Un año de impunidad: violencia policial racista durante el Paro Nacional del 2021

Un año de impunidad: violencia policial racista durante el Paro Nacional del 2021

El Estado colombiano ha ignorado las recomendaciones de la CIDH en relación con la protesta pacífica y amainado la posibilidad de construir un diálogo plural que contribuya a tejer soluciones a los problemas del país

Ha pasado un año desde la primera movilización que borbotó uno de los mayores estallidos sociales en la historia reciente de Colombia. El 28 de abril de 2021, en medio de la crisis sanitaria por la pandemia del Covid-19 y agobiados por la reforma tributaria propuesta por el gobierno nacional, miles de ciudadanos salieron a las calles a exigirle al Estado la garantía de su derecho a una vida digna. 

A lo largo de estos doce meses, distintas organizaciones se dieron a la tarea de recopilar y analizar datos sobre violación de derechos humanos en el marco de estas protestas. En particular, el trabajo de ILEX Acción Jurídica en colaboración con otras organizaciones se enfocó en las afectaciones sufridas por población afrodescendiente. En los dos informes publicados en 2021, se señalan las violencias sufridas por la población afrodescendiente durante el primer semestre del Paro Nacional, también se da cuenta de maltratos, desapariciones, perfilamientos raciales,  detenciones arbitrarias y casos de violencia de género de los que fueron víctimas diferencialmente las mujeres afrodescendientes. 

Sin embargo, la labor de las organizaciones y la sociedad civil, en el marco de este año de protestas, supera la labor de recopilación y difusión del información, hasta convertirse en acción constante y colectiva. Hoy 28 de abril, a un año del Paro Nacional, damos cuenta de la lucha de las víctimas, los colectivos barriales, comunitarios, de las OSC por visibilizar la impunidad, la omisión de la obligación del Estado de proteger a la ciudadanía y la omisión en el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la CIDH luego de su visita en junio de 2021. 

Las cifras reportadas sobre violaciones de derechos humanos se han actualizado de manera constante por organizaciones como Campaña Defender la Libertad, CODHES, La Comisión por la Vida, La Mesa Humanitaria y Social, el Instituto Raza e Igualdad, Temblores ONG, entre otras. En relación con población afrodescendiente, se pudo determinar que 40 (36,4%) de las 110 personas que fueron asesinadas en Cali durante los seis primeros meses del Paro Nacional pertenecían a esta población  

Ante este panorama distópico, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomendó al Estado colombiano promover un “diálogo nacional genuino”,  “garantizar el pleno goce del derecho a la protesta” y, entre otras cosas, “reforzar y reestructurar los procesos de formación, entrenamiento y capacitación” de los miembros de la Fuerza Pública, “incluyendo un enfoque étnico-racial y de género”. 

De igual forma, la CIDH sugirió a las autoridades sistematizar la información de las vulneraciones de derechos humanos tomando en cuenta la variable de la pertenencia etnico-racial y adoptar “todas las medidas razonables y positivas necesarias para prevenir, eliminar y revertir o cambiar las situaciones discriminatorias que perpetúen la estigmatización, los prejuicios, las prácticas de intolerancia y la criminalización” contra las personas históricamente discriminadas.  

Teniendo en cuenta las recomendaciones emitidas por la Comisión, ILEX Acción Jurídica ha insistido en la necesidad de aterrizar los esfuerzos de este órgano en el seguimiento de las mismas y la aplicación del enfoque etnico racial en esta tarea a través de indicadores claros de cumplimiento. 

¿Cuál ha sido la respuesta del Estado?

Además de estigmatizar a las víctimas de los casos de abuso policial, el Estado colombiano ha ignorado las recomendaciones de la CIDH y amainado la posibilidad de construir un diálogo plural con la sociedad civil, que contribuya a tejer soluciones para los problemas estructurales del país, los cuales se hicieron más evidentes durante el Paro Nacional.  

Repitiendo los errores de sus antecesores, el Gobierno nacional se ha negado a reconocer las estructuras históricas de discriminación racial que persisten en Colombia. La promoción de una reforma policial que ayuda a perpetuar dinámicas como el uso excesivo de la fuerza y la falta de implementación de un enfoque diferencial que permita combatir estereotipos racistas, son apenas una muestra de su apatía por garantizar los derechos de todxs. 

Reiteramos que la ausencia de procesos disciplinarios que sancionen la discriminación racial por parte de miembros de la  Fuerza Pública representa una falta de garantías para el derecho a la justicia de la población étnica en Colombia. 

Del mismo modo, exigimos al Estado que cese todo acto de vulneración a los derechos humanos en futuras manifestaciones y elabore una reforma policial que atienda las exigencias de la sociedad civil y las recomendaciones de organizaciones internacionales. La CIDH, por ejemplo, está en mora de definir el mecanismo de seguimiento a la adopción de las recomendaciones por parte del Estado, situación que trastoca el trabajo de veeduría y pedagogía encaminado por estas organizaciones. 

Los retos para las organizaciones sociales y cívicas que florecieron durante el Paro Nacional también son muchos. Lo sucedido en el marco de las manifestaciones es evidencia del tipo de relacionamiento que se da de manera cotidiana entre los agentes de la Fuerza Pública y las personas afrodescendientes en el país, en barrios de ciudades como Cali, Cartagena y Bogotá. La violencia policial racista es un fenómeno constante que debe ser atendido y eliminado por el Estado con la aplicación de una reforma policial integral y contundente, y la revisión y cambio estructural de las instituciones. 

COMUNICADO CONJUNTO: LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LA POBLACIÓN AFRODESCENDIENTE Y LA NECESARIA LUCHA CONTRA EL RACISMO.

COMUNICADO CONJUNTO: LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LA POBLACIÓN AFRODESCENDIENTE Y LA NECESARIA LUCHA CONTRA EL RACISMO.

La población afrodescendiente y las comunidades negras han liderado luchas y construido procesos organizativos por la igualdad y la garantía de sus derechos fundamentales, haciendo visibles las inequidades históricas a las que se han enfrentado. Así, han logrado avances en el reconocimiento de sus derechos, de su identidad cultural y de su relación con el territorio. El reconocimiento de la diversidad étnica del país que profiere la Constitución de 1991, así como la Ley 70 de 1993 y otras normas, son fruto de esas batallas. La participación de personas de esta población en los comicios actuales a Congreso y presidencia son el resultado de esas luchas y es importante que el país lo valore como tal.

Sin embargo, Colombia debe reconocer que han existido barreras estructurales para que las personas afrodescendientes y miembros de las comunidades negras, ocupen lugares representativos al interior de las instituciones públicas, sobre todo si se trata de cargos de elección popular. Estas barreras hacen parte de una estructura social racista sustentada en desigualdades como: desproporcionada concentración de la pobreza, falta de acceso a la vivienda, limitadas oportunidades de empleo y educación de calidad e impacto diferenciado de la violencia. Según el DANE (2018), el 37% de la población que se auto reconoce como afro se encuentra en condición de pobreza, 10 puntos porcentuales por encima de la media nacional. Sumado a lo anterior, el racismo también se expresa de formas cotidianas: las personas negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras enfrentan imaginarios, estereotipos y expresiones racistas, las cuales se han naturalizado, pero que impactan de maneras concretas en aspectos de sus vidas. Esto es lo que se ha hecho visible en las elecciones del 2022 en nuestro país.

Resaltamos la participación de miembros de la población afrodescendiente en los actuales comicios y rechazamos las manifestaciones degradantes y discursos racistas que han recibido en este período. En el caso de la candidata a la vicepresidencia, Francia Márquez Mina, mujer afrodescendiente, lideresa social, abogada y ambientalista, además de las expresiones racistas a las que se está enfrentando, resultan preocupantes las amenazas que ha recibido, ya que son un intento por silenciar, desconocer derechos e inferiorizar a las personas negras y afrocolombianas. De esa manera, se mantiene y se reproduce aquel orden de jerarquías raciales en el que vivimos. Además, se le suma la misoginia y el sistema patriarcal en el que nos encontramos, donde las mujeres enfrentan violencias diferenciadas cuando intentan asumir espacios y roles activos en la vida política y pública, en especial cuando se trata de una mujer afrodescendiente.

Que el país siga hablando de la población afrodescendiente para despreciar su identidad étnica racial, minimizarla, animalizarla, exotizarla y quitarle capacidad y agencia, solo refuerza la urgencia de luchar contra el racismo y la discriminación racial en Colombia, como un f fenómeno que existe. Así pues, nos urge articular, promover y exigir a los diferentes actores que conforman el Estado y la sociedad, acciones contundentes para erradicarlo.

 

 

 

 

 

 

VIOLENCIA POLICIAL RACISTA: ¿Qué es y de qué se trata?

VIOLENCIA POLICIAL RACISTA: ¿Qué es y de qué se trata?

El estallido social de los últimos años en Colombia ha develado una problemática que debe ser reconocida y afrontada con urgencia por las autoridades del país: la violencia policial racista.

Durante el Paro Nacional del 2021, cientos de colombianos que salieron a las calles para exigir al Estado la garantía de sus derechos fundamentales ante la crisis socio-económica del país, profundizada por la pandemia por el COVID-19, fueron víctimas de abusos, detenciones, requisas e investigaciones arbitrarias por parte de la Fuerza Pública. 

En este contexto, la población afrodescendiente que se manifestó a lo largo del país, afectada diferencialmente durante la pandemia debido a un sinnúmero de desventajas acumuladas y carencias en acceso a servicios de salud y de agua potable, también fue víctima de perfilamientos y actos racistas por parte de las autoridades. 

El panorama es alarmante. De acuerdo con la organización Temblores, entre 2017 y 2019 la Policía Nacional asesinó a 33 personas afrodescendientes en territorios como Bolívar, Chocó, Valle del Cauca, Nariño, Cauca, Antioquia, Atlántico, Bogotá y Santander. En el marco del Paro Nacional 2021, la Comisión por la Vida y la Mesa Humanitaria Social, La Consultoría para el Desplazamiento y Derechos Humanos- CODHES con el apoyo técnico del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, Raza e Igualdad, han registrado 488 violaciones de derechos humanos, de las cuales el 13,3% han sido contra personas afrodescendientes. Así mismo, de los 110 casos de homicidios, 40 han sido hacia personas afrodescendientes, lo que representa el 36,4% de los homicidios[1].

No obstante, los casos de persecución, estigmatización y “perfilamientos raciales” contra las personas afrodescendientes no solo han sido evidenciados durante las  manifestaciones. ILEX Acción Jurídica pudo determinar que en Bogotá una persona afro tiene aproximadamente 14 veces más posibilidades de ser multada por las autoridades que una persona blanco mestiza, y 2,57 más probabilidades de ser detenida, requisada o llevada a un área restringida por la Policía.

Para ayudar a entender mejor las intersecciones de esta problemática, desde ILEX y Raza e Igualdad presentamos este Glosario Pedagógico que ayudará a los y las ciudadanas a identificar cuándo están presenciando un caso de violencia policial racista. La campaña también brindará información básica sobre temas como discriminación y justicia racial.

 

[1]  CODHES, La Comisión por la Vida, La Mesa Humanitaria y Social, apoyo técnico del Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), 2021

 

De “primates” a “King kong”: ¿Qué hay detrás de las representaciones racistas de las personas afro?

De “primates” a “King kong”: ¿Qué hay detrás de las representaciones racistas de las personas afro?

Una cantante llama “King Kong” a una mujer negra candidata a la vicepresidencia en Colombia. Luego, el discurso de odio es difundido por medios de comunicación que presentan el agravio como la “polémica del día”, el “chisme político” que atrae clics y provoca risas en un país racista. 

Las reacciones que vinieron después fueron incluso más desconcertantes. Como protesta ante la ofensa, algunos congresistas, periodistas y demás personas “aliadas” de la causa antirracista recurrieron a insulsas maniobras discursivas con las que evidenciaron su ignorancia sobre una práctica anclada al espíritu colonial de Occidente: la “simianización” de las personas afro. 

Para entender los orígenes de este despropósito debemos adentrarnos en los mares del pasado colonial. A partir del siglo XVI, el proyecto esclavista europeo orquestó una serie de ilustraciones, libros y crónicas en las que se retrataba a las personas habitantes de África como “primates”, “salvajes e incivilizados”, sinónimos de “monstruosidad y barbarie”.

Estos imaginarios racistas se propagaron como plaga por Occidente. En 1816, la clasificación “científica” de las razas propuesta por el zoólogo francés Baron Georges Cuvier, en Reino Animal, expuso que mientras los “civilizados” caucásicos poseen una “hermosa forma de la cabeza, que se aproxima a un óvalo perfecto”, el “cráneo comprimido y nariz chata”  asemeja a las personas de “raza negra” a una “tribu de micos”. Los postulados deshumanizantes de Cuvier dominaron durante más de un siglo los estudios de anatomía comparada en el mundo. 

La trágica historia de Saartje Baartman también ilustra los horrores de este engranaje alienante. La esclavizada africana, de 1,37 metros de altura y nalgas protuberantes, fue llevada a Inglaterra en 1810 y exhibida en una jaula durante cinco años en Londres y París como una mujer “primitiva” e “incivilizada”. “Saartje fue asimilada al orden de lo natural y por lo tanto comparada con animales salvajes como el mono o el orangután; no con la cultura humana”, reflexiona Stuart Hall en Cultura y Representación (2016).  

Para el siglo XX, la noción de que las personas afrodescendientes eran “similares a los simios” se había extendido por todo Occidente.  Atletas, artistas y figuras políticas fueron representados como monos en caricaturas, y películas como King Kong jugaron con la metáfora del “negro-gorila” para narrar la historia de un animal (hombre afro) que, en su “salvajismo natural”, se levanta contra la civilización (blanca) y eventualmente tiene que ser cazado por su tecnología (de guerra). En este entramado, la protagonista de la cinta, representante de las mujeres que luchaban por su autonomía en aquella época, termina en los brazos de su varonil salvador blanco después de ser maltratada por la bestia. 

“La deshumanización de los racializados se volvió una de las herramientas más usadas por las producciones que incluían el estereotipo del simio. La conexión entre esto y King Kong era obvia, no necesitaba sutileza analítica”, explica Stefanie Affeldt en su análisis semiótico de la pelicula estrenada en 1933, época en la que las denuncias de supuestas violaciones de mujeres blancas por parte de hombres afros inundaban los noticieros matutinos de Estados Unidos. 

Pero la abogada y defensora de DD.HH, Francia Márquez, no ha sido la única figura política afro víctima de estos actos racistas en la historia reciente. Durante la campaña presidencial de Estados Unidos en 2008, hubo numerosas representaciones de Barack Obama y su familia como chimpancés o monos devorando bananos. 

A pesar de que en la actualidad existe un rechazo tajante a esta forma de deshumanización, esta semana comprobamos que la “simianización” sigue siendo utilizada por campañas publicitarias, grupos supremacistas o personas que  buscan desproveer de sus derechos a la población afro. 

Las representaciones racistas no son un chiste. Nunca lo fueron. La discriminación racial es delito que mata y nos impide construir sociedades más inclusivas, más  humanas.  

LAS ELECCIONES DEL 2022 Y EL HITO POLÍTICO DE LAS CANDIDATURAS AFRO

LAS ELECCIONES DEL 2022 Y EL HITO POLÍTICO DE LAS CANDIDATURAS AFRO

Los resultados de los comicios representan un avance histórico en la garantía de los derechos políticos de la población afrodescendiente.

Las elecciones del 2022 marcan un hito en lo que refiere a la representación política de la población afrodescendiente en Colombia.

Aunque la nación con equidad racial soñada por el cimarrón Benkos Biohó aún está lejos de volverse realidad, la elección de la palenquera, Cha Dorina, como representante a la Cámara por Bolívar, y la posible llegada a la vicepresidencia de figuras como Francia Márquez, Luis Alberto Murillo, Sandra de las Lajas o Ceferino Mosquera, significa un avance histórico en lo que refiere a la garantía de los derechos políticos de la población afrodescendiente.

La elección de por lo menos diecisiete congresistas afro en los comicios del pasado 13 de marzo también evidencia ciertos vientos de cambio. A pesar de que la cifra condensa sólo  el 5,7 por ciento de los 296 miembros del legislativo, cabe destacar que entre los nuevos senadores y representantes a la Cámara se encuentran varias personalidades reconocidas por su lucha por la reivindicación de los derechos culturales y territoriales de las comunidades negras y el reconocimiento de las víctimas del conflicto armado en el país.

En diálogo con el Espectador, la lideresa Cha Dorina afirmó que el arribo del pueblo palenquero a estos espacios de poder permitirá “continuar luchando por la dignidad y la libertad” siguiendo los preceptos de la ética Ubuntú: “Yo soy en tanto el otro también existe; por lo tanto, tenemos que trabajar por unas condiciones de vida colectivas que no abandonen los aspectos particulares y personales”, comentó.

El fenómeno de Francia Marquez tampoco tiene precedentes en la historia política del país. La defensora del medio ambiente y activista, fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro, obtuvo la segunda votación más alta de la consulta interpatidista del Pacto Histórico (783.160 votos) y, de la mano del movimiento Soy Porque Somos, introdujo en la conversación nacional temas como la agenda medioambiental, la lucha contra el racismo y la discriminación, y la necesidad urgente de la participación de las comunidades en la toma de decisiones sobre su propio destino.

En palabras de la activista Angela Davis, el reconocimiento del liderazgo de mujeres afro como Márquez puede llegar a significar transformaciones sustanciales porque “cuando las mujeres negras avanzan, el mundo avanza con ellas”. En conversación con la ganadora del premio Goldman Sachs (2018), la académica y escritora estadounidense afirmó que este momento político puede “llevar a una dirección histórica” que “nos puede salvar a todas” porque “como mujeres negras siempre hemos luchado por el resto de las personas”.

Pero el balance de los comicios dista de ser enteramente positivo. La polémica por los posibles ganadores de las dos curules de circunscripción afro desempolvó el viejo debate sobre la necesidad de ampliar los requisitos para acceder a estos cargos de representación étnica. Por ahora, y a falta de la certificación de los resultados por parte de la Registraduría, cantan victoria Ana Monsalve, de Malambo (Atlántico) y hermana del actual alcalde de ese municipio (ambos auto declarados como indígenas ante el Ministerio del Interior); y Lina Martinez, de Buenaventura (Valle del Cauca) e hija de Juan Carlos Martinez, ex senador condenado en 2011 por la Corte Suprema de Justicia por sus vínculos con la parapolítica.

Cabe recordar que las curules afro son una medida constitucional de acción afirmativa que busca garantizar la representación y participación de personas afrodescendientes en el Congreso ante la exclusión histórica de la que hemos sido víctimas en estos espacios de discusión nacional. En este sentido, la ocupación de los escaños por parte de personas con intereses opuestos a los de los procesos colectivos de resistencia política y social de la población afrodescendiente representa un retroceso democrático para el país.

Finalmente, celebramos la participación en estas elecciones de mujeres como la defensora de Derechos Humanos, Yolanda Perea, la periodista, Mabel Lara, y la medallista olímpica, Caterine Ibarguen. Sus candidaturas, además de generar esperanza en miles de afrodescendientes, promovieron una visión política con perspectiva territorial, feminista y étnico racial, indispensable para la construcción de una Colombia con equidad racial.

 

 

5 AÑOS EN ESPERA DE LA REPARACIÓN COLECTIVA ÉTNICA DE ‘LA COMADRE’

5 AÑOS EN ESPERA DE LA REPARACIÓN COLECTIVA ÉTNICA DE ‘LA COMADRE’

Las violaciones de los derechos humanos de la mujer en situaciones de conflicto armado constituyen violaciones de los principios fundamentales de la normativa internacional de derechos humanos y del derecho internacional humanitario.

CONFERENCIA MUNDIAL Y ASAMBLEA GENERAL DEDICADA EL MILENIO DECLARACIÓN Y PROGRAMA DE ACCIÓN DE VIENA

La Coordinación de Mujeres Afrocolombianas Desplazadas en Resistencia – La COMADRE- es un colectivo de mujeres afrocolombianas víctimas del conflicto armado, perteneciente a la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados (AFRODES). Es un proceso organizativo horizontal que agrupa aproximadamente 7.000 mujeres afrocolombianas víctimas del conflicto armado de 26 territorios y 14 departamentos del país. 

En su trayectoria ha desarrollado un proceso continuo de más de 15 años de diálogo y articulación que han permitido consolidarse como sujetas políticas centrales de los procesos institucionales, a través de los cuales el Gobierno colombiano ha ido construyendo las respuestas institucionales para proteger y garantizar los derechos de las mujeres afrocolombianas víctimas del conflicto armado. Pero, ante todo, La COMADRE se ha consolidado como alternativa autónoma para acompañar a las mujeres en la superación de los graves impactos que han experimentado como grupo poblacional más afectado.

El 8 de marzo de 2017, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) notificó su decisión de incluir a la COMADRE en el RUV como sujeto de reparación colectiva étnica en aplicación del Decreto Ley 4635 de 2011, a través de la Resolución No. 2016-244846. Sin embargo, el 30 de mayo de 2018 indicó que el proceso de reparación colectiva debía ser abordado bajo los lineamientos de la Ley 1448 de 2011, argumentando que no se cumplían con los presupuestos para considerar a la COMADRE como una comunidad negra, afrocolombiana, raizal o palenquera en los términos del Decreto 4635 de 2011.

Hoy se cumplen 5 años de la Resolución No. 2016-244846. Cinco años sin avances en la consolidación de una forma integral de reparación que las consulte como mujeres víctimas étnicas sujetas de reparación.  Resulta desproporcionado que el Estado no concrete procesos de reparación propios de sujetos colectivos étnicos por falta de interpretación de las normas y jurisprudencias nacionales e internacionales. 

Por todo lo anterior, La COMADRE exige respuestas urgentes y acciones contundentes por parte del Estado colombiano dirigidas a activar la Ruta de reparación colectiva étnica para la protección de los derechos territoriales. Específicamente, ordenar a la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas – UARIV, y al Ministerio del Interior que de manera inmediata sigan con el proceso de reparación colectiva de LA COMADRE bajo los términos del Decreto Ley 4635 de 2011 y no de la Ley 1448 de 2011, en aras de desarrollar el Plan Integral de Reparación Colectiva y acceder a la reparación del daño ocasionado por el conflicto armado.