ESTADO COLOMBIANO NO PRESENTA RESPUESTA A LAS RECOMENDACIONES DE LA CIDH, DESCONOCE SUS HALLAZGOS Y LOS DE OTRAS MISIONES INTERNACIONALES

ESTADO COLOMBIANO NO PRESENTA RESPUESTA A LAS RECOMENDACIONES DE LA CIDH, DESCONOCE SUS HALLAZGOS Y LOS DE OTRAS MISIONES INTERNACIONALES

Washington – Bogotá D.C., 26 de octubre de 2021. 

En la audiencia convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para dar seguimiento a la visita de trabajo a Colombia realizada en el marco de las jornadas de protesta que se desarrollaron durante el primer semestre del año, 25 organizaciones colombianas y regionales expresaron colectivamente que la visita de la CIDH al país fue un importante paso para evidenciar las graves violaciones a los derechos humanos que ocurrieron en el contexto del paro nacional. Sin embargo, han constatado que durante los meses de agosto, septiembre y octubre las dinámicas de violencia policial en contra de manifestaciones pacíficas se han mantenido. De igual manera, el Estado mantuvo la criminalización y judicialización de liderazgos sociales y comunitarios, la estigmatización de la labor de defensa de derechos humanos y las agresiones desproporcionadas por parte del ESMAD.

Como la CIDH, otras misiones internacionales independientes han verificado que la situación en Colombia continúa siendo de extrema gravedad, la violación a los derechos humanos es sistemática y se siguen presentando serias obstrucciones para el acceso de la ciudadanía a la justicia. Ante esto, consideramos necesaria la puesta en marcha del Mecanismo de Seguimiento propuesto por la CIDH para que el Estado colombiano cumpla con las obligaciones internacionales establecidas en los instrumentos interamericanos para la protección de los derechos humanos.  

Desafortunadamente, durante la audiencia, Carlos Arturo Morales, representante del Estado, dijo que “un mecanismo de seguimiento no resulta un método pertinente para el Estado colombiano”, desconociendo los datos presentados por la sociedad civil sobre violaciones a los derechos humanos en contextos de protesta y aduciendo que estos no coinciden con las cifras oficiales. Si bien esta postura no es nueva, a pesar de que la CIDH anunció la creación del mecanismo en el párrafo 187 del informe presentado en julio de este año, resulta contradictorio que el Estado afirme estar comprometido con el cumplimiento de sus obligaciones en la garantía de derechos humanos de acuerdo con el Sistema Interamericano, pero no permita la asistencia técnica que la CIDH puede darle.

Tras las presentaciones de los diversos representantes estatales, las organizaciones de la sociedad civil señalaron que el Estado no presentó respuesta a las recomendaciones de la CIDH y que desconoció nuevamente los hallazgos de esta y otras misiones internacionales.  Por ejemplo, sobre la recomendación #16 acerca del uso excesivo de la fuerza, en la que la CIDH aconseja crear un registro y publicar los datos sobre violaciones a derechos humanos en el marco de la protesta y los estándares para su tratamiento, el Estado dijo en julio que iba a presentar información, pero no lo ha hecho.  

Teniendo en cuenta que en esta audiencia el Estado ha dejado en evidencia que no tiene interés en reconocer las graves vulneraciones que ocurrieron durante el paro nacional, y que  su falta de debida diligencia afecta de manera especial a las poblaciones históricamente discriminadas como las mujeres y las niñas, las personas LGBTI, la población indígena y afrocolombiana, hacemos un llamado a la implementación del Mecanismo de Seguimiento de manera urgente, ya que, como lo señala el Estado, las lecturas de la realidad no coinciden, y se necesita urgentemente mayor claridad sobre cifras de violencia y el avance de las investigaciones penales y disciplinarias. El Estado en su exposición hizo referencia a una política pública para las personas LGBTI que no ha comenzado a implementar, a pesar de una orden judicial y de la existencia de una Mesa de Casos Urgentes para prevenir la violencia por prejuicio, que está inactiva.

 Las cifras de violaciones a los derechos humanos identificadas por la propia CIDH, misiones internacionales y sociedad civil dan cuenta de que sí han existido intervenciones desproporcionadas, con diferentes abusos y métodos de victimización. Por ejemplo, la Fiscalía General de la Nación ha sido vehemente en investigar a manifestantes o particulares y no ha actuado con igual rigor en casos que involucran a funcionarios de la fuerza pública que cometieron delitos en las protestas.

 Con preocupación observamos que las entidades de Estado no mencionaron la aplicación de enfoques diferenciales étnico, de género y curso vital; esto está alineado con lo que expresó la Comisionada Flavia Piovesan, quien preguntó si el Estado está generando datos desagregados sobre la violencia ocurrida en el marco de las protestas contra mujeres, indígenas, personas afro y población LGBTI, y si ha adoptado una respuesta para combatir esos patrones discriminatorios.

Entre tanto, el Comisionado Joél Hernández preguntó a la representación del Estado ¿Cuáles son las medidas que desde el más alto nivel del Estado se están dando para atender a las demandas históricas que se visibilizaron en las protestas?  

Finalmente, las organizaciones de la sociedad reiteraron la urgencia de instalar el Mecanismo de Seguimiento y manifestaron su disposición para apoyar a la CIDH en la concreción de dicho mecanismo y lo que se requiera para su garantizar su efectividad.

Organizaciones peticionarias:

Asociación Para la Promoción social Alternativa (MINGA)

Asociación Cristiana Menonita para Justicia, Paz y Acción No Violenta (JUSTAPAZ)

Caribe Afirmativo

Campaña Defender la Libertad: Asunto de Todas (CDLAT)

Casa de la Mujer

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

Centro de Desarrollo Psicosocial Taller de Vida

Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia (COALICO)

Colombia Diversa

Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR)

Comisión Colombiana de Juristas (CCJ)

Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (CIJP)

Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES)

Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU)

Corporación Humanas

Corporación ILEX Acción Jurídica

Corporación Instituto Internacional Raza, Igualdad y Derechos Humanos – Raza e Igualdad

Corporación Reiniciar

Corporación SISMA Mujer

Corporación Jurídica Yira Castro (CJYC)

Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP)

Colombia Human Rights Committee

Fundación Creciendo Unidos

Fundación Grupo de Acción y Apoyo a personas Trans (GAAT)

Fundación Karisma

Fundación Nydia Erika Bautista

Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos (GIDH)

Ruta Pacífica de las Mujeres

Women’s Link Worldwide

 

TRIBUNAL ORDENÓ PRIORIZAR A  PARTERAS EN FASE ACTUAL  DE VACUNACIÓN CONTRA EL COVID-19

TRIBUNAL ORDENÓ PRIORIZAR A  PARTERAS EN FASE ACTUAL  DE VACUNACIÓN CONTRA EL COVID-19

BOGOTÁ, mayo 2021.   En respuesta a la acción de tutela acompañada por Ilex Accción Jurídica, el  Tribunal Superior de Bogotá ordenó al Ministerio de Salud y a las secretarías de salud de Chocó y Valle del Cauca incluir a las parteras en el  plan nacional de vacunación contra el covid-19  a las parteras de  Asoparupa y  Asorediparchoco,  en un plazo  de 48 horas.

De igual forma, el tribunal pide a las autoridades en salud entregar a las parteras y parteros, de manera periódica, los elementos de protección necesarios para que puedan hacer frente a las labores que desarrollan en el cuidado de la salud en medio de la pandemia por el covid-19 , que atraviesa el país.

En este sentido, la sala de decisión consideró necesario que las secretarías de salud de Chocó y Valle del Cauca establezcan jornadas de acompañamiento y de trasmisión  de conocimientos técnicos a las parteras de la Asociación de Parteras Unidas del Pacifico (Asoparupa) y de la  Asociación de la Red interétnica de Parteras y Parteros del Chocó (Asorediparchoco).

En la acción de tutela,  Ilex Acción Jurídica y ambas asociaciones solicitamos al Ministerio de Salud y las secretarías de salud del Chocó y Valle del Cauca  reconocer a las parteras y parteros tradicionales como parte del personal de salud de primera  línea e incluirlos de esta forma en el  plan nacional de vacunación contra el covid-19.

Entre las razones que tuvimos para interponer esta acción, resaltamos que con la llegada del covid-19 al país y la posterior emergencia sanitaria que se desató, parteras y parteros han seguido atendiendo las necesidades de salud de sus comunidades en medio de las restricciones impuestas por las autoridades y el temor generado por la posible multiplicación de contagios, dada la grave situación de salud pública en los municipios apartados.

De igual forma, exponemos que  muchas de las parteras de las asociaciones quedaron sin recursos económicos, lo que afectó su sostenimiento. Esto, teniendo en cuenta que la práctica de la partería, en la mayoría de los casos,  no es una actividad lucrativa y los ingresos de quienes la ejercen provienen de actividades realizadas en la presencialidad.

Debido a que las secretarías de salud departamentales no han ejecutado proyectos para llevar la caracterización de las parteras y parteros en las comunidades afrodescendientes de su jurisdicción, ni les han realizado pruebas diagnósticas de covid-19, pedimos que se le ordenara al Ministerio de Salud incluir a los miembros de Asoparupa y Asoredipar, como parte del talento humano en salud y que se les reconocieran sus derechos en igual de condiciones, incluidas las bonificaciones temporales.

Teniendo en cuenta la situación de la pandemia en los departamentos del Chocó y Valle del Cauca, también pedimos en la acción de tutela que las secretarias de salud  implementen una ruta materno perinatal 3280,  con enfoque diferencial de manera conjunta con las organizaciones de parteras de la zona.

Es importante recordar que algunas parteras con enfermedades graves vieron suspendidos sus tratamientos, generando secuelas irreparables en su salud.  Así mismo, en medio de la pandemia y ante la emergencia de seguridad de Buenaventura, las parteras de Asoparupa se han desplazado de sus zonas.

Consideramos que la situación de las parteras y los parteros del Chocó y Valle del Cauca tienen amenazada su propia existencia, sobre todo para quienes han ejercido su labor como una actividad social y comunitaria que garantiza la vida de muchas mujeres, junto a la función de servir de actores de contingencia contra el Covid-19 en las comunidades donde el sistema de salud es insuficiente.

A continuación una reseña de las organizaciones accionantes 

Ilex Acción Jurídica es una organización de derechos humanos conformada por abogados y abogadas afrodescendientes que lucha contra la discriminación racial y promueve el empoderamiento y la protección de los derechos de las personas negras en Colombia.

Asociación de Parteras Unidas del Pacifico (Asoparupa) es una organización de base conformada por parteras tradicionales negras, con 32 años de experiencia en la visibilización, valoración y fortalecimiento de la partería en Buenaventura y en todo el país.   Es la organización de parteras tradicionales que mayor reconocimiento social e institucional tiene en Colombia.

Asociación de la Red interétnica de Parteras y Parteros del Chocó (Asorediparchoco) es una  asociación que busca resignificar la partería, que incorpora a mujeres y hombres que ejercen esta labor. Reconoce que “este proyecto -Partera Vital- integra acciones innovadoras, para que parteras y parteros puedan registrar a los niños que nacen, fortalezcan sus habilidades, sus capacidades, y algo muy importante, logra unir la institucionalidad con la comunidad y fortalece la confianza entre líderes, lideresas y sus territorios”.

 

EXHORTAMOS AL GOBIERNO COLOMBIANO A QUE RESPETE Y CUMPLA CON SUS OBLIGACIONES EN MATERIA DE DD.HH

EXHORTAMOS AL GOBIERNO COLOMBIANO A QUE RESPETE Y CUMPLA CON SUS OBLIGACIONES EN MATERIA DE DD.HH

La Red Global Contra la Violencia Policial conformada por organizaciones de los países de Colombia, Chile, Ecuador, España, República Dominicana, México, Brasil, Argentina, Venezuela y Puerto Rico, se pronuncian ante la represión violenta que ocurre en Colombia de parte del gobierno de Iván Duque contra la población civil que ejerce su derecho a la resistencia en contra de la reforma tributaria anunciada en medio de la emergencia sanitaria.

El pueblo colombiano tiene derecho a mostrar su disentimiento a través de la protesta social, ya que el ejercicio de este derecho está estrechamente vinculado a la promoción y defensa de la democracia. En particular, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido que, en situaciones de ruptura de orden institucional democrático, la protesta debe ser entendida “no solo en el marco del ejercicio de un derecho sino al cumplimiento del deber de defender la democracia’

El Paro Nacional en Colombia fue convocado a raíz de la “Ley de Solidaridad Sostenible” propuesta por el gobierno de Duque para reformar impuestos como el IVA sobre productos y servicios básicos, tributos que afectan principalmente a sectores populares.  Desde el pasado 28 de abril en varias ciudades se convocaron manifestaciones pacíficas. Al sumarse la intervención del Escuadrón Móvil Antidisturbios ESMAD y el uso desproporcionado de la fuerza se han violentado derechos humanos.

De acuerdo con la información proporcionada por las organizaciones de sociedad civil que recogen las denuncias por violación a derechos humanos y la violencia policial Temblores ONG, hasta el 1 mayo del 2021, se registran 940 casos de violencia policial identificándose los siguientes:

(Cifras Plataforma GRITA de Temblores ONG)

  • 21 víctimas de violencia homicida o ejecuciones extrajudiciales por parte de la policía
  • 92 víctimas de violencia física por parte de la policía
  • 1 persona fallecida en marco de movilización
  • 672 detenciones arbitrarias en contra de manifestantes
  • 126 intervenciones violentas por parte de la fuerza pública
  • 12 víctimas de agresión en sus ojos
  • 30 casos de disparos de arma de fuego por parte de la policía
  • 5 allanamientos en contra de manifestantes
  • 4 víctimas de violencia sexual

Desde la organización Campaña Defender la Libertad, la información recogida el 01 de mayo los datos son:

(Cifras del Sistema de Agresión a La Protesta Social SIAP de la Campaña Defender La Libertad: un asunto de todas.)

  • 206 detenidos
  • 70 personas heridas 7 con lesiones oculares.
  • 11 reportadas como víctimas de homicidio
  • 7 casos de Violencia sexual y VBG
  • 9 casos de abusos y agresiones a Defensores de DDHH y Reporteros Independientes.
  • 133 denuncias de otro tipo de vulneraciones a Derechos Humanos (Uso excesivo de la fuerza, uso de armas de fuego para dispersar movilizaciones, agentes sin identificación, hostigamientos).[1]

El Estado colombiano no ha presentado cifras oficiales, por lo que nos remitimos a información proporcionada por organizaciones que velan por los derechos humanos en Colombia, que  son parte de esta Red, se mantienen alertas y recopilan las denuncias en estos días de manifestaciones

Aunque el presidente Duque ha llamado al diálogo y la búsqueda de consensos para viabilizar la reforma tributaria, el actuar violento de los agentes policiales no se ha disminuido frente a la ciudadanía colombiana intensificando las protestas y plantones.

Como organizaciones sociales que reivindican la lucha social, la búsqueda de una sociedad justa y sobre todo el respeto de los derechos humanos en todos los espacios, nos pronunciamos:

  1. En contra de la violencia y el uso de la fuerza por parte de la fuerza pública que busca callar a quienes se resisten a través de plantones y manifestaciones, luchando por los derechos económicos y sociales.
  2. Exigimos a los organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH, los organismos de la Organización de Naciones Unidas, así como a las y los Relatores Especiales, que se pronuncien en favor de la protección de derechos del pueblo colombiano.
  3. Exhortamos al gobierno colombiano a que respete y cumpla con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos para precautelar el derecho a la vida, el derecho a la protesta social, libertad de asociación, expresión y, de manera especial, los derechos de las mujeres.
  4. Incitamos a las autoridades colombianas a que viabilicen el diálogo cesando la violencia contra la ciudadanía.
  5. Llamamos al estado colombiano a que garantice el ejercicio periodístico respetando el derecho a la libertad de expresión y a su vez el derecho a la ciudadanía a recibir información verás.
  6. Exhortamos a los medios de comunicación que puedan difundir la situación y visibilicen la problemática en pro de garantizar los derechos en una sociedad democrática
  7. Demandamos a Fiscalía, Procuraduría General del Estado y Defensoría del Pueblo a que abran las investigaciones pertinentes frente a todas las violaciones contra los derechos humanos. Y que, de la misma manera, se proporcione la reparación integral a las víctimas.
  8. También nos unimos a la exigencia para garantizar el trabajo y respeto de las y los defensores de derechos humanos en Colombia, ante la amenaza de quienes buscan callar sus voces.

En suma, respaldamos al pueblo colombiano que se mantienen en resistencia, especialmente de las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali, Neiva, Ibagué, Pasto, Villavicencio y Yopal. Seguiremos denunciando, vigilantes y en pie de lucha por los derechos de colombianas, colombianos y de todos nuestros pueblos.

1] CIDH, Protesta y Derechos Humanos Estándares sobre los derechos involucrados en la protesta social y las obligaciones que deben guiar la respuesta estatal https://bit.ly/3nviwQ6 , pág. 6

ENVIAMOS CARTA AL PRESIDENTE JOE BIDEN  PARA QUE NO APOYE REGRESO DEL GLIFOSATO

ENVIAMOS CARTA AL PRESIDENTE JOE BIDEN PARA QUE NO APOYE REGRESO DEL GLIFOSATO

Veinticinco organizaciones internacionales y colombianas enviamos una carta al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en la que le pedimos no apoyar la intención del Gobierno del presidente Iván Duque de retomar la aspersión aérea con glifosato para erradicar los cultivos de uso ilícito, debido a las consecuencias que este químico trae para el medioambiente y  las comunidades étnicas y campesinas.

En la misiva le manifestamos a Joe Biden  que el reinicio del programa de aspersión aérea con glifosato envía un mensaje de crueldad e insensibilidad con el que consideramos que Estados Unidos ya no debería estar asociado debido a que socavará los acuerdos de paz, que son un poderoso legado de la administración Obama-Biden.

“Pero la experiencia pasada muestra no solo que estos logros se revierten rápidamente, sino que la estrategia socava otros objetivos de seguridad de Estados Unidos y Colombia. Recurrir a la fumigación es como retroceder en el tiempo, ignorando mucho de lo que hemos aprendido sobre lo que funciona y no función”, escribimos.

Uno de los argumentos  que manifestamos en la carta fue que entre 1994 y 2015,  EE. UU.  apoyó una flota de aviones y equipos de pilotos contratados, que roció glifosato en 4,42 millones de territorio colombiano, un área de tierra 3 1/2 veces el tamaño de Delaware. También le recordamos que en 2015, el Gobierno colombiano suspendió el programa de fumigación, citando preocupaciones de salud pública basadas en una Organización Mundial de la Salud.

“La mayoría de los productores colombianos de arbusto de coca no son delincuentes vinculados al crimen organizado o simpatizantes de grupos armados ilegales. Son familias con pequeñas parcelas de tierra”, señalamos.

En la carta, somos enfáticos en que después de 20 años de constante erradicación, los agricultores continúan enfrentando la misma realidad sobre los territorios, donde hay evidencia de que la presencia del Gobierno de Colombia es escasa, los caminos pavimentados o mantenidos son inexistente, la red eléctrica nacional está lejos y no existe el agua potable ni los títulos de propiedad.

A continuación las organizaciones firmantes:

  • Amazon Watch
  • Center for International Environmental Law
  • Centro Estudios sobre Seguridad y Drogas, Universidad de los Andes (Colombia)
  • Chicago Religious Leadership Network on Latin America
  • Colombia Human Rights Committee
  • Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Colombia)
  • Corporación Viso Mutop (Colombia)
  • Drug Policy Alliance
  • Elementa DD.HH. (Colombia/Mexico)
  • Fellowship of Reconciliation: Peace Presence
  • Healing Bridges
  • ILEX Acción Juridica (Colombia)
  • Institute for Policy Studies, Drug Policy Project
  • Institute on Race, Equality, and Human Rights
  • Latin America Working Group
  • Mennonite Central Committee U.S. Washington Office
  • Missionary Oblates
  • Oxfam America
  • Oxfam Colombia
  • Presbyterian Church (USA), Office of Public Witness
  • Presbyterian Peace Fellowship
  • Proceso de Comunidades Negras (Colombia)
  • United Church of Christ, Justice and Witness Ministries
  • Washington Office on Latin America
  • Witness for Peace Solidarity Collective

 

 

ADMITIERON TUTELA EN LA QUE PEDIMOS QUE PARTERAS AFRO SEAN INCLUÍDAS EN PLAN DE VACUNACIÓN CONTRA EL COVID-19 COMO PERSONAL DE SALUD DE PRIMERA LÍNEA

ADMITIERON TUTELA EN LA QUE PEDIMOS QUE PARTERAS AFRO SEAN INCLUÍDAS EN PLAN DE VACUNACIÓN CONTRA EL COVID-19 COMO PERSONAL DE SALUD DE PRIMERA LÍNEA

BOGOTÁ, marzo 2021. Fue admitida la acción de tutela con la que la Asociación de Parteras Unidas del Pacifico (Asoparupa),  la Asociación de la Red interétnica de Parteras y Parteros del Chocó (Asorediparchoco)  e Ilex Acción Jurídica  pedimos al Ministerio de Salud y las secretarías de salud del Chocó y Valle del Cauca  reconocer a las parteras y parteros tradicionales como parte del personal de salud de primera  línea e incluirles en la etapa uno de la fase uno del plan nacional de vacunación contra el Covid-19, 

Entre las razones que tuvimos para interponer esta acción, resaltamos que con la llegada del Covid-19 al país y la posterior emergencia sanitaria que se desató, parteras y parteros han seguido atendiendo las necesidades de salud de sus comunidades en medio de las restricciones impuestas por las autoridades y el temor generado por la posible multiplicación de contagios, dada la grave situación de salud pública en los municipios apartados. 

De igual forma, exponemos que  muchas de las parteras de las asociaciones quedaron sin recursos económicos, lo que afectó su sostenimiento. Esto, teniendo en cuenta que la práctica de la partería, en la mayoría de los casos,  no es una actividad lucrativa y los ingresos de quienes la ejercen provienen de actividades realizadas en la presencialidad.

Según Liceth Quiñones Sánchez, coordinadora de Asoparupa, lo anterior se suma al hecho de que quienes practican la partería, en medio de la pandemia, han tenido que atender casos de Covid-19, debido a la falta de cobertura, carencia de atención adecuada del sistema de salud y el aumento de la violencia. Destaca que se ha multiplicado la cantidad de nacimientos que han tenido que atender por las restricciones de movilidad y porque  la mayoría de mujeres teme ir a los hospitales y contagiarse. 

“Esta situación impacta directamente en la calidad de vida de la población que atendemos e incluso ha puesto en riesgo la manifestación de la partería. De modo que, es probable, que en el corto y mediano plazo tengamos un índice elevado de desnutrición en las niñas y niños desde la vida en el útero.  Como parteras tradicionales y guardianas de la vida consideramos que, el arte de ayudar a nacer está en riesgo de desaparecer en aquellas zonas donde la violencia hace inviable cualquier posibilidad, debido a la falta de cobertura y atención adecuada del sistema de salud”, agrega  Quiñones. 

En este mismo contexto, debido a que las secretarías de salud departamentales no han ejecutado proyectos para llevar la caracterización de las parteras y parteros en las comunidades afrodescendientes de su jurisdicción, ni les han realizado pruebas diagnósticas de Covid-19, pedimos que se le ordene al Ministerio de Salud incluir a los miembros de Asoparupa y Asoredipar, como parte del talento humano en salud y que se les reconozca sus derechos en igual de condiciones, incluidas las bonificaciones temporales.

En la tutela, también requerimos que se  ordene a las secretarias de salud del Chocó y Valle del Cauca suministrar de manera integral, eficiente y periódica, los elementos de protección personal  requeridos para el control de infecciones y detener la transmisión del coronavirus en los territorios donde laboran las parteras de Asoparupa y Asoredipar.

Teniendo en cuenta que, hasta el momento,  han fallecido 7 parteras de Asoparupa por Covid-19, solicitamos que las secretarías de salud de estos departamentos realicen jornadas de acompañamiento y transmisión de conocimientos técnicos para la contención comunitaria de la pandemia en territorios colectivos.

En este mismo contexto y teniendo en cuenta la situación de la pandemia en los departamentos del Chocó y Valle del Cauca, también pedimos en la acción de tutela que las secretarias de salud  implementen una ruta materno perinatal 3280,  con enfoque diferencial de manera conjunta con las organizaciones de parteras de la zona. 

Es importante recordar que algunas parteras con enfermedades graves vieron suspendidos sus tratamientos, generando secuelas irreparables en su salud.  Así mismo, en medio de la pandemia y ante la emergencia de seguridad de Buenaventura, las parteras de Asoparupa se han desplazado de sus zonas. 

Consideramos que la situación de las parteras y los parteros del Chocó y Valle del Cauca, está en un punto en que su propia existencia se ve amenazada, sobre todo para quienes han ejercido su labor como una actividad social y comunitaria que garantiza la vida de muchas mujeres, junto a la función de servir de actores de contingencia contra el Covid-19 en las comunidades donde el sistema de salud es insuficiente.

A continuación una reseña de las organizaciones accionantes 

Ilex Acción Jurídica es una organización de derechos humanos conformada por abogados y abogadas afrodescendientes que lucha contra la discriminación racial y promueve el empoderamiento y la protección de los derechos de las personas negras en Colombia.

Asociación de Parteras Unidas del Pacifico (Asoparupa) es una organización de base conformada por parteras tradicionales negras, con 32 años de experiencia en la visibilización, valoración y fortalecimiento de la partería en Buenaventura y en todo el país.   Es la organización de parteras tradicionales que mayor reconocimiento social e institucional tiene en Colombia. 

Asociación de la Red interétnica de Parteras y Parteros del Chocó (Asorediparchoco) es una  asociación que busca resignificar la partería, que incorpora a mujeres y hombres que ejercen esta labor. Reconoce que “este proyecto -Partera Vital- integra acciones innovadoras, para que parteras y parteros puedan registrar a los niños que nacen, fortalezcan sus habilidades, sus capacidades, y algo muy importante, logra unir la institucionalidad con la comunidad y fortalece la confianza entre líderes, lideresas y sus territorios”.

REANUDAR LAS ASPERSIONES CON GLIFOSATO: UNA AMENAZA PARA LAS COMUNIDADES NEGRAS QUE DEBE VER LA CORTE.

REANUDAR LAS ASPERSIONES CON GLIFOSATO: UNA AMENAZA PARA LAS COMUNIDADES NEGRAS QUE DEBE VER LA CORTE.

La política de lucha contra las drogas del actual gobierno ha estado enfocada en reducir a toda costa los cultivos de uso ilícito retomando las aspersiones con glifosato en los territorios. Afirman que la aspersión es necesaria debido a los aumentos registrados en las hectáreas de coca cultivada en los últimos periodos. En ese sentido, los años 2019 y 2020, han sido de intensas gestiones por alcanzar la reanudación de aspersiones con glifosato, sin importar la contingencia de la pandemia. 

La propuesta de reanudar las fumigaciones ha generado gran preocupación en distintos sectores de la sociedad colombiana, sobre todo al interior de las organizaciones sociales, campesinas y étnicas. Las comunidades negras en particular, han denunciado los efectos adversos de la aspersión aerea sobre sus territorios, han visto cómo los cultivos de pan coger que garantizan su autonomía alimentaria son arrasados por el glifosato, han insistido en los efectos nocivos en su salud y cómo esta realidad ha obligado a algunos a desplazarse a centros urbanos. 

Además, son también preocupantes las afectaciones graves de la aspersión en el suelo para la siembra de alimentos, donde paradójicamente la coca si puede sembrarse nuevamente, en muchos casos, después de las fumigaciones. Asimismo, se destacan las afectaciones ecológicas: los ríos, la fauna y la flora, la calidad del agua y con lo anterior, la efectación a la práctica de la medicina tradicional. 

En nuestra investigación “Discriminación Racial y Politica de Drogas en Colombia.” se pudo documentar de manera preliminar cómo el uso del químico glifosato en las comunidades como las de Chocó, Nariño y Valle del Cauca tiene una afectación desproporcionada, agravada por el hecho de que estos territorios se caracterizan por el abandono estatal y las pocas garantías de suplir sus necesidades básicas.  

Se evidenció igualmente, una afectación en el tejido social y la composición familiar de estas comunidades, porque los modos de producción artesanales que son asumidos por cada miembro del núcleo familiar con una división específica y formas de relacionamiento en pro de ellas, se ha visto fragmentada por los ya mencionados efectos de la aspersión. A ello se suman los daños a la salud de la población, que hasta el momento de la investigación no habían sido debidamente identificadas ni atendidas por el Estado.

Una queja clara y constante de las comunidades negras es que no hubo consulta previa, ni aviso de las aspersiones, sobre todo en las zonas que fueron azotadas constantemente por los operativos, lo que creo el temor en los territorios y la desconfianza en la estructura estatal. Esta desconfianza aumentó, porque nunca hubo procesos de reparación efectivos ni concertados con las poblaciones afectadas, y en estos escenarios, iniciar procesos de reclamo les impone a las personas, de por sí en estado de vulnerabilidad, unas cargas que no tienen que soportar, siendo víctimas de la acción estatal. 

En medio de este debate, el 20 y 21 de diciembre de 2020 las organizaciones civiles y las comunidades, tuvieron que afrontar la realización de la audiencia pública virtual que ponía en la mesa la discusión sobre el derecho a la consulta previa. La audiencia se realizó pese a que no existían las condiciones técnicas ni sociales para permitir el ejercicio de la participación virtual en medio del aislamiento.

Frente a las serias dudas que dejó este ejercicio de cara a la garantía del derecho a la participación, la Corte Constitucional el 29 de enero de 2021 eligió para revisión la tutela T8020871, que había logrado aplazar la audiencia pública en un primer momento. En este fallo El Tribunal Administrativo de Nariño respaldó la decisión del Juzgado Segundo Administrativo de Pasto y suspendió las licencias para reanudar las fumigaciones sobre las 170.000 hectáreas de cultivos de coca que, según cifras oficiales, hay actualmente sembradas en Colombia, 59% de ellas concentradas en 14 departamentos y 104 municipios, que son el foco del programa de erradicación de cultivos de uso ilícito mediante aspersión aérea con el herbicida glifosato- “PECIG”.

La revisión de este fallo por parte de la Corte representa la posibilidad de que se definan las condiciones para la protección de la participación, consulta previa y protección de las comunidades afrocolombianas, indígenas y campesinas que son afectadas con la reanudación de las aspersiones.  Además, abre la puerta para que se que se revise la Resolución 001 del Ministerio del Interior. 

 

En el texto de la tutela se lee que dicha resolución afirma que “no era necesario realizar consultas previas, toda vez que en la delimitación del área de influencia, no se incluyeron territorios étnicos, pues basados en un concepto técnico que traza unos límites geográficos de  un área de influencia, no se garantiza que los impactos dañinos -conocidos pública y judicialmente son generados por el uso indiscriminado del glifosato- no afecten jurisdicciones de territorios indígenas que colindan o que son cercanas a los territorios de los 104 municipios que serían sujetos de las aspersiones que pretende retomar el Gobierno Nacional a través de la modificación del plan de manejo ambiental”.

Esta afirmación ha causado gran debate y preocupación teniendo en cuenta que, tres de las zonas -núcleos- de aspersión aérea, afectan los departamentos de Nariño, Cauca, Choco, Antioquia y Valle del Cauca con gran presencia de comunidades negras e indígenas.  

Es importante recordarle a la Corte al momento de analizar la sentencia, que los impactos de las aspersiones con glifosato tienen consecuencias diferenciales y negativas especialmente para las comunidades negras. Esperamos que esta revisión que hará la Corte sea una oportunidad para materializar el respeto al ordenamiento jurídico nacional e internacional para la defensa de los derechos de las comunidades, especialmente las comunidades negras. Es imperativo mantener los procesos de restitución voluntaria y erradicación manual. Si bien, estamos frente a un problema jurídico que estará enfocado en los derechos a la participación y la consulta previa, recalcamos la relevancia de prestar atención a lo esencial: la protección de las comunidades y los territorios para superar los impactos del pasado con consecuencias vigentes en la actualidad.