ENVIAMOS CARTA AL PRESIDENTE JOE BIDEN  PARA QUE NO APOYE REGRESO DEL GLIFOSATO

ENVIAMOS CARTA AL PRESIDENTE JOE BIDEN PARA QUE NO APOYE REGRESO DEL GLIFOSATO

Veinticinco organizaciones internacionales y colombianas enviamos una carta al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en la que le pedimos no apoyar la intención del Gobierno del presidente Iván Duque de retomar la aspersión aérea con glifosato para erradicar los cultivos de uso ilícito, debido a las consecuencias que este químico trae para el medioambiente y  las comunidades étnicas y campesinas.

En la misiva le manifestamos a Joe Biden  que el reinicio del programa de aspersión aérea con glifosato envía un mensaje de crueldad e insensibilidad con el que consideramos que Estados Unidos ya no debería estar asociado debido a que socavará los acuerdos de paz, que son un poderoso legado de la administración Obama-Biden.

“Pero la experiencia pasada muestra no solo que estos logros se revierten rápidamente, sino que la estrategia socava otros objetivos de seguridad de Estados Unidos y Colombia. Recurrir a la fumigación es como retroceder en el tiempo, ignorando mucho de lo que hemos aprendido sobre lo que funciona y no función”, escribimos.

Uno de los argumentos  que manifestamos en la carta fue que entre 1994 y 2015,  EE. UU.  apoyó una flota de aviones y equipos de pilotos contratados, que roció glifosato en 4,42 millones de territorio colombiano, un área de tierra 3 1/2 veces el tamaño de Delaware. También le recordamos que en 2015, el Gobierno colombiano suspendió el programa de fumigación, citando preocupaciones de salud pública basadas en una Organización Mundial de la Salud.

“La mayoría de los productores colombianos de arbusto de coca no son delincuentes vinculados al crimen organizado o simpatizantes de grupos armados ilegales. Son familias con pequeñas parcelas de tierra”, señalamos.

En la carta, somos enfáticos en que después de 20 años de constante erradicación, los agricultores continúan enfrentando la misma realidad sobre los territorios, donde hay evidencia de que la presencia del Gobierno de Colombia es escasa, los caminos pavimentados o mantenidos son inexistente, la red eléctrica nacional está lejos y no existe el agua potable ni los títulos de propiedad.

A continuación las organizaciones firmantes:

  • Amazon Watch
  • Center for International Environmental Law
  • Centro Estudios sobre Seguridad y Drogas, Universidad de los Andes (Colombia)
  • Chicago Religious Leadership Network on Latin America
  • Colombia Human Rights Committee
  • Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Colombia)
  • Corporación Viso Mutop (Colombia)
  • Drug Policy Alliance
  • Elementa DD.HH. (Colombia/Mexico)
  • Fellowship of Reconciliation: Peace Presence
  • Healing Bridges
  • ILEX Acción Juridica (Colombia)
  • Institute for Policy Studies, Drug Policy Project
  • Institute on Race, Equality, and Human Rights
  • Latin America Working Group
  • Mennonite Central Committee U.S. Washington Office
  • Missionary Oblates
  • Oxfam America
  • Oxfam Colombia
  • Presbyterian Church (USA), Office of Public Witness
  • Presbyterian Peace Fellowship
  • Proceso de Comunidades Negras (Colombia)
  • United Church of Christ, Justice and Witness Ministries
  • Washington Office on Latin America
  • Witness for Peace Solidarity Collective

 

 

LA PARTERÍA Y LA RESISTENCIA DE LAS MUJERES AFROCOLOMBIANAS

LA PARTERÍA Y LA RESISTENCIA DE LAS MUJERES AFROCOLOMBIANAS

En el mes de marzo, cuando conmemoramos la lucha contra la discriminación racial y la lucha por la equidad y la justicia para las mujeres, reflexionamos sobre la fortaleza y resistencia de quienes están en la intersección entre el género y la raza. La lucha contra la discriminación racial y la lucha por la igualdad de género tiene cara de mujer, de mujer negra, por eso en esta ocasión queremos dedicar este espacio a reconocer la labor de personas, en su mayoría mujeres negras, que se dedican a la defensa de la vida y la salud en los territorios, las parteras. 

La partería entre la población afro es una práctica ancestral que se remonta, en Colombia, a la vergonzante época de la  esclavización, en la que las mujeres, en su mayoría,  mantenían en sus comunidades aprendizajes y conocimientos sobre el parto y la salud reproductiva. Esto ha representado hasta el día de hoy un elemento esencial de la identidad de las comunidades afrodescendientes, la unidad de los territorios y la protección de la integridad de los derechos sexuales y reproductivos. Todo esto se ha logrado a través de un ejercicio continuo de resistencia que pese al abandono estatal y el conflicto armado presente en los territorios ha insistido en esta práctica como una forma de supervivencia no solo cultural, también física, ante la ausencia de un sistema de salud integral que atienda las necesidades de la población. 

La partería se compone de procesos de comadraje y sororidad entre mujeres para la conservación de su salud mental y física, compartir vivencias de su ejercicio y escuchar a las otras como iguales. El Plan Especial de Salvaguarda de los saberes asociados a la partería afro del pacifico, enmarcado en el reconocimiento de la partería como patrimonio inmaterial de la nación, reconoce a las mujeres que ejercen la partería, como aquellas que respetan los derechos de las mujer, pues su actuar se guía en la libertad, el respeto por el cuerpo y sus deseos autónomos. Estos pilares implican que las relaciones que se crean entre las mujeres y las parteras sea un ejercicio de confianza colectivo, que preserva el sentido de lo comunitario y el arraigo al territorio. 

Las parteras son personas que contrarían el sistema guiado por el individualismo y la despersonalización del otro. En ese sentido, la partería puede ser vista como una practica contestataria que relaciona lo propio con lo sagrado, que pervive, incluso, en medio del conflicto armado que azota al pacifico colombiano. Que, en la actualidad, las plantas tradicionales para las curaciones y tratamientos se cultiven incluso en las azoteas o patios de las viviendas de las aprendices de partería y no en los territorios que se vieron obligados a abandonar, es una muestra valiosa de lo que implica la transformación de las practicas culturales que se resisten a desaparecer. 

Ni las entidades territoriales ni el gobierno han comprendido que ellas son las que salvan las vidas de cientos de personas en los territorios, quienes se ven enfrentadas no solo a la ausencia de un sistema de salud, sino al conflicto armado que se ha recrudecido en zonas como Chocó y Buenaventura. Este grupo también se enfrenta a violencias económicas porque no tienen recursos suficientes para su sustento y al no incluirlas en el talento humano de salud, no se les dio el reconocimiento el derecho a atención prioritaria en el marco de la pandemia. Además, las omisiones de las ayudas solicitadas por asociaciones como ASOPARUPA y ASOREDIPARCHOCO, escasez de elementos de bioseguridad, han obligado a las parteras a menguar sus servicios, a cerrar los nichos donde atienden a mujeres y comunidad en general, a aislarse pues se exponen a la muerte al prestar sus servicios, debido a que la mayoría de sus miembros son personas de avanzada edad y con enfermedades preexistentes. 

Este es un llamado a la protección real de estas mujeres que hoy resisten para no perder lo construido y lo conservado. Reconocemos el logro alcanzado el 23 de marzo de 2021 con la aprobación en primer debate del proyecto de Ley “Por medio del cual se define la partería tradicional afro del Pacífico colombiano, se exalta y reconoce como oficio ancestral y se adoptan las medidas para su salvaguardia, transmisión y protección”, por parte de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. Esta propuesta cuenta con seis artículos y busca que el gobierno nacional y sus distintas instituciones adopten medidas para garantizar la sostenibilidad de la partería. Sin embargo, esto es solo un pequeño paso frente al reconocimiento legítimo y las condiciones que se deben brindar a las parteras para ejercer su oficio en condiciones de dignidad, sobretodo en la situación de desigualdad estructural que ha develado la pandemia.

 

MUJERES NEGRAS, EMPOBRECIDAS, BARRIALES, TRANS: TODAS LAS LUCHAS DEL FEMINISMO

MUJERES NEGRAS, EMPOBRECIDAS, BARRIALES, TRANS: TODAS LAS LUCHAS DEL FEMINISMO

Cuando en 1977 se institucionalizó el 8 de marzo por la ONU como el Día Internacional por los Derechos de la Mujer, las luchas, reivindicaciones y consignas distaban de tener en cuenta los tejidos de resistencia, rebeldía y construcción de nuevos pensamientos de las mujeres empobrecidas, negras, barriales  y LBT ( Lesbianas,Bisexuales y Transgénero), ubicadas en este lado del mundo.

El feminismo como lo conocemos ahora, no es uno ni homogéneo, se ha ido transformando por la llegada de pensamientos y reflexiones de otras mujeres de procedencias étnicas, raciales y sexuales diversas, que han sido excluidas e invisibilizadas los espacios de construcción de conocimiento, mujeres que instalan nuevas preguntas y ponen de relieve problemáticas que tienen su origen en la estructura e historia de la sociedad y que, de alguna manera, no habían sido denunciadas por el feminismo en sus orígenes.

Han sido los feminismos negros – antirracistas, decoloniales, trans y LB, entre otros, los que han dado un sentido más profundo a la búsqueda de justicia social para todas las mujeres, sobre todo, para las más vulnerables y ,con ello, han establecido las bases para una real transformación de la sociedad. Una de las representantes más reconocidas de estos feminismos transformadores es Ángela Davis que en una frase resume el impacto de la lucha de las mujeres negras, barriales, empobrecidas y diversas: “Cuando la mujer negra se mueve, toda la estructura de la sociedad se mueve con ella, porque todo se desestabiliza a partir de la base de la pirámide social en la que se encuentran las mujeres negras, se cambia la base del capitalismo”.

En  su ensayo sobre la triple discriminación de las mujeres negras, Lorena Álvarez, expone que  las mujeres negras históricamente han sufrido los efectos de la división histórica que existe entre el trabajo productivo y el trabajo reproductivo, en donde el primero, es reconocido económica y socialmente como trabajo en las sociedades industrializadas y reservado según el imaginario colectivo a los hombres; y el segundo es definido como aquellas actividades reservadas al mundo femenino, que están destinadas a llevar la labor del cuidado y a mantener la infraestructura familiar del hogar, por las cuales no se recibe ninguna remuneración o salario, y permanecen invisibles social y económicamente.

En ese sentido, la lucha feminista negra está atravesada por variables de opresión sobre las mujeres, como la raza, el género y la clase, que exacerban las condiciones de desigualdad que experimenta esta población en un contexto dado.

Como consecuencia, en los espacios sociales como las escuelas, los territorios, las actividades económicas y los hogares, entre otros, persisten las condiciones de marginalidad, pobreza y falta de reconocimiento para muchas mujeres negras, quienes además de desempeñar labores de cuidado, desarrollan labores económicas y en los territorios luchan por conservar el conocimiento tradicional.

En relación con el legado de lucha por preservar los conocimientos tradicionales de las comunidades negras, es necesario destacar en Colombia el trabajo de las parteras del Pacifico y de organizaciones como Asoparupa, que acoge a más de 250 parteras y aprendices, y resalta el valor de la tradición, la cultura afro y la medicina ancestral.

Liceth Quiñones, directora de Asoparupa,  le aseguró a la Revista Semana que  “la partería es algo tan natural, íntimo y humano que uno se mete a la vida, al alma de esa mujer que tiene a su bebe”, y que, además, “la partera aporta identidad cultural y territorial en las comunidades. Simboliza y refuerza esos diálogos ancestrales en relación con el autocuidado y el cuidado mutuo del cuerpo”.

Con respecto al territorio, las mujeres negras han tenido un aporte significativo de liderazgo en su defensa y  han sido vital para la materialización de los postulados de la Ley 70 de 1993, ley que es estratégica para la lucha por la vida y el territorio.

“En la construcción de esa propuesta fuimos lideresas, convocando, llamando a la gente, empezamos a liderarlo mujeres allá en el río, porque éramos las que más le llegamos a la comunidad, en ese momento solo estaba nuestra organización de mujeres que nació en el 80. 87 y 88 ya empezamos con lo del transitorio (Artículo Transitorio 55), después en ONUIRA (organización del río Anchicayà) llega más gente, no solo mujeres sino mixta y empezamos a luchar por todo lo que tenía que ver con la organización de nosotros como pueblo negro. El papel protagónico siempre ha sido de las mujeres”, aseguró Beatriz Mosquera en una investigación que hizo para la Universidad del Valle en 2010.

Debe seguirse impulsando el reconocimiento del trabajo de las mujeres negras en los movimientos sociales en la defensa del territorio para que este no sea invisibilizado. De acuerdo a Lozano Lerma en el artículo ‘El feminismo no puede ser uno porque las mujeres somos diversas’, estas mujeres han sido amenazadas, muchas otras desplazadas de sus comunidades, y aun así son resilientes de estos actos violentos. Desde ellas se crean medidas de autocuidado y de protección interna para que los procesos “no se mueran”, demostrando que su resistencia y lucha son políticas.

La invitación es repensar el feminismo desde un enfoque de raza y género, para así situar las opresiones más allá de la categoría de género, visibilizando el contexto individual, la colonización y la mirada occidental que existe en los propios discursos, para pensarse un feminismo latinoamericano, negro, indígena, lésbico, trans y de resistencia. Tal y como lo plantea Yuderkys Espinosa en su artículo ‘Una crítica descolonial a la epistemología feminista crítica’, la destrucción de la idea de patriarcado solo es posible desde el reconocimiento con la otra, la igual.

Es precisa la lucha y garantía de los derechos de las mujeres negras LBT para poder hablar de justicia social ya que, si los derechos no son garantizados, no existe democracia. El feminismo tendrá que ser antirracista y anti-transfóbico, o no será.

 

 

ADMITIERON TUTELA EN LA QUE PEDIMOS QUE PARTERAS AFRO SEAN INCLUÍDAS EN PLAN DE VACUNACIÓN CONTRA EL COVID-19 COMO PERSONAL DE SALUD DE PRIMERA LÍNEA

ADMITIERON TUTELA EN LA QUE PEDIMOS QUE PARTERAS AFRO SEAN INCLUÍDAS EN PLAN DE VACUNACIÓN CONTRA EL COVID-19 COMO PERSONAL DE SALUD DE PRIMERA LÍNEA

BOGOTÁ, marzo 2021. Fue admitida la acción de tutela con la que la Asociación de Parteras Unidas del Pacifico (Asoparupa),  la Asociación de la Red interétnica de Parteras y Parteros del Chocó (Asorediparchoco)  e Ilex Acción Jurídica  pedimos al Ministerio de Salud y las secretarías de salud del Chocó y Valle del Cauca  reconocer a las parteras y parteros tradicionales como parte del personal de salud de primera  línea e incluirles en la etapa uno de la fase uno del plan nacional de vacunación contra el Covid-19, 

Entre las razones que tuvimos para interponer esta acción, resaltamos que con la llegada del Covid-19 al país y la posterior emergencia sanitaria que se desató, parteras y parteros han seguido atendiendo las necesidades de salud de sus comunidades en medio de las restricciones impuestas por las autoridades y el temor generado por la posible multiplicación de contagios, dada la grave situación de salud pública en los municipios apartados. 

De igual forma, exponemos que  muchas de las parteras de las asociaciones quedaron sin recursos económicos, lo que afectó su sostenimiento. Esto, teniendo en cuenta que la práctica de la partería, en la mayoría de los casos,  no es una actividad lucrativa y los ingresos de quienes la ejercen provienen de actividades realizadas en la presencialidad.

Según Liceth Quiñones Sánchez, coordinadora de Asoparupa, lo anterior se suma al hecho de que quienes practican la partería, en medio de la pandemia, han tenido que atender casos de Covid-19, debido a la falta de cobertura, carencia de atención adecuada del sistema de salud y el aumento de la violencia. Destaca que se ha multiplicado la cantidad de nacimientos que han tenido que atender por las restricciones de movilidad y porque  la mayoría de mujeres teme ir a los hospitales y contagiarse. 

“Esta situación impacta directamente en la calidad de vida de la población que atendemos e incluso ha puesto en riesgo la manifestación de la partería. De modo que, es probable, que en el corto y mediano plazo tengamos un índice elevado de desnutrición en las niñas y niños desde la vida en el útero.  Como parteras tradicionales y guardianas de la vida consideramos que, el arte de ayudar a nacer está en riesgo de desaparecer en aquellas zonas donde la violencia hace inviable cualquier posibilidad, debido a la falta de cobertura y atención adecuada del sistema de salud”, agrega  Quiñones. 

En este mismo contexto, debido a que las secretarías de salud departamentales no han ejecutado proyectos para llevar la caracterización de las parteras y parteros en las comunidades afrodescendientes de su jurisdicción, ni les han realizado pruebas diagnósticas de Covid-19, pedimos que se le ordene al Ministerio de Salud incluir a los miembros de Asoparupa y Asoredipar, como parte del talento humano en salud y que se les reconozca sus derechos en igual de condiciones, incluidas las bonificaciones temporales.

En la tutela, también requerimos que se  ordene a las secretarias de salud del Chocó y Valle del Cauca suministrar de manera integral, eficiente y periódica, los elementos de protección personal  requeridos para el control de infecciones y detener la transmisión del coronavirus en los territorios donde laboran las parteras de Asoparupa y Asoredipar.

Teniendo en cuenta que, hasta el momento,  han fallecido 7 parteras de Asoparupa por Covid-19, solicitamos que las secretarías de salud de estos departamentos realicen jornadas de acompañamiento y transmisión de conocimientos técnicos para la contención comunitaria de la pandemia en territorios colectivos.

En este mismo contexto y teniendo en cuenta la situación de la pandemia en los departamentos del Chocó y Valle del Cauca, también pedimos en la acción de tutela que las secretarias de salud  implementen una ruta materno perinatal 3280,  con enfoque diferencial de manera conjunta con las organizaciones de parteras de la zona. 

Es importante recordar que algunas parteras con enfermedades graves vieron suspendidos sus tratamientos, generando secuelas irreparables en su salud.  Así mismo, en medio de la pandemia y ante la emergencia de seguridad de Buenaventura, las parteras de Asoparupa se han desplazado de sus zonas. 

Consideramos que la situación de las parteras y los parteros del Chocó y Valle del Cauca, está en un punto en que su propia existencia se ve amenazada, sobre todo para quienes han ejercido su labor como una actividad social y comunitaria que garantiza la vida de muchas mujeres, junto a la función de servir de actores de contingencia contra el Covid-19 en las comunidades donde el sistema de salud es insuficiente.

A continuación una reseña de las organizaciones accionantes 

Ilex Acción Jurídica es una organización de derechos humanos conformada por abogados y abogadas afrodescendientes que lucha contra la discriminación racial y promueve el empoderamiento y la protección de los derechos de las personas negras en Colombia.

Asociación de Parteras Unidas del Pacifico (Asoparupa) es una organización de base conformada por parteras tradicionales negras, con 32 años de experiencia en la visibilización, valoración y fortalecimiento de la partería en Buenaventura y en todo el país.   Es la organización de parteras tradicionales que mayor reconocimiento social e institucional tiene en Colombia. 

Asociación de la Red interétnica de Parteras y Parteros del Chocó (Asorediparchoco) es una  asociación que busca resignificar la partería, que incorpora a mujeres y hombres que ejercen esta labor. Reconoce que “este proyecto -Partera Vital- integra acciones innovadoras, para que parteras y parteros puedan registrar a los niños que nacen, fortalezcan sus habilidades, sus capacidades, y algo muy importante, logra unir la institucionalidad con la comunidad y fortalece la confianza entre líderes, lideresas y sus territorios”.

REANUDAR LAS ASPERSIONES CON GLIFOSATO: UNA AMENAZA PARA LAS COMUNIDADES NEGRAS QUE DEBE VER LA CORTE.

REANUDAR LAS ASPERSIONES CON GLIFOSATO: UNA AMENAZA PARA LAS COMUNIDADES NEGRAS QUE DEBE VER LA CORTE.

La política de lucha contra las drogas del actual gobierno ha estado enfocada en reducir a toda costa los cultivos de uso ilícito retomando las aspersiones con glifosato en los territorios. Afirman que la aspersión es necesaria debido a los aumentos registrados en las hectáreas de coca cultivada en los últimos periodos. En ese sentido, los años 2019 y 2020, han sido de intensas gestiones por alcanzar la reanudación de aspersiones con glifosato, sin importar la contingencia de la pandemia. 

La propuesta de reanudar las fumigaciones ha generado gran preocupación en distintos sectores de la sociedad colombiana, sobre todo al interior de las organizaciones sociales, campesinas y étnicas. Las comunidades negras en particular, han denunciado los efectos adversos de la aspersión aerea sobre sus territorios, han visto cómo los cultivos de pan coger que garantizan su autonomía alimentaria son arrasados por el glifosato, han insistido en los efectos nocivos en su salud y cómo esta realidad ha obligado a algunos a desplazarse a centros urbanos. 

Además, son también preocupantes las afectaciones graves de la aspersión en el suelo para la siembra de alimentos, donde paradójicamente la coca si puede sembrarse nuevamente, en muchos casos, después de las fumigaciones. Asimismo, se destacan las afectaciones ecológicas: los ríos, la fauna y la flora, la calidad del agua y con lo anterior, la efectación a la práctica de la medicina tradicional. 

En nuestra investigación “Discriminación Racial y Politica de Drogas en Colombia.” se pudo documentar de manera preliminar cómo el uso del químico glifosato en las comunidades como las de Chocó, Nariño y Valle del Cauca tiene una afectación desproporcionada, agravada por el hecho de que estos territorios se caracterizan por el abandono estatal y las pocas garantías de suplir sus necesidades básicas.  

Se evidenció igualmente, una afectación en el tejido social y la composición familiar de estas comunidades, porque los modos de producción artesanales que son asumidos por cada miembro del núcleo familiar con una división específica y formas de relacionamiento en pro de ellas, se ha visto fragmentada por los ya mencionados efectos de la aspersión. A ello se suman los daños a la salud de la población, que hasta el momento de la investigación no habían sido debidamente identificadas ni atendidas por el Estado.

Una queja clara y constante de las comunidades negras es que no hubo consulta previa, ni aviso de las aspersiones, sobre todo en las zonas que fueron azotadas constantemente por los operativos, lo que creo el temor en los territorios y la desconfianza en la estructura estatal. Esta desconfianza aumentó, porque nunca hubo procesos de reparación efectivos ni concertados con las poblaciones afectadas, y en estos escenarios, iniciar procesos de reclamo les impone a las personas, de por sí en estado de vulnerabilidad, unas cargas que no tienen que soportar, siendo víctimas de la acción estatal. 

En medio de este debate, el 20 y 21 de diciembre de 2020 las organizaciones civiles y las comunidades, tuvieron que afrontar la realización de la audiencia pública virtual que ponía en la mesa la discusión sobre el derecho a la consulta previa. La audiencia se realizó pese a que no existían las condiciones técnicas ni sociales para permitir el ejercicio de la participación virtual en medio del aislamiento.

Frente a las serias dudas que dejó este ejercicio de cara a la garantía del derecho a la participación, la Corte Constitucional el 29 de enero de 2021 eligió para revisión la tutela T8020871, que había logrado aplazar la audiencia pública en un primer momento. En este fallo El Tribunal Administrativo de Nariño respaldó la decisión del Juzgado Segundo Administrativo de Pasto y suspendió las licencias para reanudar las fumigaciones sobre las 170.000 hectáreas de cultivos de coca que, según cifras oficiales, hay actualmente sembradas en Colombia, 59% de ellas concentradas en 14 departamentos y 104 municipios, que son el foco del programa de erradicación de cultivos de uso ilícito mediante aspersión aérea con el herbicida glifosato- “PECIG”.

La revisión de este fallo por parte de la Corte representa la posibilidad de que se definan las condiciones para la protección de la participación, consulta previa y protección de las comunidades afrocolombianas, indígenas y campesinas que son afectadas con la reanudación de las aspersiones.  Además, abre la puerta para que se que se revise la Resolución 001 del Ministerio del Interior. 

 

En el texto de la tutela se lee que dicha resolución afirma que “no era necesario realizar consultas previas, toda vez que en la delimitación del área de influencia, no se incluyeron territorios étnicos, pues basados en un concepto técnico que traza unos límites geográficos de  un área de influencia, no se garantiza que los impactos dañinos -conocidos pública y judicialmente son generados por el uso indiscriminado del glifosato- no afecten jurisdicciones de territorios indígenas que colindan o que son cercanas a los territorios de los 104 municipios que serían sujetos de las aspersiones que pretende retomar el Gobierno Nacional a través de la modificación del plan de manejo ambiental”.

Esta afirmación ha causado gran debate y preocupación teniendo en cuenta que, tres de las zonas -núcleos- de aspersión aérea, afectan los departamentos de Nariño, Cauca, Choco, Antioquia y Valle del Cauca con gran presencia de comunidades negras e indígenas.  

Es importante recordarle a la Corte al momento de analizar la sentencia, que los impactos de las aspersiones con glifosato tienen consecuencias diferenciales y negativas especialmente para las comunidades negras. Esperamos que esta revisión que hará la Corte sea una oportunidad para materializar el respeto al ordenamiento jurídico nacional e internacional para la defensa de los derechos de las comunidades, especialmente las comunidades negras. Es imperativo mantener los procesos de restitución voluntaria y erradicación manual. Si bien, estamos frente a un problema jurídico que estará enfocado en los derechos a la participación y la consulta previa, recalcamos la relevancia de prestar atención a lo esencial: la protección de las comunidades y los territorios para superar los impactos del pasado con consecuencias vigentes en la actualidad.