Liderazgo social, una labor de alto riesgo

Liderazgo social, una labor de alto riesgo

Por Maryluz Barragán

El asesinato del escolta de Leyner Palacios es indicativo de la forma en que se está recrudeciendo la guerra en el país. Fueron 18 tiros contra la humanidad de Arley Hernán Chalá, un joven que se dedicaba a la protección física de uno de los líderes más importantes de Bojayá y de Colombia.  Esta vez no se llevaron a Leyner, pero la muerte de Arley duele tanto como la de los más de los 50 líderes asesinados en lo que va en este 2020. La gravedad de este crimen es equiparable porque son los escoltas quienes hacen posible la labor de defensa de derechos humanos de los líderes sociales en el país. Este hecho, una vez más, llama la atención sobre la grave situación de los líderes y la ineficacia de la actual política de protección.

Paradójicamente, la muerte de Arley ocurre preciso el mismo día en que el Relator Especial para los Derechos Humanos de la ONU reporta que Colombia es el país con más asesinatos de líderes sociales de América Latina. El relator insiste en que ser defensor/a de derechos humanos en Colombia es una labor de alto riesgo. No solo por los constantes ataques contra la vida y la integridad personal sino por los altos niveles de impunidad que tienen estas agresiones y que se están en un 95%. Esto es muy grave porque quienes atacan a los líderes, finalmente saben que no serán judicializados, lo que naturalmente aumenta las violencias en su contra.

El reporte también señala que, luego de la firma del Acuerdo Final de Paz, las violencias y los asesinatos contra líderes sociales se ha incrementado. Una de las posibles causas es la apertura de nuevos escenarios de participación e interacción directa con la institucionalidad pública, lo que a su vez aumentó la visibilidad de ciertos liderazgos. Esta relación entre la exposición pública y el riesgo de los líderes se anticipó en el Acuerdo Final de Paz. Por esto se acordó la adopción de unas garantías de seguridad para líderes y lideresas. Con lo anterior se buscaba robustecer las medidas de protección existentes, que para ese momento ya resultaban insuficientes. Sin embargo, el gobierno actual ha optado no solo por hacer caso omiso a esta alternativa, sino que ha negado sistemáticamente la gravedad de la situación o afirma que se trata de un tema de percepción de la ciudadanía.

En este punto es clave señalar que no todos los liderazgos tienen un mismo nivel de riesgo. Los más afectados son quienes se encuentran en zonas rurales y defienden la paz. Esta situación se agrava cuando se trata de líderes afrodescendientes que defienden los derechos de su comunidad frente a la intervención indebida del Estado, cuyos intereses con frecuencia se confunden con los de las grandes empresas. En este punto se destaca otro de los hallazgos importantes del informe: un alto porcentaje de los asesinatos e intimidaciones ocurre en zonas de fuerte actividad empresarial. Particularmente, proyectos de minería a gran escala (legal o ilegal), agro-industria y energéticos. Esto es escandaloso considerando la consolidada práctica de convenios de seguridad de este tipo de empresas con el Ministerio de Defensa, Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Uno supondría que donde hay mayor intervención de estas entidades estatales deberían ser mas las garantías para los defensores de DDHH, pero la realidad es contraria.

Tenebrosamente, en esta radiografía de los escenarios de mayor vulnerabilidad de defensores de DDHH, el relator de la ONU parece describirnos los contextos en los que la mayoría de los líderes afros de mueven, incluido Leyner. Hace apenas dos meses fue noticia la petición que le hizo al presidente Duque para que implementara el Acuerdo de Paz en Bojayá, haciendo también un llamado a la coherencia de su política de legalidad y que la aplicara para  los proyectos mineros, agroindustriales y de infraestructura que se están adelantando en ese territorio.

El asesinato de Arley aunque es doloroso no resulta extraño. Los líderes sociales en Colombia, así como las personas que hacen parte de sus esquemas de seguridad se encuentran en constante riesgo de ser asesinados. Sin embargo, no deja de ser frustrante la forma en que el gobierno insiste en darle manejo a esta problemática. Ya no solo ignorando el llamado de las organizaciones sociales sino el de autoridades internacionales como el Relator para los DDHH de la ONU.

Ojalá, al final los canales diplomáticos hagan lo suyo y el respaldo internacional que se le ha dado a la labor del Relator logren presionar la adopción de algunas de las recomendaciones del citado reporte y que ello sirva para reorientar la política de seguridad de los líderes, que tanto se necesita en el país.

¡Viene la contrarreforma!

¡Viene la contrarreforma!

“El espanto de la guerra parece estar de nuevo ciñéndose alrededor el país y junto con ella se aproxima una contrarreforma política y social”

Por Daniel Gómez Mazo

El atentado del ELN contra la Escuela de Cadetes General Santander de la semana pasada parece confirmar la más temida de las noticias: el regreso brioso de la violencia armada a Colombia. Si bien el uso de la violencia en el país nunca ha realmente cesado, durante los años anteriores Colombia ha visto una disminución clara y marcada de la violencia derivada del conflicto armado, incluyendo el declive de la tasa de homicidios a nivel nacional y los nuevos casos de desplazamiento forzado. Con su vil acto, el ELN no solo ejecutó un sanguinario acto terrorista que cegó las vidas de una veintena de seres humanos inocentes, en clara violación del derecho internacional humanitario, sino que abrió la puerta para que los sectores belicistas del país —tanto de izquierda como de derecha— pudieran volver a la guerra, la cual servirá de excusa para que se impulse una agenda política basada en la metamorfosis del miedo en el odio y del odio en las armas.

El espanto de la guerra parece estar de nuevo ciñéndose alrededor el país y junto con ella se aproxima una contrarreforma política y social. Por contrarreforma me refiero a la reacción de amplios sectores políticos que pretenden devolver a Colombia al pasado retardatario y cadavérico del cual viene; que buscan echar para atrás los avances de ampliación democrática que —con mucho esfuerzo— logró el país durante las pasadas tres décadas. Un movimiento que pretende deshonrar lo pactado en La Habana porque lo considera mera impunidad, pese a que nunca ha querido comparecer ante la justicia; que no piensa permitir que se restituyan las tierras usurpadas a los campesinos durante la guerra porque cree que su buena fe culposa lo protege; que le llama ideología al género porque le da pavor mirarse a sí mismo desnudo; que quiere crear una súper corte para que a su lado los derechos se vean minúsculos. Ese movimiento que se jacta de incendiar el país cada vez que le piden cuentas, para luego pretender apagarlo a punta del uso de la fuerza. Como diría Tácito: “crean desolación y la llaman paz”.

¡Viene la contrarreforma!, anuncia la riada en las calles.

¿Y en qué consistirá dicha contrarreforma? En ignorar los asesinatos de los líderes sociales campesinos, indígenas y negros por considerar que las víctimas son obstáculos para el desarrollo, que auspician el terrorismo o que son enemigos del Estado. En redimir —sin necesidad de contrición o penitencia— a los que defraudaron al país y le fallaron al servicio público, a quienes no tienen fiscal ni rinden cuentas, a quienes dieron fortunas a los potentados a costas del tesoro de la Nación. En debilitar la consulta previa, la titulación colectiva, la reparación de las víctimas, el derecho al aborto, los mecanismos de participación ciudadana y la acción tutela. En perseguir a la prensa libre y ejercer la censura. En últimas, en una profunda reforma al Estado configurado en la Carta Política de 1991, así como a las garantías de los derechos constitucionales.

En este escenario, ¿qué podemos hacer para frenar la arremetida de la contrarreforma? La respuesta es clara: es nuestro deber impulsar una firme y pacífica oposición contra el retroceso a la protección de los derechos humanos. Debemos resistir los embates de quienes buscan el regreso a la guerra, sean estos de izquierda o de derecha. Tenemos que proteger los avances de la ampliación democrática logrados durante los pasados 30 años y ejercer la crítica pública y sustentada contra los abusos del poder. En últimas, debemos recordar que no podemos renunciar a nuestros derechos, ni sacrificar los derechos de los demás, por una promesa vacía de victoria basada en la violencia armada. En su Carta Desde una Cárcel de Birmingham, Martin Luther King escribió: “Sabemos por nuestra dolorosa experiencia que la libertad nunca ha sido voluntariamente dada por el opresor; debe ser demanda por los oprimidos”. Es por ello que, sin importar las circunstancias, no podemos darnos por vencidos en la búsqueda de la paz para nuestro país ni de obtener un Estado más justo para todos.

Un pacto por el respeto a la vida

Un pacto por el respeto a la vida

Por Ana Margarita González

Mientras que algunos líderes de opinión se desgastan en un interminable debate en redes sociales sobre la temperatura de sus posiciones políticas y la discusión pública parece girar en torno a este tema, en lo que va corrido del año han sido asesinados siete líderes sociales, de los cuales dos pertenecían a comunidades afrodescendientes. La gravedad de estos hechos merece una respuesta articulada por parte de las entidades públicas encargadas de la protección de defensores/as de derechos humanos en riesgo y un rechazo rotundo (sin tibiezas) por parte de la sociedad colombiana.

Durante el 2018, la mayoría de reportes sobre asesinatos de líderes sociales elaborados por el Ministerio Público y ONG sostuvieron que existen patrones comunes en las dinámicas de violencia hacia líderes sociales, en particular, hacia aquellos que se dedican a la defensa del territorio. En ese mismo sentido, varios informes coinciden en que los líderes en mayor riesgo son aquellos pertenecientes a comunidades afros e indígenas. De acuerdo con la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), desde la firma del Acuerdo de Paz en Colombia fueron asesinados 53 líderes sociales étnicos (20 afrodescendientes y 33 indígenas). Por su parte, la Procuraduría, en su informe sobre violencia contra defensores, destaca que de los 45 líderes defensores de derechos territoriales asesinados en el país el 20  % pertenecía a comunidades cubiertas por órdenes de protección colectiva de comunidades étnicas expedidas por jueces de restitución de tierras. Las causas de victimización de los líderes de los pueblos indígenas y afros están asociadas a su labor como defensores del territorio.

En agosto del 2018, el Gobierno Nacional en cabeza de Iván Duque firmó el Pacto por la vida y la protección de líderes sociales y personas defensoras de DD. HH., en el que se comprometió a elaborar una política pública de prevención y protección integral de líderes, con enfoque diferencial, de equidad, étnico y territorial. Sin embargo, a la fecha, la Comisión Intersectorial creada en noviembre para la formulación de dicha política aún se encuentra en fase de alistamiento.

Para la efectiva protección de líderes sociales pertenecientes a pueblos étnicos, además de avanzar en el cumplimiento del pacto, es clave retomar las propuestas de la Comisión Étnica para la Paz que reclaman la implementación de mecanismos de protección colectiva que incluyan formas propias como la guardia indígena y cimarrona. La política debe resultar de un proceso de construcción amplio y participativo con las comunidades, organizaciones y autoridades que dé respuesta estructural a la crisis humanitaria en territorios étnicos generada por la falta de gestión de conflictos territoriales y la implementación irregular del Acuerdo de Paz. Un pacto por el respeto a la vida requiere con urgencia de una sociedad civil que se movilice para demandar respuestas y de un debate público que desplace la cacofonía y vire su mirada hacia los asuntos de importancia que enfrenta el país desde el diálogo y la construcción de acuerdos en lo fundamental.

Revocatoria de la marca el VICHE DEL PACÍFICO: una batalla ganada en defensa de los activos culturales de las comunidades negras.

Revocatoria de la marca el VICHE DEL PACÍFICO: una batalla ganada en defensa de los activos culturales de las comunidades negras.

El viche, es una bebida derivada de la transformación artesanal de la caña de azúcar. Es elaborada principalmente por las comunidades negras rurales ribereñas y costeras de la región del pacífico. Hasta esta semana, cursaba un proceso en la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, que buscaba una limitación irrazonable a los saberes ancestrales y goce efectivo de la identidad cultural de las comunidades étnicas frente al viche. No obstante, en un pronunciamiento sin precedentes, la SIC protegió los derechos de las comunidades, ordenando la cancelación de la marca privada y particular Viche del Pacífico S.A.S. En esta victoria, Ilex Acción Jurídica fue la organización que prendió las alarmas ante la SIC frente a los derechos culturales que estaban por ser vulnerados.

La regulación que enmarcan el derecho sobre los bienes creados a partir de los saberes humanos, protege los intereses individuales pero no  necesariamente los derechos y aspiraciones colectivas de las comunidades. De hecho, se puede afirmar que el derecho marcario no ha brindado muchas garantías, para responder a las necesidades de las comunidades étnicas. El cumplimiento de las normas marcarias, por lo general, implica una alteración de las formas de tradición y uso de los saberes de las comunidades, para adecuarlas a las categorías que ya han sido determinadas por la propiedad intelectual.

Explotar comercial y exclusivamente la marca “Viche del Pacífico”, sin el consentimiento de las comunidades negras, era una vulneración al derecho  apropiación tradicional y uso colectivo de las comunidades negras sobre sus activos culturales.  Lo que además, violaba principios constitucionales que simplemente desestimaba el aporte cultural de las comunidades negras convirtiendo al viche en un producto más del mercado.

La revocatoria de la resolución que reconocía la marca Viche del Pacífico S.A.S se logró a través de requerimientos presentados a las autoridades competentes por Ilex Acción Jurídica, pero también gracias a la campaña de comunicaciones efectiva liderada por el colectivo Destila Patrimonio de Buenaventura.

Hoy celebramos la acción efectiva por la defensa de los activos culturales de comunidades negras en Colombia. ¡Somos vicheras!