Convocatoria voluntarias/ os

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Buscamos voluntarias/ os 

Sobre la organización: Ilex Acción Jurídica es una organización de la sociedad civil liderada por abogadas afrodescendientes, dirigida a impulsar estrategias de litigio, investigación socio- jurídica y comunicaciones con enfoque interseccional, para contribuir al goce efectivo de los derechos de las comunidades y personas afrodescendientes. 

¿Quieres ser voluntaria/o? Si quieres unirte a la organización Ilex Acción Jurídica como voluntaria/o en sus líneas de investigación, te invitamos a leer nuestras políticas internas con relación a voluntarios y diligenciar el formulario ubicado al final de esta página. Nuestro equipo se pondrá en contacto con usted para resolver sus preguntas. 

Perfil requerido: estudiantes de derecho, comunicación social o ciencias sociales con interés en apoyar proyectos de investigación, litigio e interesados en aprender cómo integrar el enfoque de lo étnico racial a su trabajo profesional.

Política de voluntariado: para conocer la política de voluntariado de Ilex Acción Jurídica ingresa al siguiente link:

https://www.ilexaccionjuridica.org/politica-interna-para-el-desarrollo-de-voluntariados-en-ilex-accion-juridica/

Requisitos y fechas: diligenciar el formulario hasta el 14 de enero de 2022 y adjuntar hoja de vida. Link: 

https://docs.google.com/forms/d/1e0oPAdfWhdUHxVab4JdYAj8RP8w_xWpgYOjNVcgFUOc/edit

INVITAMOS A PERSONAS AFRODESCENDIENTES, MUJERES Y PERSONAS CON ORIENTACIONES SEXUALES E IDENTIDADES DE GÉNERO DIVERSAS A PARTICIPAR DE ESTA CONVOCATORIA

LOS RETOS DEL ESTADO Y LA SOCIEDAD COLOMBIANA EN MATERIA DE GARANTÍA DE DERECHOS HUMANOS DE LA POBLACIÓN AFRODESCENDIENTE

LOS RETOS DEL ESTADO Y LA SOCIEDAD COLOMBIANA EN MATERIA DE GARANTÍA DE DERECHOS HUMANOS DE LA POBLACIÓN AFRODESCENDIENTE

Las profundas desigualdades sociales y económicas que afectan a las personas afrodescendientes han limitado de manera histórica la garantía de derechos fundamentales de esta población, situación que se agravó con la pandemia covid-19.

Según el análisis de pobreza hecho por la Cepal, utilizando datos estadísticos disponibles hasta 2018, el mayor porcentaje de este indicador para población afrodescendiente en la región es el de Colombia, donde el 40,8% de quienes pertenecen a  ella están en la escala de pobreza, lo que en muchas ocasiones les reduce las posibilidades de tener las necesidades básicas satisfechas, como la seguridad alimentaria, la movilidad, entre otros e impactando el acceso a derechos como el de la salud, la educación, el trabajo, vivienda digana,  la igualdad, los económicos y la no discriminación.

Sumado a la pobreza monetaria, un estudio realizado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) titulado ‘La salud de la población afrodescendiente en América Latina’, señala que Colombia se destaca por la existencia de mayores desventajas para la población afrodescendiente en materia de salud, teniendo menores probabilidades de acceder a la atención médica en comparación con la población no afrodescendiente.

Tal y como lo expuso Ilex Acción jurídica, la pandemia por el covid-19 no tiene un impacto homogéneo. De acuerdo a la  investigación adelantada por los  profesores Carlos Viáfara y  Oscar Jehiny Larrahondo Ramos y al documento ‘Análisis de dos pandemias: racismo y crisis de salud pública’, de esta organización, al ser la tasa de letalidad del virus un 25% mayor en la población afrocolombiana, puede, por ejemplo, tener repercusiones en las condiciones de pobreza, debido a la pérdida de ingresos por hogares.

Es así como para responder a la heterogeneidad de los factores que han impactado a la población afrodescendiente, no sólo durante el covid-19,  sino históricamente, es necesario que los Estados realicen acciones enfocadas al restablecimiento de derechos como el acceso a la vivienda digna o la educación, debido a que es notable el regazo de la población afrocolombiana con relación a las condiciones educativas y de vida.

De acuerdo al DANE (2020), mientras que las personas sin pertenencia étnica, en promedio, tienen 15 años de educación, la población afrocolombiana ha estudiado un año menos, y los niveles de alfabetismo tienen  una diferencia de 4 puntos frente a la población no afrodescendiente. Durante el  covid-19 incrementaron las tasas de deserción escolar, lo cual tiene efectos en los niveles de pobreza, movilidad negativa y bajos salarios, según la misma entidad.

Pero no podemos hablar del derecho a la educación sin hablar de la conexión y del uso del internet, considerado como una limitante para la población afrocolombiana durante la pandemia, debido a que este se convirtió en la manera más práctica de acceder a la educación durante las cuarentenas generadas a partir del covid-19.  Según el DANE, los municipios con mayor población afrocolombiana tienen, en promedio, una menor tasa de cobertura de este servicio y una diferencia significativa de 5.22 puntos menos respecto al resto del país.

En lo que corresponde a vivienda digna, de acuerdo al DANE (2018)*, el 11.4% de la población afrocolombiana residía en condiciones inapropiadas, versus el 7.9% de población no étnica, lo cual va ligado a el acceso a servicios públicos, donde esta población tiene mayores brechas. En el año 2018, el 33.6% de las personas afrocolombianas no tenían acceso a condiciones vitales y sanitarias mínimas.

De la mano con lo anterior, uno de los mayores retos que enfrenta el Estado colombiano, además de los ya mencionados, es la necesidad de proteger el derecho a defender derechos. En ese sentido, la Corte Interamericana determinó que: “(…) las defensoras y los defensores de derechos humanos contribuyen de manera esencial a la observancia de los derechos humanos, pues actúan como garantes contra la impunidad. De esta manera se complementa el rol, no tan solo de los Estados, sino del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en su conjunto”[1].

Sin embargo, la Defensoría del Pueblo ha registrado 130 asesinatos de líderes sociales entre enero y noviembre de 2021[2]; y el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), ha informado que desde enero a lo que va del mes de diciembre del 2021 la cifra de líderes y lideresas asesinadas es de 162 personas, siento el caso más reciente el de Cristina Cantillo, lideresa, mujer trans, afrodescendiente de Santa Marta, quien desempeñaba labores de defensa a los derechos de las personas LGBTI[3].

A continuación recordamos algunas de las recomendaciones que hizo Ilex en materia de derechos humanos ante la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Organización de las Naciones Unidas (ONU):

  • Advierta la importancia del cumplimiento de las normas internacionales sobre el racismo y la protección de los derechos humanos de la población afrodescendiente. Reiteramos la necesidad de ratificar la Convención Interamericana contra el Racismo, Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia y resaltamos las declaraciones de la Vicepresidencia Martha Lucia Ramirez, emitidas el día 09 de diciembre de 2021 en el marco del debate de control político al que fue citada por la Comisión afro del congreso, en orden de comprometerse con la ratificación la convención, después de aproximadamente 7 años de su firma. En este punto, reafirmamos que no basta solo con la expedición de normas y ratificación de tratados, sino que es urgente también una adecuada implementación de los mismos.

 

  • Recalque la necesidad de obtener, recolectar y analizar datos estadísticos a través de la obligación de recoger la variable étnico racial en los registros oficiales, sobre todo al momento de la recepción de denuncias en los casos de abuso policial y en escenarios que permitan reconocer la situación socioeconómica de la población afrodescendiente. Esto es fundamental para poder visibilizar las problemáticas y las acciones concretas necesarias para eliminar prácticas que atentan contra los derechos humanos.

 

  • Tome precauciones y llame la atención de los Estados, Colombia específicamente, por los altos niveles de impunidad, frente a casos de violencia policial racista que no son investigados, por el contrario, son archivados, las denuncias no se tramiten de manera correcta y las personas afrodescendientes no tienen un acceso efectivo a la justicia.

 

  • Inste al Estado para que establezca la materialización de un sistema de vigilancia epidemiológico étnico colectivo que no vulnere el derecho a la salud y a la medicina étnica tradicional, y que a su vez de una trato igualitario y reconozca las prácticas médicas tradicionales en sus normativas nacionales.

 

  • Exhorte a los Estados para que se aseguren el acceso a servicios públicos básicos en todo el territorio nacional, como el acueducto, el agua potable, el alcantarillado, fluido eléctrico, conectividad, ya que son servicios necesarios para evitar el contagio por covid-19, y que en Colombia no se prestan en la mayoría de la población afrodescendiente.

 

  • Solicite la promoción de metodologías interculturales que tengan en cuenta los saberes ancestrales y las medicinas tradicionales con miras a proyectar políticas públicas diferenciales en el marco de la pandemia por covid-19 y, así mismo, promover iniciativas comunitarias de monitoreo de la pandemia, con el objetivo de tomar en cuenta las realidades territoriales de las comunidades étnicas.

 

  • Recalque la necesidad de priorizar la implementación de unidades de atención especiales en los centros de salud y hospitales de los territorios colectivos de las comunidades negras, afrodescendientes, palenqueras y raizales, en aras de contar con el personal suficiente y capacitado en territorios étnicos.

 

 

 

*DANE 2018: Resaltamos el subregistro que alteró  los datos demográficos de la población afrodescendiente en el censo.

[1] Corte IDH. Caso Valle Jaramillo y otros vs. Colombia. Sentencia de fondo, reparaciones y costas. 27 de noviembre de 2008. Serie C No. 192. Párr. 88.

[2] https://www.eltiempo.com/justicia/delitos/cuantos-lideres-sociales-han-sido-asesinados-en-2021-balance-de-defensoria-637827

[3] INDEPAZ (2021) Líderes sociales, defensores de derechos humanos en el 2021. Ver en: http://www.indepaz.org.co/lideres-sociales-y-defensores-de-derechos-humanos-asesinados-en-2021/

TIPS PARA EVITAR DISFRACES RACISTAS EN HALLOWEEN

TIPS PARA EVITAR DISFRACES RACISTAS EN HALLOWEEN

Faltando pocos días para Halloween, para algunos ‘La Fiesta de Disfraces’ o simplemente el 31 de octubre, es importante saber cómo evitar caer en la reproducción de estereotipos racistas a la hora de escoger los disfraces. Acá dejamos algunas recomendaciones.

Lo primero que debemos hacer es reconocer que en Colombia, al igual que en América Latina, persisten ideas, imaginarios y prácticas heredadas de la colonización. Por tanto, el racismo permanece de forma estructural tanto en las instituciones como en el relacionamiento social, “fijando huellas de la esclavitud” de manera natruralizada, como lo menciona Rosa Campoalegre Septien en su texto ‘Educar en resistencias y contra hegemonías más alla del decenio’.

De igual forma, es importante entender que los disfraces, en general, se usan para las fiestas y carnavales, bajo un contexto burlesco y desfigurativo, que puede llegar a ser ofensivo con las identidades de las demás personas y sus  factores culturales o históricos.

El siguiente paso es cuestionarse si el disfraz que se quiere utilizar está asociado al tono de piel de una persona. Advertencia: es fundamental tachar el blackface, los disfraces de negra/ negro, esclavizados o cualquiera que se base en la identidad étnico-racial de las personas. No olvidemos que el blackface fue y sigue siendo una práctica ofensiva e hiriente.

Recordemos que «todas estas representaciones en las que se hace burla de las personas negras, y de su cuerpo, buscan reforzar la ideología racista», como lo dijo el historiador panafricanista español de origen colombiano Antumi Toasijé en un reportaje de la BBC  Mundo sobre el blackface en 2019.

En caso de que el disfraz pretenda hacer referencia a un hecho o periodo histórico es importante investigar y a partir de allí preguntarse si revictimiza, es insensible frente al dolor padecido por algún grupo de personas o saca de contexto alguna práctica cultural o conocimiento tradicional de un grupo poblacional / comunidad.

Así mismo, es clave hacer énfasis en evitar disfraces que apelen a la hipersexualización de las personas racializadas. Esto aplica tanto para mujeres como para hombres. Este tipo de acciones ahonda en las afectaciones físicas y psicológicas que han tenido que sobrellevar las personas afrodescendientes, derivadas de la relación entre la colonización y sus cuerpos.

¿Y qué pasa con los disfraces de español o que hacen alusión a personas blancas?

El personaje de Samantha White en la serie ‘Dear White People’ de Netflix responde lo siguiente frente a un debate similar cuando en el campus de la universidad personas blancas  se disfrazan de negros en una fiesta de disfraces:

“La diferencia es esta: mis bromas no encarcelan a sus jóvenes a tasas alarmantes o hacen que sea inseguro para ustedes caminar por sus vecindarios, pero las suyas sí, cuando se burlan o nos denigran, refuerza el sistema imperante, cuando un policía apunta un hombre negro no ve un ser humano, ve una caricatura, un delincuente, un negro. Así que no, no pueden disfrazarse de estereotipos de nosotros en una fiesta de Halloween y decir que es irónico o alegar ignorancia, ya no”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO COLOMBIANO NO PRESENTA RESPUESTA A LAS RECOMENDACIONES DE LA CIDH, DESCONOCE SUS HALLAZGOS Y LOS DE OTRAS MISIONES INTERNACIONALES

ESTADO COLOMBIANO NO PRESENTA RESPUESTA A LAS RECOMENDACIONES DE LA CIDH, DESCONOCE SUS HALLAZGOS Y LOS DE OTRAS MISIONES INTERNACIONALES

Washington – Bogotá D.C., 26 de octubre de 2021. 

En la audiencia convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para dar seguimiento a la visita de trabajo a Colombia realizada en el marco de las jornadas de protesta que se desarrollaron durante el primer semestre del año, 25 organizaciones colombianas y regionales expresaron colectivamente que la visita de la CIDH al país fue un importante paso para evidenciar las graves violaciones a los derechos humanos que ocurrieron en el contexto del paro nacional. Sin embargo, han constatado que durante los meses de agosto, septiembre y octubre las dinámicas de violencia policial en contra de manifestaciones pacíficas se han mantenido. De igual manera, el Estado mantuvo la criminalización y judicialización de liderazgos sociales y comunitarios, la estigmatización de la labor de defensa de derechos humanos y las agresiones desproporcionadas por parte del ESMAD.

Como la CIDH, otras misiones internacionales independientes han verificado que la situación en Colombia continúa siendo de extrema gravedad, la violación a los derechos humanos es sistemática y se siguen presentando serias obstrucciones para el acceso de la ciudadanía a la justicia. Ante esto, consideramos necesaria la puesta en marcha del Mecanismo de Seguimiento propuesto por la CIDH para que el Estado colombiano cumpla con las obligaciones internacionales establecidas en los instrumentos interamericanos para la protección de los derechos humanos.  

Desafortunadamente, durante la audiencia, Carlos Arturo Morales, representante del Estado, dijo que “un mecanismo de seguimiento no resulta un método pertinente para el Estado colombiano”, desconociendo los datos presentados por la sociedad civil sobre violaciones a los derechos humanos en contextos de protesta y aduciendo que estos no coinciden con las cifras oficiales. Si bien esta postura no es nueva, a pesar de que la CIDH anunció la creación del mecanismo en el párrafo 187 del informe presentado en julio de este año, resulta contradictorio que el Estado afirme estar comprometido con el cumplimiento de sus obligaciones en la garantía de derechos humanos de acuerdo con el Sistema Interamericano, pero no permita la asistencia técnica que la CIDH puede darle.

Tras las presentaciones de los diversos representantes estatales, las organizaciones de la sociedad civil señalaron que el Estado no presentó respuesta a las recomendaciones de la CIDH y que desconoció nuevamente los hallazgos de esta y otras misiones internacionales.  Por ejemplo, sobre la recomendación #16 acerca del uso excesivo de la fuerza, en la que la CIDH aconseja crear un registro y publicar los datos sobre violaciones a derechos humanos en el marco de la protesta y los estándares para su tratamiento, el Estado dijo en julio que iba a presentar información, pero no lo ha hecho.  

Teniendo en cuenta que en esta audiencia el Estado ha dejado en evidencia que no tiene interés en reconocer las graves vulneraciones que ocurrieron durante el paro nacional, y que  su falta de debida diligencia afecta de manera especial a las poblaciones históricamente discriminadas como las mujeres y las niñas, las personas LGBTI, la población indígena y afrocolombiana, hacemos un llamado a la implementación del Mecanismo de Seguimiento de manera urgente, ya que, como lo señala el Estado, las lecturas de la realidad no coinciden, y se necesita urgentemente mayor claridad sobre cifras de violencia y el avance de las investigaciones penales y disciplinarias. El Estado en su exposición hizo referencia a una política pública para las personas LGBTI que no ha comenzado a implementar, a pesar de una orden judicial y de la existencia de una Mesa de Casos Urgentes para prevenir la violencia por prejuicio, que está inactiva.

 Las cifras de violaciones a los derechos humanos identificadas por la propia CIDH, misiones internacionales y sociedad civil dan cuenta de que sí han existido intervenciones desproporcionadas, con diferentes abusos y métodos de victimización. Por ejemplo, la Fiscalía General de la Nación ha sido vehemente en investigar a manifestantes o particulares y no ha actuado con igual rigor en casos que involucran a funcionarios de la fuerza pública que cometieron delitos en las protestas.

 Con preocupación observamos que las entidades de Estado no mencionaron la aplicación de enfoques diferenciales étnico, de género y curso vital; esto está alineado con lo que expresó la Comisionada Flavia Piovesan, quien preguntó si el Estado está generando datos desagregados sobre la violencia ocurrida en el marco de las protestas contra mujeres, indígenas, personas afro y población LGBTI, y si ha adoptado una respuesta para combatir esos patrones discriminatorios.

Entre tanto, el Comisionado Joél Hernández preguntó a la representación del Estado ¿Cuáles son las medidas que desde el más alto nivel del Estado se están dando para atender a las demandas históricas que se visibilizaron en las protestas?  

Finalmente, las organizaciones de la sociedad reiteraron la urgencia de instalar el Mecanismo de Seguimiento y manifestaron su disposición para apoyar a la CIDH en la concreción de dicho mecanismo y lo que se requiera para su garantizar su efectividad.

Organizaciones peticionarias:

Asociación Para la Promoción social Alternativa (MINGA)

Asociación Cristiana Menonita para Justicia, Paz y Acción No Violenta (JUSTAPAZ)

Caribe Afirmativo

Campaña Defender la Libertad: Asunto de Todas (CDLAT)

Casa de la Mujer

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

Centro de Desarrollo Psicosocial Taller de Vida

Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia (COALICO)

Colombia Diversa

Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR)

Comisión Colombiana de Juristas (CCJ)

Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (CIJP)

Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES)

Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU)

Corporación Humanas

Corporación ILEX Acción Jurídica

Corporación Instituto Internacional Raza, Igualdad y Derechos Humanos – Raza e Igualdad

Corporación Reiniciar

Corporación SISMA Mujer

Corporación Jurídica Yira Castro (CJYC)

Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP)

Colombia Human Rights Committee

Fundación Creciendo Unidos

Fundación Grupo de Acción y Apoyo a personas Trans (GAAT)

Fundación Karisma

Fundación Nydia Erika Bautista

Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos (GIDH)

Ruta Pacífica de las Mujeres

Women’s Link Worldwide

 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN, HACIA LA LUCHA CONTRA EL RACISMO

MEDIOS DE COMUNICACIÓN, HACIA LA LUCHA CONTRA EL RACISMO

Debemos reforzar el uso de los medios de comunicación como herramienta para combatir el racismo estructural.  La forma en la que algunos portales noticiosos cubrieron el pasado 12 de octubre, fecha en la que se conmemora el mal llamado ‘Día de la Raza’, ahora también denominado ‘Día de la Resistencia’ o ‘Día del Respeto por la Diversidad Cultural’, es una muestra de ello. Aún no se logra comprender la importancia de resignificar la fecha ni la relevancia que tienen los pueblos indígenas y afrodescendientes en este ejercicio.

Históricamente, esta conmemoración ha estado asociada a recordar la invasión de los españoles a las Américas en 1492 y a la celebración de la hispanidad. Sin  embargo,  ¿Por qué no debemos celebrar el ‘Día de la Raza’? ¿Por qué algunas organizaciones apelan al ‘Día de la Diversidad’? Son preguntas que se sigue haciendo la ciudadanía cada 12 de octubre, pero en los medios las respuestas siguen siendo abordadas, en su mayoría, desde un lugar ajeno y sin mayor profundidad. Quizá para evitar el proceso interno y personal que implica hablar del racismo.

“Los indígenas dicen que no hay nada que celebrar”,  “Las organizaciones aseguran que no hay nada que celebrar”, señalaron algunos medios de comunicación al reseñar la fecha, haciendo un abordaje del racismo y la discriminación como un tema que no  los toca y que hay tratar bajo las reglas de la objetividad periodística, sin reconocer que el lenguaje está permeado por la construcción del imaginario colonizador que sitúa a las poblaciones indígenas y afrodescendientes como inferiores, ni tener en cuenta que lo que buscan este tipo de movilizaciones sociales es resignificar esta conmemoración y pasar de la celebración al reconocimiento de la resistencia de los pueblos y de la necesidad de poner en la agenda pública las deudas históricas que tiene la sociedad con ellos.

 En este sentido, vale la pena mirar trabajos como el realizado por Carolina Arrunátegui Matos sobre la prensa peruana y el racismo  en el que reflexiona sobre los planteamientos del autor colombiano Santiago Castro Gómez en su texto ‘La poscolonialidad explicada a los niños’. “El dominio colonial no se consiguió tan solo asesinando y sometiendo al otro por la fuerza, sino que requirió de un elemento ideológico o representacional, es decir, de la construcción de un discurso sobre el otro que lo situara como inferior”, dice.

Ya en 2012 lo había advertido el Ministerio del Interior cuando realizó un informe junto a la Organización Mundial para las Migraciones (OIM) y el Observatorio Contra la Discriminación y el Racismo:  existen en los medios de comunicación tendencias negativas, reproducción de estigmas, prejuicios sociales y ausencia de cubrimiento de los problemas cotidianos de la comunidad afrocolombiana.

En dicho estudio se evidencia que los medios registran solo entre 2 % y 9%  las noticias, hechos o acontecimientos que involucren a la población afrocolombiana y por tanto es necesario que estos se incluyan en el papel de eliminar la discriminación y el racismo, empezando por reconstruir el imaginario en el que la población afrolombiana solo se traduce en miseria,  crimen, la prostitución, deporte y  música.

En este sentido, es importante resaltar que el Programa de Acción de Durban contra el racismo y la discriminación señala que es deber de los medios de comunicación representar la diversidad de la sociedad multicultural, sin promover o utilizar imágenes falsas y estereotipos que difundan sentimientos racistas y xenófobos. También indica que una de sus funciones es informar para promover la igualdad y combatir el racismo, la discriminación y la intolerancia.

 “Reconocemos la contribución positiva que el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, en particular por los medios de comunicación y las nuevas tecnologías, incluida internet, y el pleno respeto de la libertad de buscar, recibir y comunicar información pueden hacer a la lucha contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia. Reiteramos la necesidad de respetar la independencia de la prensa y la autonomía de los medios de comunicación a este respecto”, agrega la Declaración de Durbán.

A continuación retomamos algunas de las recomendaciones del PNUD en su informe ‘Los medios de comunicación y la población afrocolombiana’, publicado en 2010, pero que siguen vigentes:

  1. Procurar que la información sobre las comunidades afrocolombianas responda a su diversidad en términos de visibilidad y pluralidad de géneros periodísticos. Se hace énfasis en la consulta de personas especializadas en el tratamiento de la población afrocolombiana.
  2. Incluir el racismo en las agendas propias de los medios de comunicación.
  3. Usar relatos que reflejen la problemática del racismo desde un punto de vista humano, que genere sensibilidad con el público.
  4. Profundizar en la investigación de temas relacionados con la población afrodescendiente.
  5. Evitar tener una sola fuente y, en especial, incluir las voces de la población  afrodescendiente.
  6. Incluir en los manuales políticas de respeto y tratamiento de temas relacionados con la población  afrodescendiente.
  7. Monitoreo permanente de la información y de la recepción de la misma.