidades Negras (Colombia)
  • United Church of Christ, Justice and Witness Ministries
  • Washington Office on Latin America
  • Witness for Peace Solidarity Collective