IMPUGNAMOS FALLO QUE NIEGA TUTELA A POBLACIÓN AFRODESCENDIENTE POR CENSO 2018

IMPUGNAMOS FALLO QUE NIEGA TUTELA A POBLACIÓN AFRODESCENDIENTE POR CENSO 2018

Comunicado conjunto

BOGOTÁ, diciembre 2020.  Organizaciones afrocolombianas impugnamos el fallo de primera instancia del Juzgado Veintiuno Administrativo de Bogotá que declaró improcedente la acción de tutela que pide a varias entidades del Estado, incluyendo al Departamento Nacional de Estadística -DANE-, corregir los errores en la aplicación del Censo 2018, que disminuyó sin ninguna explicación razonable la población afrocolombiana del país en 30.8%.

En la impugnación aseguramos que la tutela cumple con los requisitos de procedibilidad debido a que se está buscando la salvaguarda de derechos fundamentales, tanto individuales como de la población afrodescendiente, la cual ha sido reconocida como sujeto colectivo de derechos.

Argumentamos que el juzgado incurre en un error cuando en la sentencia de tutela asegura que los derechos fundamentales solo pueden ser tutelados cuando se trata de derechos individuales, desconociendo la jurisprudencia de la Corte Constitucional que dispone que los sujetos colectivos étnicos de derechos son titulares de derechos de rango fundamental, en especial, del derecho a la identidad étnico-racial.

De igual forma, las organizaciones  le pedimos al juzgado tener en cuenta que el mismo DANE ha reconocido los errores del Censo 2018, como se justificó en la acción de tutela, pero también el hecho de que los mecanismos de defensa judicial alternativos ofrecidos por el juez de primera instancia no responden a lo que se solicita, poniendo en riesgo a la población afrodescendiente.

Contrario a los que asegura el fallo, señalamos que la tutela expone que hay una vulneración de los derechos a la igualdad y no discriminación, a la información y a la identidad étnico-racial de la población afrodescendiente del país, como un sujeto de especial protección constitucional, que ha sido sometido a marginación, discriminación y desigualdad históricas. 

Cuando de la actividad del DANE, el censo poblacional invisibiliza a nuestra población, nosotros como miembros, quienes compartimos una identidad étnico-racial, en nombre propio vemos vulnerado nuestro derecho que de manera individual también impacta en la dimensión colectiva. Dicha identidad que se reconoce al resto de la población ha sido negada individualmente a cada uno de los accionantes que ven coartado su derecho a la igualdad por la discriminación a la que nos ha sometido la institucionalidad”, decimos en la impugnación.

Insistimos  en que se suspenda el uso de los resultados del Censo 2018 para lo relacionado con el diseño de políticas públicas para la población afrodescendiente del país y solicitan que, por ahora, se sigan utilizando los datos sobre población afrocolombiana del Censo 2005, hasta tanto se realicen los ajustes correspondientes a los datos arrojados por el Censo 2018.

Las organizaciones que impugnamos somos: Ilex Acción Jurídica, la Asociación Colombiana de Economistas Negras: Mano Cambiada, la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados (AFRODES), la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas (CNOA), la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca (ACONC) y el Proceso de Comunidades Negras (PCN -Corporación Agencia Afrocolombiana Hileros)

LA TUTELA 

En el Censo 2018 el número de personas afrocolombianas disminuyó de forma significativa respecto del Censo de 2005, pasando de 4’311.757 en 2005 a 2’982.224 en 2018, sin que se haya registro de causas externas que pudieran causar esta reducción, tales como la muerte generalizada de esta población, procesos de migración masiva hacia el exterior, entre otros.

Consideramos que el subregistro de la población afrodescendiente vulnera los derechos a la igualdad y no discriminación, los derechos económicos, sociales y culturales, el derecho a la información y que atenta contra el principio de protección de la diversidad étnica y cultural de la nación.

Argumentamos que  las limitaciones en el diseño de la pregunta censal que indagaba por la identidad étnico-racial de la población y las deficiencias en la operación censal, así como la falta de cobertura de zonas donde habita población afrodescendiente y dificultades logísticas fueron una de las razones que ocasionaron dicho resultado.

A través de esta tutela se busca que el DANE, con base en los resultados de la próxima Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ENCV) estime la población afrocolombiana siempre y cuando la encuesta sea representativa en todos los niveles territoriales e incluya la misma pregunta de autorreconocimiento del Censo 2018, pero complementada con mecanismos de heterorreconocimiento como la paleta de colores o los que se consideren pertinentes.

No obstante, se pide mantener el autorrecocinimiento como el principal factor de identificación, consensuado con las autoridades y las organizaciones de las comunidades afrodescendientes. 

A continuación una reseña de las organizaciones 

Ilex Acción Jurídica es una organización de derechos humanos conformada por abogados y abogadas afrodescendientes que lucha contra la discriminación racial y promueve el empoderamiento y la protección de los derechos de las personas negras en Colombia.

La Asociación Colombiana de Economistas Negras Mano Cambiada está compuesta por mujeres negras y economistas interesadas en contribuir al movimiento negro y afrodiaspórico en particular, y a la sociedad en general a partir de la generación de información, investigación y análisis crítico de las situaciones socioeconómicas de pueblo negro en Colombia, particularmente de las mujeres negras en nuestras identidades diversas para el goce de derechos humanos y colectivos, en perspectiva de autodeterminación

La Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados -AFRODES- es una organización que brinda orientación, apoyo, acompañamiento, asesoría, y capacitación e interlocución en defensa de los derechos e identidad cultural de la población afrocolombiana en situación de desplazamiento.

La Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas -CNOA- es una convergencia a nivel nacional, en la que confluyen más de 278 organizaciones afrocolombianas de primer y segundo nivel, redes y articulaciones.

La Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca -ACONC- es una organización étnica territorial de segundo nivel que agrupa 41 consejos comunitarios de comunidades negras del norte del Cauca y organizaciones étnicas, ubicadas en 10 municipios de la región.

El Proceso de Comunidades Negras -PCN- es una dinámica organizativa negra que articula a más de 140 organizaciones de base, consejos comunitarios y personas, que trabajan constantemente en la transformación de la realidad política, social, económica y territorial de las comunidades negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras, mediante la defensa y reivindicación de sus derechos individuales, colectivos y ancestrales.

 

 

ABC TUTELA INVISIBILIDAD ESTADÍSTICA DE LA POBLACIÓN AFRODESCENDIENTE EN EL CENSO 2018

ABC TUTELA INVISIBILIDAD ESTADÍSTICA DE LA POBLACIÓN AFRODESCENDIENTE EN EL CENSO 2018

¿Cuáles son los hechos?

– La forma en la que se realizó el XVIII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda 2018 derivó en la invisibilidad estadística del 30.8% de personas pertenecientes a la población afrodescendiente de Colombia.

– De  4’311.757 personas afrodescendientes en 2005, la población pasó  a tener 2’982.224 en 2018, según los resultados del último Censo.

– Esta disminución en el número de personas afrocolombianas censadas no se debió a factores externos como la muerte generalizada de esta población, procesos de migración masiva hacia el exterior u otros factores similares.

– La disminución de la población afrodescendiente se debió a limitaciones en el diseño de la pregunta censal que indagaba por la identidad étnico-racial de la población y a las graves deficiencias en la ejecución del ejercicio censal.

¿Por qué hubo fallas en la aplicación del Censo de 2018?

– En la pregunta de pertenencia étnico-racial sólo se utilizó el criterio de autorreconocimiento para la identificación de la población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera lo que no es un criterio suficiente para registrar de manera adecuada a toda la población afrodescendiente en el país.

– Se presentaron numerosos problemas logísticos como la dificultad para cubrir algunas zonas urbanas y rurales por cuestiones de seguridad o la negativa de los residentes de ser censados en zonas de gran presencia de población  afrodescendiente, como lo son: Barranquilla, Cali, Policarpa (Nariño), Tumaco y Quibdó.

– Se presentaron problemas en la contratación de personal suficiente para la ejecución del Censo.

– Deficiencia en los procesos de capacitación de los censistas para formular la pregunta de autorreconocimiento. Muchas veces los censistas no formulaban la pregunta y marcaban la alternativa 6: “ningún grupo étnico”.

¿Qué consecuencias podría tener esto para la población afrodescendiente y el país?

– Si no se corrige  el error no se podrá obtener la información necesaria y veraz para la actualización de datos sobre condiciones vitales, sociales, económicas de la población afrodescendiente en Colombia.

– La falta de datos veraces sobre población afrocolombiana impedirá el diseño de políticas públicas, planes sociales y distribución de presupuesto ajustado a la realidad de la población afrocolombiana en el país.

– El subregistro censal de la población afrocolombiana deriva en la negación de una parte esencial del cáracter pluriétnico y multicultural de la Nación colombiana pues no refleja la verdadera composición étnico-racial de la población y su diversidad.

– Las instituciones públicas colombianas y la sociedad  en su conjunto no tendrían acceso a información veraz sobre datos estadísticos de la población nacional.

¿Qué derechos se vulneraron?

Los de la población afrocolombiana a la igualdad y no discriminación, a sus derechos económicos sociales y culturales, a la protección de la diversidad étnica y cultural de la nación y el derecho a la información.

¿Cuáles son las principales pretensiones de la tutela?

– Que se ordene al Ministerio del Interior, al Ministerio de Hacienda y al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República interrumpir la utilización de los resultados del Censo 2018 para la población afrocolombiana en el diseño de las políticas públicas dirigidas a este grupo.

– Se solicita que hasta tanto no se subsanen los errores del censo 2018, estas entidades deberán utilizar los datos sobre población afrocolombiana del CNPV de 2005 en relación con el porcentaje de población afrodescendiente presente en el país.

– En vista de que no se ha realizado la Encuesta Nacional de Calidad de Vida 2020, que tiene como objetivo obtener información que permita analizar y realizar comparaciones de las condiciones socioeconómicas de los hogares colombianos, se solicita que se ordene al DANE estimar a la población afrocolombiana con base en los resultados que arroje este instrumento siempre y cuando que en su diseño incluya una muestra que permita tener representatividad de la población afrodescendiente y que se complemente la pregunta de autorreconocimiento étnico-racial con mecanismos de heterorreconocimiento como la paleta de colores, o los mecanismos que se consideren pertinentes, sin que esto represente el reemplazo del mecanismo principal que es el autorreconocimiento, de manera consensuada con las autoridades y las organizaciones de las comunidades afrodescendientes.

– Que se ordene al DANE llevar a cabo un proceso de sensibilización a su personal -en especial a aquellos involucrados en la realización de encuestas- para evitar que asuman la pertenencia étnico-racial de la población afrodescendiente, marcando “ninguna de las anteriores” ó “ningún grupo étnico”. Además, se inculque la importancia de dichos datos de la composición étnica-racial del país para la asignación de recursos en la creación de políticas públicas y programas con enfoque. Esto debe implementarse como una estrategia permanente, de manera que incluya un módulo de formación para la sensibilización.

– Que se ordene al DANE que difunda los resultados de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida de 2020 de una manera que sea de fácil acceso para la comunidad en general y en unos plazos razonables de no más de 3 meses contados desde el momento de la realización de la encuesta, para su respectivo análisis e implementación respetando el principio de publicidad.

– Que se ordene al DANE que establezca un equipo especial técnico cualificado -si ya existe que se fortalezca- para mejorar datos del censo y desagregar las otras encuestas de acuerdo al criterio de la identidad étnico-racial.

– Que se ordene al DANE la realización de caracterizaciones de población en los lugares donde hay presencia de población afrodescendiente incluyendo criterios de autoreconocimiento como lengua, participación en organizaciones étnicas y línea ancestral.

– Que se ordene al DANE la inclusión de variables étnico-raciales en todas las encuestas que realice dicha entidad.

 

 

ORGANIZACIONES AFROCOLOMBIANAS PRESENTARON TUTELA CONTRA EL DANE POR REDUCCIÓN DE POBLACIÓN AFRODESCENDIENTE EN EL CENSO DE 2018

ORGANIZACIONES AFROCOLOMBIANAS PRESENTARON TUTELA CONTRA EL DANE POR REDUCCIÓN DE POBLACIÓN AFRODESCENDIENTE EN EL CENSO DE 2018

* Solicitan el restablecimiento de los derechos de la población afrodescendiente que disminuyó un 30.8% (más de un millón de personas) respecto del Censo de 2005, debido a graves deficiencias en el diseño y operación del Censo de 2018.

* Solicitan la corrección estadística través de la próxima Encuesta Nacional de Calidad de Vida 2020 (ENCV).

 

BOGOTÁ, noviembre de 2020. Ante el Tribunal Superior de Cundinamarca, Ilex-Acción Jurídica, junto a otras organizaciones afrocolombianas, presentó acción de tutela en contra de varias entidades del Gobierno nacional, entre ellas, el Departamento Nacional de Estadística -DANE- por los resultados el XVIII Censo Nacional de Población y de Vivienda realizado en 2018.

En el Censo de 2018 el número de personas afrocolombianas disminuyó de forma significativa respecto del censo de 2005, pues la población afrodescendiente pasó de 4’311.757 en 2005 a  2’982.224 en 2018, sin que hubiera registro de factores externos que pudieran causar esta disminución, tales como la muerte generalizada de esta población, procesos de migración masiva hacia el exterior u otros factores similares.

Dado que el Censo juega un papel fundamental en la formulación de políticas públicas y la representación veraz de la diversidad étnica del país, los accionantes consideran que el subregistro de la población afrodescendiente vulnera los derechos la igualdad y no discriminación, los derechos económicos, sociales y culturales, el derecho a la información y que atenta contra el principio de protección de la diversidad étnica y cultural de la nación.

Según Daniel Gómez Mazo, fundador de Ilex Acción Jurídica, la  invisibilidad  estadística  de más del 30% de la población afrodescendiente se debió a dos factores: la limitaciones en el diseño de la pregunta censal que indagaba por la identidad étnico-racial de la población y las deficiencias en la operación censal, como, la falta de cobertura de zonas donde habita población afrodescendiente y dificultades logísticas.

Una de las pretensiones de la tutela es que el DANE, con base en los resultados de la próxima Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ENCV) estime la población afrocolombiana siempre y cuando la encuesta sea representativa en todos los niveles territoriales e incluya la misma pregunta de autorreconocimiento del Censo 2018, pero complementada con mecanismos de heterorreconocimiento como la paleta de colores o los que se consideren pertinentes.

Sin embargo, se pide mantener el autorrecocinimiento como el principal factor de identificación, consensuado con las autoridades y las organizaciones de las comunidades afrodescendientes.

La finalidad de este mecanismo complementario sería suplir los vacíos de recolección de información que podrían surgir del uso exclusivo del autorreconocimiento como criterio para conocer la identidad étnico-racial de la población.

De igual forma, los tutelantes solicitan que se ordene al Ministerio del Interior, al Ministerio de Hacienda y al Departamento Administrativo de la Presidencia interrumpir la utilización de los resultados del Censo 2018 para la población afrocolombiana en el diseño de las políticas públicas dirigidas a este grupo, hasta tanto no se subsanen los errores. Solicitan que, por ahora, se sigan utilizando los datos sobre población afrocolombiana del CNPV de 2005.

La tutela también hace énfasis en la necesidad de que el DANE realice un proceso de sensibilización a su personal, en especial a aquellos involucrados en la realización de encuestas, para evitar que asuman la pertenencia étnico-racial de la población afrodescendiente, marcando ‘ninguna de las anteriores’ o ‘ningún grupo étnico’.

“Esta petición que hacemos en la tutela es importante porque a través de un proceso de sensibilización al personal del DANE se puede lograr que al interior de la institución se entienda la vitalidad de los datos de la composición étnica-racial del país para la asignación de recursos en la creación de políticas públicas y programas con enfoque. Es necesario que esta sensibilización sea de carácter permanente y así se lo solicitamos al tribunal”, señaló Gómez Mazo.

En este sentido, las organizaciones piden que la autoridad judicial ordene al DANE que establezca un equipo especial técnico cualificado, y si ya existe, que se fortalezca, para mejorar datos del censo y desagregar las otras encuestas de acuerdo al criterio de la identidad étnico-racial. También que se realice una caracterización de población en los lugares donde hay presencia de población afrodescendiente.

Así mismo, los tutelantes piden ordenar al DANE  la inclusión de variables étnico-raciales en todas las encuestas que realice dicha entidad.

Las organizaciones accionantes son: Ilex Acción Jurídica, la Asociación Colombiana de Economistas Negras: Mano Cambiada, la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados (AFRODES), la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas (CNOA) ,  la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca (ACONC) y el Proceso de Comunidades Negras (PCN -Corporación Agencia Afrocolombiana Hileros)

 

A continuación una reseña de las organizaciones

 

Ilex Acción Jurídica es una organización de derechos humanos conformada por abogados y abogadas afrodescendientes que lucha contra la discriminación racial y promueve el empoderamiento y la protección de los derechos de las personas negras en Colombia.

La Asociación Colombiana de Economistas Negras Mano Cambiada está compuesta por mujeres negras y economistas interesadas en contribuir al movimiento negro y afrodiaspórico en particular, y a la sociedad en general a partir de la generación de información, investigación y análisis crítico de las situaciones socioeconómicas de pueblo negro en Colombia, particularmente de las mujeres negras en nuestras identidades diversas para el goce de derechos humanos y colectivos, en perspectiva de autodeterminación

La Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados -AFRODES- es una organización que brinda orientación, apoyo, acompañamiento, asesoría, y capacitación e interlocución en defensa de los derechos e identidad cultural de la población Afrocolombiana en situación de desplazamiento.

 La Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas -CNOA- es una convergencia a nivel nacional, en la que confluyen más de 278 organizaciones afrocolombianas de primer y segundo nivel, redes y articulaciones.

La Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca -ACONC- es una organización étnica territorial de segundo nivel que agrupa 41 consejos comunitarios de negritudes del norte del Cauca y organizaciones étnicas, ubicadas en 10 municipios de la región.

El Proceso de Comunidades Negras -PCN- es una dinámica organizativa negra que articula a más de 140 organizaciones de base, consejos comunitarios y personas, que trabajan constantemente en la transformación de la realidad política, social, económica y territorial de las comunidades negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras, mediante la defensa y reivindicación de sus derechos individuales, colectivos y ancestrales.

 

 

Liderazgo social, una labor de alto riesgo

Liderazgo social, una labor de alto riesgo

Por Maryluz Barragán

El asesinato del escolta de Leyner Palacios es indicativo de la forma en que se está recrudeciendo la guerra en el país. Fueron 18 tiros contra la humanidad de Arley Hernán Chalá, un joven que se dedicaba a la protección física de uno de los líderes más importantes de Bojayá y de Colombia.  Esta vez no se llevaron a Leyner, pero la muerte de Arley duele tanto como la de los más de los 50 líderes asesinados en lo que va en este 2020. La gravedad de este crimen es equiparable porque son los escoltas quienes hacen posible la labor de defensa de derechos humanos de los líderes sociales en el país. Este hecho, una vez más, llama la atención sobre la grave situación de los líderes y la ineficacia de la actual política de protección.

Paradójicamente, la muerte de Arley ocurre preciso el mismo día en que el Relator Especial para los Derechos Humanos de la ONU reporta que Colombia es el país con más asesinatos de líderes sociales de América Latina. El relator insiste en que ser defensor/a de derechos humanos en Colombia es una labor de alto riesgo. No solo por los constantes ataques contra la vida y la integridad personal sino por los altos niveles de impunidad que tienen estas agresiones y que se están en un 95%. Esto es muy grave porque quienes atacan a los líderes, finalmente saben que no serán judicializados, lo que naturalmente aumenta las violencias en su contra.

El reporte también señala que, luego de la firma del Acuerdo Final de Paz, las violencias y los asesinatos contra líderes sociales se ha incrementado. Una de las posibles causas es la apertura de nuevos escenarios de participación e interacción directa con la institucionalidad pública, lo que a su vez aumentó la visibilidad de ciertos liderazgos. Esta relación entre la exposición pública y el riesgo de los líderes se anticipó en el Acuerdo Final de Paz. Por esto se acordó la adopción de unas garantías de seguridad para líderes y lideresas. Con lo anterior se buscaba robustecer las medidas de protección existentes, que para ese momento ya resultaban insuficientes. Sin embargo, el gobierno actual ha optado no solo por hacer caso omiso a esta alternativa, sino que ha negado sistemáticamente la gravedad de la situación o afirma que se trata de un tema de percepción de la ciudadanía.

En este punto es clave señalar que no todos los liderazgos tienen un mismo nivel de riesgo. Los más afectados son quienes se encuentran en zonas rurales y defienden la paz. Esta situación se agrava cuando se trata de líderes afrodescendientes que defienden los derechos de su comunidad frente a la intervención indebida del Estado, cuyos intereses con frecuencia se confunden con los de las grandes empresas. En este punto se destaca otro de los hallazgos importantes del informe: un alto porcentaje de los asesinatos e intimidaciones ocurre en zonas de fuerte actividad empresarial. Particularmente, proyectos de minería a gran escala (legal o ilegal), agro-industria y energéticos. Esto es escandaloso considerando la consolidada práctica de convenios de seguridad de este tipo de empresas con el Ministerio de Defensa, Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Uno supondría que donde hay mayor intervención de estas entidades estatales deberían ser mas las garantías para los defensores de DDHH, pero la realidad es contraria.

Tenebrosamente, en esta radiografía de los escenarios de mayor vulnerabilidad de defensores de DDHH, el relator de la ONU parece describirnos los contextos en los que la mayoría de los líderes afros de mueven, incluido Leyner. Hace apenas dos meses fue noticia la petición que le hizo al presidente Duque para que implementara el Acuerdo de Paz en Bojayá, haciendo también un llamado a la coherencia de su política de legalidad y que la aplicara para  los proyectos mineros, agroindustriales y de infraestructura que se están adelantando en ese territorio.

El asesinato de Arley aunque es doloroso no resulta extraño. Los líderes sociales en Colombia, así como las personas que hacen parte de sus esquemas de seguridad se encuentran en constante riesgo de ser asesinados. Sin embargo, no deja de ser frustrante la forma en que el gobierno insiste en darle manejo a esta problemática. Ya no solo ignorando el llamado de las organizaciones sociales sino el de autoridades internacionales como el Relator para los DDHH de la ONU.

Ojalá, al final los canales diplomáticos hagan lo suyo y el respaldo internacional que se le ha dado a la labor del Relator logren presionar la adopción de algunas de las recomendaciones del citado reporte y que ello sirva para reorientar la política de seguridad de los líderes, que tanto se necesita en el país.

¡Viene la contrarreforma!

¡Viene la contrarreforma!

“El espanto de la guerra parece estar de nuevo ciñéndose alrededor el país y junto con ella se aproxima una contrarreforma política y social”

Por Daniel Gómez Mazo

El atentado del ELN contra la Escuela de Cadetes General Santander de la semana pasada parece confirmar la más temida de las noticias: el regreso brioso de la violencia armada a Colombia. Si bien el uso de la violencia en el país nunca ha realmente cesado, durante los años anteriores Colombia ha visto una disminución clara y marcada de la violencia derivada del conflicto armado, incluyendo el declive de la tasa de homicidios a nivel nacional y los nuevos casos de desplazamiento forzado. Con su vil acto, el ELN no solo ejecutó un sanguinario acto terrorista que cegó las vidas de una veintena de seres humanos inocentes, en clara violación del derecho internacional humanitario, sino que abrió la puerta para que los sectores belicistas del país —tanto de izquierda como de derecha— pudieran volver a la guerra, la cual servirá de excusa para que se impulse una agenda política basada en la metamorfosis del miedo en el odio y del odio en las armas.

El espanto de la guerra parece estar de nuevo ciñéndose alrededor el país y junto con ella se aproxima una contrarreforma política y social. Por contrarreforma me refiero a la reacción de amplios sectores políticos que pretenden devolver a Colombia al pasado retardatario y cadavérico del cual viene; que buscan echar para atrás los avances de ampliación democrática que —con mucho esfuerzo— logró el país durante las pasadas tres décadas. Un movimiento que pretende deshonrar lo pactado en La Habana porque lo considera mera impunidad, pese a que nunca ha querido comparecer ante la justicia; que no piensa permitir que se restituyan las tierras usurpadas a los campesinos durante la guerra porque cree que su buena fe culposa lo protege; que le llama ideología al género porque le da pavor mirarse a sí mismo desnudo; que quiere crear una súper corte para que a su lado los derechos se vean minúsculos. Ese movimiento que se jacta de incendiar el país cada vez que le piden cuentas, para luego pretender apagarlo a punta del uso de la fuerza. Como diría Tácito: “crean desolación y la llaman paz”.

¡Viene la contrarreforma!, anuncia la riada en las calles.

¿Y en qué consistirá dicha contrarreforma? En ignorar los asesinatos de los líderes sociales campesinos, indígenas y negros por considerar que las víctimas son obstáculos para el desarrollo, que auspician el terrorismo o que son enemigos del Estado. En redimir —sin necesidad de contrición o penitencia— a los que defraudaron al país y le fallaron al servicio público, a quienes no tienen fiscal ni rinden cuentas, a quienes dieron fortunas a los potentados a costas del tesoro de la Nación. En debilitar la consulta previa, la titulación colectiva, la reparación de las víctimas, el derecho al aborto, los mecanismos de participación ciudadana y la acción tutela. En perseguir a la prensa libre y ejercer la censura. En últimas, en una profunda reforma al Estado configurado en la Carta Política de 1991, así como a las garantías de los derechos constitucionales.

En este escenario, ¿qué podemos hacer para frenar la arremetida de la contrarreforma? La respuesta es clara: es nuestro deber impulsar una firme y pacífica oposición contra el retroceso a la protección de los derechos humanos. Debemos resistir los embates de quienes buscan el regreso a la guerra, sean estos de izquierda o de derecha. Tenemos que proteger los avances de la ampliación democrática logrados durante los pasados 30 años y ejercer la crítica pública y sustentada contra los abusos del poder. En últimas, debemos recordar que no podemos renunciar a nuestros derechos, ni sacrificar los derechos de los demás, por una promesa vacía de victoria basada en la violencia armada. En su Carta Desde una Cárcel de Birmingham, Martin Luther King escribió: “Sabemos por nuestra dolorosa experiencia que la libertad nunca ha sido voluntariamente dada por el opresor; debe ser demanda por los oprimidos”. Es por ello que, sin importar las circunstancias, no podemos darnos por vencidos en la búsqueda de la paz para nuestro país ni de obtener un Estado más justo para todos.