De “primates” a “King kong”: ¿Qué hay detrás de las representaciones racistas de las personas afro?

De “primates” a “King kong”: ¿Qué hay detrás de las representaciones racistas de las personas afro?

Una cantante llama “King Kong” a una mujer negra candidata a la vicepresidencia en Colombia. Luego, el discurso de odio es difundido por medios de comunicación que presentan el agravio como la “polémica del día”, el “chisme político” que atrae clics y provoca risas en un país racista. 

Las reacciones que vinieron después fueron incluso más desconcertantes. Como protesta ante la ofensa, algunos congresistas, periodistas y demás personas “aliadas” de la causa antirracista recurrieron a insulsas maniobras discursivas con las que evidenciaron su ignorancia sobre una práctica anclada al espíritu colonial de Occidente: la “simianización” de las personas afro. 

Para entender los orígenes de este despropósito debemos adentrarnos en los mares del pasado colonial. A partir del siglo XVI, el proyecto esclavista europeo orquestó una serie de ilustraciones, libros y crónicas en las que se retrataba a las personas habitantes de África como “primates”, “salvajes e incivilizados”, sinónimos de “monstruosidad y barbarie”.

Estos imaginarios racistas se propagaron como plaga por Occidente. En 1816, la clasificación “científica” de las razas propuesta por el zoólogo francés Baron Georges Cuvier, en Reino Animal, expuso que mientras los “civilizados” caucásicos poseen una “hermosa forma de la cabeza, que se aproxima a un óvalo perfecto”, el “cráneo comprimido y nariz chata”  asemeja a las personas de “raza negra” a una “tribu de micos”. Los postulados deshumanizantes de Cuvier dominaron durante más de un siglo los estudios de anatomía comparada en el mundo. 

La trágica historia de Saartje Baartman también ilustra los horrores de este engranaje alienante. La esclavizada africana, de 1,37 metros de altura y nalgas protuberantes, fue llevada a Inglaterra en 1810 y exhibida en una jaula durante cinco años en Londres y París como una mujer “primitiva” e “incivilizada”. “Saartje fue asimilada al orden de lo natural y por lo tanto comparada con animales salvajes como el mono o el orangután; no con la cultura humana”, reflexiona Stuart Hall en Cultura y Representación (2016).  

Para el siglo XX, la noción de que las personas afrodescendientes eran “similares a los simios” se había extendido por todo Occidente.  Atletas, artistas y figuras políticas fueron representados como monos en caricaturas, y películas como King Kong jugaron con la metáfora del “negro-gorila” para narrar la historia de un animal (hombre afro) que, en su “salvajismo natural”, se levanta contra la civilización (blanca) y eventualmente tiene que ser cazado por su tecnología (de guerra). En este entramado, la protagonista de la cinta, representante de las mujeres que luchaban por su autonomía en aquella época, termina en los brazos de su varonil salvador blanco después de ser maltratada por la bestia. 

“La deshumanización de los racializados se volvió una de las herramientas más usadas por las producciones que incluían el estereotipo del simio. La conexión entre esto y King Kong era obvia, no necesitaba sutileza analítica”, explica Stefanie Affeldt en su análisis semiótico de la pelicula estrenada en 1933, época en la que las denuncias de supuestas violaciones de mujeres blancas por parte de hombres afros inundaban los noticieros matutinos de Estados Unidos. 

Pero la abogada y defensora de DD.HH, Francia Márquez, no ha sido la única figura política afro víctima de estos actos racistas en la historia reciente. Durante la campaña presidencial de Estados Unidos en 2008, hubo numerosas representaciones de Barack Obama y su familia como chimpancés o monos devorando bananos. 

A pesar de que en la actualidad existe un rechazo tajante a esta forma de deshumanización, esta semana comprobamos que la “simianización” sigue siendo utilizada por campañas publicitarias, grupos supremacistas o personas que  buscan desproveer de sus derechos a la población afro. 

Las representaciones racistas no son un chiste. Nunca lo fueron. La discriminación racial es delito que mata y nos impide construir sociedades más inclusivas, más  humanas.  

REVOLCÓN A LA LEGISLACIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA: EL PELIGRO DE NO TENER ENFOQUE DIFERENCIAL ÉTNICO-RACIAL

REVOLCÓN A LA LEGISLACIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA: EL PELIGRO DE NO TENER ENFOQUE DIFERENCIAL ÉTNICO-RACIAL

Hace unas semanas, el presidente de la República, Iván Duque Márquez, sancionó  tres leyes que, de acuerdo con el Gobierno son “clave” para la reforma policial estructural que había prometido a raíz de lo sucedido en el paro nacional de 2021. Sin embargo, tanto al Gobierno, como al Congreso  y a quienes han analizado estos cambios a la legislación, se les ha olvidado tener en cuenta los impactos diferenciales que estas medidas traerían a las personas con pertenencia étnico- racial.

Es así como ‘El estatuto disciplinario policial (Ley 2196 de 2022’), la ‘Ley por la cual se crea la categoría de patrullero y se fortalece la profesionalización para el servicio nacional de policía (Ley 2179 de 2021’) y la ‘Ley de seguridad ciudadana (Ley 2197 de 2022)’, siguen sin incluir herramientas para combatir la discriminación racial en las instituciones (policivas) del Estado.

Ver :   https://twitter.com/IvanDuque/status/1486165236533145600

A partir de un análisis preliminar de este paquete legislativo, hemos identificado varios asuntos problemáticos. En primer lugar, es preciso destacar que las leyes sancionadas omitieron la inclusión de las demandas ciudadanas de organizaciones de DDHH, entre ellas las organizaciones afrodescendientes, así como las recomendaciones de la CIDH, que instó al Gobierno a plantear una reforma policial nacional que reforzara la naturaleza civil de la institución con la finalidad de proteger a las personas desde un enfoque de derechos humanos, sin dejar a un lado la importancia de los enfoques diferenciales.

También puede leer https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/ObservacionesVisita_cidh_Colombia_spA.pdf

La Ley de Seguridad Ciudadana, que no fue lo suficientemente discutida y que además genera mucho conflicto sobre lo que se supone debería hacer el Gobierno para combatir la criminalidad sin caer en el punitivismo populista, no solo contiene un conjunto amplio de artículos que reforman el Código Penal y el Código de Policía, sino que aumenta los factores de riesgo para la población afrodescendiente.

Una de las principales preocupaciones respecto de esta ley es que la figura de traslado por protección (TPP) otorga un amplio margen de discrecionalidad por parte de la Policía Nacional y se produce el riesgo de que sea usada como una forma de castigo y no como un mecanismo de protección, tal como está formalmente contemplado.

Asimismo,  el punto que hace referencia a la legítima defensa privilegiada” (Artículo 3 – 6.1), que amplía el concepto de legítima defensa y otorga facultades a los ciudadanos para ejercer fuerza letal de manera “excepcional para repeler la agresión al derecho propio o ajeno”,  pone en evidencia que no se consideraron los riesgos de una sociedad civil armada que se caracteriza por tener prejuicios racistas y usarlos para ejercer la violencia.

Las organizaciones afrodescendientes hemos denunciado la prevalencia de discriminación racial en la actividad policial tanto en jornadas de protesta como en actividades de seguridad ciudadana. En ese sentido, el Estatuto Disciplinario Policial recién aprobado, si bien establece lo que se debe entender por disciplina policial y que esto incluye la obediencia a los derechos humanos,  no integra  ninguna disposición que reconozca acciones racistas como  uno de los problemas estructurales dentro de la institución en el desarrollo de la actividad policial.

Asimismo, cuando la ley se refiere a los sistemas de garantías para la formulación, consulta y seguimiento ciudadano, no establece lineamientos para la supervisión ciudadana, atendiendo a criterios diferenciales. Esto resulta problemático, considerando los impactos  de las acciones policiales en la población afrodescendiente y la ausencia de procesos disciplinarios que sancionen la discriminación racial por parte de agentes policiales.

Por su parte, la Ley 2179 toca varios aspectos, uno de ellos la regulación de la categoría de patrullero y otra de formación profesional y en derechos humanos. En este último  componente no se incluyen aspectos relacionados con estándares de uso de la fuerza y el cumplimiento de principios básicos como el de no discriminación. Por otro lado,  dentro de los conocimientos previos  del personal docente se incluye la formación en derechos humanos, derechos  de las mujeres, de las  comunidades religiosas y de  la comunidad LGBTI, dejando por fuera a las comunidades afrodescendientes e indígenas, pese a que, como lo hemos señalado, los agentes del orden requieren una formación integral que incida en la eliminación de estigmas y prejuicios raciales.

Lo anterior, no pretende ser un análisis exhaustivo de las leyes mencionadas, sino generar advertencias que tendrán un desarrollo a nivel nacional mucho más profundo sobre lo que esta reforma implica para la población afrodescendiente y los escenarios de vulneración potenciales de derechos humanos, así como la desatención de las recomendaciones que se han dado por las organizaciones de derechos humanos y los organismos internacionales.

 

HACEMOS ÉNFASIS

  1. La ley de seguridad ciudadana pone en riesgo el derecho a la protesta y marca una  represión de esta con la criminalización del uso de la capucha desde el aumento de penas por obstruir la vía pública que afecta el orden público. Oportunidad para ejercer perfilamiento a la población afrodescendiente.
  2. La ley de seguridad ciudadana al crear la legítima defensa privilegiada estaría dando un paso a peligrosas situaciones donde una sociedad civil armada pondría en peligro a grupos en situación de vulnerabilidad-como afrodescendientes-. Lo que genera situaciones de violencia como las ocurridas en el Paro Nacional de 2021.
  3. La Ley de Seguridad Ciudadana sigue dejando un amplio margen de discrecionalidad frente al uso de la figura de traslado por protección del Código de Policía. La Policía Nacional aún no tiene estándares claros y estrictos para no usar esta figura como castigo. Esto afecta desproporcionadamente a la población afrodescendiente, quienes con la criminalización y perfilamiento son más propensos a ser sujetos de persecución.
  4. El Estatuto Disciplinario Policial no deja claro la participación de la ciudadanía en el seguimiento de los procesos que sancionan las faltas de la Policía, especialmente si estos mecanismos tendrán criterios diferenciales, teniendo en cuenta los niveles de impunidad y falta de investigación en los casos de violencia policial racista.
  5. La Ley de Profesionalización, no atiende la necesidad de una formación que combata el racismo estructural de la institución, ni de evitar los actos de discriminación racial  de los agentes del orden en el accionar policial.

 

 

LOS RETOS DEL ESTADO Y LA SOCIEDAD COLOMBIANA EN MATERIA DE GARANTÍA DE DERECHOS HUMANOS DE LA POBLACIÓN AFRODESCENDIENTE

LOS RETOS DEL ESTADO Y LA SOCIEDAD COLOMBIANA EN MATERIA DE GARANTÍA DE DERECHOS HUMANOS DE LA POBLACIÓN AFRODESCENDIENTE

Las profundas desigualdades sociales y económicas que afectan a las personas afrodescendientes han limitado de manera histórica la garantía de derechos fundamentales de esta población, situación que se agravó con la pandemia covid-19.

Según el análisis de pobreza hecho por la Cepal, utilizando datos estadísticos disponibles hasta 2018, el mayor porcentaje de este indicador para población afrodescendiente en la región es el de Colombia, donde el 40,8% de quienes pertenecen a  ella están en la escala de pobreza, lo que en muchas ocasiones les reduce las posibilidades de tener las necesidades básicas satisfechas, como la seguridad alimentaria, la movilidad, entre otros e impactando el acceso a derechos como el de la salud, la educación, el trabajo, vivienda digana,  la igualdad, los económicos y la no discriminación.

Sumado a la pobreza monetaria, un estudio realizado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) titulado ‘La salud de la población afrodescendiente en América Latina’, señala que Colombia se destaca por la existencia de mayores desventajas para la población afrodescendiente en materia de salud, teniendo menores probabilidades de acceder a la atención médica en comparación con la población no afrodescendiente.

Tal y como lo expuso Ilex Acción jurídica, la pandemia por el covid-19 no tiene un impacto homogéneo. De acuerdo a la  investigación adelantada por los  profesores Carlos Viáfara y  Oscar Jehiny Larrahondo Ramos y al documento ‘Análisis de dos pandemias: racismo y crisis de salud pública’, de esta organización, al ser la tasa de letalidad del virus un 25% mayor en la población afrocolombiana, puede, por ejemplo, tener repercusiones en las condiciones de pobreza, debido a la pérdida de ingresos por hogares.

Es así como para responder a la heterogeneidad de los factores que han impactado a la población afrodescendiente, no sólo durante el covid-19,  sino históricamente, es necesario que los Estados realicen acciones enfocadas al restablecimiento de derechos como el acceso a la vivienda digna o la educación, debido a que es notable el regazo de la población afrocolombiana con relación a las condiciones educativas y de vida.

De acuerdo al DANE (2020), mientras que las personas sin pertenencia étnica, en promedio, tienen 15 años de educación, la población afrocolombiana ha estudiado un año menos, y los niveles de alfabetismo tienen  una diferencia de 4 puntos frente a la población no afrodescendiente. Durante el  covid-19 incrementaron las tasas de deserción escolar, lo cual tiene efectos en los niveles de pobreza, movilidad negativa y bajos salarios, según la misma entidad.

Pero no podemos hablar del derecho a la educación sin hablar de la conexión y del uso del internet, considerado como una limitante para la población afrocolombiana durante la pandemia, debido a que este se convirtió en la manera más práctica de acceder a la educación durante las cuarentenas generadas a partir del covid-19.  Según el DANE, los municipios con mayor población afrocolombiana tienen, en promedio, una menor tasa de cobertura de este servicio y una diferencia significativa de 5.22 puntos menos respecto al resto del país.

En lo que corresponde a vivienda digna, de acuerdo al DANE (2018)*, el 11.4% de la población afrocolombiana residía en condiciones inapropiadas, versus el 7.9% de población no étnica, lo cual va ligado a el acceso a servicios públicos, donde esta población tiene mayores brechas. En el año 2018, el 33.6% de las personas afrocolombianas no tenían acceso a condiciones vitales y sanitarias mínimas.

De la mano con lo anterior, uno de los mayores retos que enfrenta el Estado colombiano, además de los ya mencionados, es la necesidad de proteger el derecho a defender derechos. En ese sentido, la Corte Interamericana determinó que: “(…) las defensoras y los defensores de derechos humanos contribuyen de manera esencial a la observancia de los derechos humanos, pues actúan como garantes contra la impunidad. De esta manera se complementa el rol, no tan solo de los Estados, sino del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en su conjunto”[1].

Sin embargo, la Defensoría del Pueblo ha registrado 130 asesinatos de líderes sociales entre enero y noviembre de 2021[2]; y el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), ha informado que desde enero a lo que va del mes de diciembre del 2021 la cifra de líderes y lideresas asesinadas es de 162 personas, siento el caso más reciente el de Cristina Cantillo, lideresa, mujer trans, afrodescendiente de Santa Marta, quien desempeñaba labores de defensa a los derechos de las personas LGBTI[3].

A continuación recordamos algunas de las recomendaciones que hizo Ilex en materia de derechos humanos ante la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Organización de las Naciones Unidas (ONU):

  • Advierta la importancia del cumplimiento de las normas internacionales sobre el racismo y la protección de los derechos humanos de la población afrodescendiente. Reiteramos la necesidad de ratificar la Convención Interamericana contra el Racismo, Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia y resaltamos las declaraciones de la Vicepresidencia Martha Lucia Ramirez, emitidas el día 09 de diciembre de 2021 en el marco del debate de control político al que fue citada por la Comisión afro del congreso, en orden de comprometerse con la ratificación la convención, después de aproximadamente 7 años de su firma. En este punto, reafirmamos que no basta solo con la expedición de normas y ratificación de tratados, sino que es urgente también una adecuada implementación de los mismos.

 

  • Recalque la necesidad de obtener, recolectar y analizar datos estadísticos a través de la obligación de recoger la variable étnico racial en los registros oficiales, sobre todo al momento de la recepción de denuncias en los casos de abuso policial y en escenarios que permitan reconocer la situación socioeconómica de la población afrodescendiente. Esto es fundamental para poder visibilizar las problemáticas y las acciones concretas necesarias para eliminar prácticas que atentan contra los derechos humanos.

 

  • Tome precauciones y llame la atención de los Estados, Colombia específicamente, por los altos niveles de impunidad, frente a casos de violencia policial racista que no son investigados, por el contrario, son archivados, las denuncias no se tramiten de manera correcta y las personas afrodescendientes no tienen un acceso efectivo a la justicia.

 

  • Inste al Estado para que establezca la materialización de un sistema de vigilancia epidemiológico étnico colectivo que no vulnere el derecho a la salud y a la medicina étnica tradicional, y que a su vez de una trato igualitario y reconozca las prácticas médicas tradicionales en sus normativas nacionales.

 

  • Exhorte a los Estados para que se aseguren el acceso a servicios públicos básicos en todo el territorio nacional, como el acueducto, el agua potable, el alcantarillado, fluido eléctrico, conectividad, ya que son servicios necesarios para evitar el contagio por covid-19, y que en Colombia no se prestan en la mayoría de la población afrodescendiente.

 

  • Solicite la promoción de metodologías interculturales que tengan en cuenta los saberes ancestrales y las medicinas tradicionales con miras a proyectar políticas públicas diferenciales en el marco de la pandemia por covid-19 y, así mismo, promover iniciativas comunitarias de monitoreo de la pandemia, con el objetivo de tomar en cuenta las realidades territoriales de las comunidades étnicas.

 

  • Recalque la necesidad de priorizar la implementación de unidades de atención especiales en los centros de salud y hospitales de los territorios colectivos de las comunidades negras, afrodescendientes, palenqueras y raizales, en aras de contar con el personal suficiente y capacitado en territorios étnicos.

 

 

 

*DANE 2018: Resaltamos el subregistro que alteró  los datos demográficos de la población afrodescendiente en el censo.

[1] Corte IDH. Caso Valle Jaramillo y otros vs. Colombia. Sentencia de fondo, reparaciones y costas. 27 de noviembre de 2008. Serie C No. 192. Párr. 88.

[2] https://www.eltiempo.com/justicia/delitos/cuantos-lideres-sociales-han-sido-asesinados-en-2021-balance-de-defensoria-637827

[3] INDEPAZ (2021) Líderes sociales, defensores de derechos humanos en el 2021. Ver en: http://www.indepaz.org.co/lideres-sociales-y-defensores-de-derechos-humanos-asesinados-en-2021/

TIPS PARA EVITAR DISFRACES RACISTAS EN HALLOWEEN

TIPS PARA EVITAR DISFRACES RACISTAS EN HALLOWEEN

Faltando pocos días para Halloween, para algunos ‘La Fiesta de Disfraces’ o simplemente el 31 de octubre, es importante saber cómo evitar caer en la reproducción de estereotipos racistas a la hora de escoger los disfraces. Acá dejamos algunas recomendaciones.

Lo primero que debemos hacer es reconocer que en Colombia, al igual que en América Latina, persisten ideas, imaginarios y prácticas heredadas de la colonización. Por tanto, el racismo permanece de forma estructural tanto en las instituciones como en el relacionamiento social, “fijando huellas de la esclavitud” de manera naturalizada, como lo menciona Rosa Campoalegre Septien en su texto ‘Educar en resistencias y contra hegemonías más allá del decenio’.

De igual forma, es importante entender que los disfraces, en general, se usan para las fiestas y carnavales, bajo un contexto burlesco y desfigurativo, que puede llegar a ser ofensivo con las identidades de las demás personas y sus  factores culturales o históricos.

El siguiente paso es cuestionarse si el disfraz que se quiere utilizar está asociado al tono de piel de una persona. Advertencia: es fundamental tachar el blackface, los disfraces de negra/ negro, esclavizados o cualquiera que se base en la identidad étnico-racial de las personas. No olvidemos que el blackface fue y sigue siendo una práctica ofensiva e hiriente.

Recordemos que «todas estas representaciones en las que se hace burla de las personas negras, y de su cuerpo, buscan reforzar la ideología racista», como lo dijo el historiador panafricanista español de origen colombiano Antumi Toasijé en un reportaje de la BBC  Mundo sobre el blackface en 2019.

En caso de que el disfraz pretenda hacer referencia a un hecho o periodo histórico es importante investigar y a partir de allí preguntarse si revictimiza, es insensible frente al dolor padecido por algún grupo de personas o saca de contexto alguna práctica cultural o conocimiento tradicional de un grupo poblacional / comunidad.

Así mismo, es clave hacer énfasis en evitar disfraces que apelen a la hipersexualización de las personas racializadas. Esto aplica tanto para mujeres como para hombres. Este tipo de acciones ahonda en las afectaciones físicas y psicológicas que han tenido que sobrellevar las personas afrodescendientes, derivadas de la relación entre la colonización y sus cuerpos.

¿Y qué pasa con los disfraces de español o que hacen alusión a personas blancas?

El personaje de Samantha White en la serie ‘Dear White People’ de Netflix responde lo siguiente frente a un debate similar cuando en el campus de la universidad personas blancas  se disfrazan de negros en una fiesta de disfraces:

“La diferencia es esta: mis bromas no encarcelan a sus jóvenes a tasas alarmantes o hacen que sea inseguro para ustedes caminar por sus vecindarios, pero las suyas sí, cuando se burlan o nos denigran, refuerza el sistema imperante, cuando un policía apunta un hombre negro no ve un ser humano, ve una caricatura, un delincuente, un negro. Así que no, no pueden disfrazarse de estereotipos de nosotros en una fiesta de Halloween y decir que es irónico o alegar ignorancia, ya no”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN, HACIA LA LUCHA CONTRA EL RACISMO

MEDIOS DE COMUNICACIÓN, HACIA LA LUCHA CONTRA EL RACISMO

Debemos reforzar el uso de los medios de comunicación como herramienta para combatir el racismo estructural.  La forma en la que algunos portales noticiosos cubrieron el pasado 12 de octubre, fecha en la que se conmemora el mal llamado ‘Día de la Raza’, ahora también denominado ‘Día de la Resistencia’ o ‘Día del Respeto por la Diversidad Cultural’, es una muestra de ello. Aún no se logra comprender la importancia de resignificar la fecha ni la relevancia que tienen los pueblos indígenas y afrodescendientes en este ejercicio.

Históricamente, esta conmemoración ha estado asociada a recordar la invasión de los españoles a las Américas en 1492 y a la celebración de la hispanidad. Sin  embargo,  ¿Por qué no debemos celebrar el ‘Día de la Raza’? ¿Por qué algunas organizaciones apelan al ‘Día de la Diversidad’? Son preguntas que se sigue haciendo la ciudadanía cada 12 de octubre, pero en los medios las respuestas siguen siendo abordadas, en su mayoría, desde un lugar ajeno y sin mayor profundidad. Quizá para evitar el proceso interno y personal que implica hablar del racismo.

“Los indígenas dicen que no hay nada que celebrar”,  “Las organizaciones aseguran que no hay nada que celebrar”, señalaron algunos medios de comunicación al reseñar la fecha, haciendo un abordaje del racismo y la discriminación como un tema que no  los toca y que hay tratar bajo las reglas de la objetividad periodística, sin reconocer que el lenguaje está permeado por la construcción del imaginario colonizador que sitúa a las poblaciones indígenas y afrodescendientes como inferiores, ni tener en cuenta que lo que buscan este tipo de movilizaciones sociales es resignificar esta conmemoración y pasar de la celebración al reconocimiento de la resistencia de los pueblos y de la necesidad de poner en la agenda pública las deudas históricas que tiene la sociedad con ellos.

 En este sentido, vale la pena mirar trabajos como el realizado por Carolina Arrunátegui Matos sobre la prensa peruana y el racismo  en el que reflexiona sobre los planteamientos del autor colombiano Santiago Castro Gómez en su texto ‘La poscolonialidad explicada a los niños’. “El dominio colonial no se consiguió tan solo asesinando y sometiendo al otro por la fuerza, sino que requirió de un elemento ideológico o representacional, es decir, de la construcción de un discurso sobre el otro que lo situara como inferior”, dice.

Ya en 2012 lo había advertido el Ministerio del Interior cuando realizó un informe junto a la Organización Mundial para las Migraciones (OIM) y el Observatorio Contra la Discriminación y el Racismo:  existen en los medios de comunicación tendencias negativas, reproducción de estigmas, prejuicios sociales y ausencia de cubrimiento de los problemas cotidianos de la comunidad afrocolombiana.

En dicho estudio se evidencia que los medios registran solo entre 2 % y 9%  las noticias, hechos o acontecimientos que involucren a la población afrocolombiana y por tanto es necesario que estos se incluyan en el papel de eliminar la discriminación y el racismo, empezando por reconstruir el imaginario en el que la población afrocolombiana solo se traduce en miseria,  crimen, la prostitución, deporte y  música.

En este sentido, es importante resaltar que el Programa de Acción de Durban contra el racismo y la discriminación señala que es deber de los medios de comunicación representar la diversidad de la sociedad multicultural, sin promover o utilizar imágenes falsas y estereotipos que difundan sentimientos racistas y xenófobos. También indica que una de sus funciones es informar para promover la igualdad y combatir el racismo, la discriminación y la intolerancia.

 “Reconocemos la contribución positiva que el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, en particular por los medios de comunicación y las nuevas tecnologías, incluida internet, y el pleno respeto de la libertad de buscar, recibir y comunicar información pueden hacer a la lucha contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia. Reiteramos la necesidad de respetar la independencia de la prensa y la autonomía de los medios de comunicación a este respecto”, agrega la Declaración de Durbán.

A continuación retomamos algunas de las recomendaciones del PNUD en su informe ‘Los medios de comunicación y la población afrocolombiana’, publicado en 2010, pero que siguen vigentes:

  1. Procurar que la información sobre las comunidades afrocolombianas responda a su diversidad en términos de visibilidad y pluralidad de géneros periodísticos. Se hace énfasis en la consulta de personas especializadas en el tratamiento de la población afrocolombiana.
  2. Incluir el racismo en las agendas propias de los medios de comunicación.
  3. Usar relatos que reflejen la problemática del racismo desde un punto de vista humano, que genere sensibilidad con el público.
  4. Profundizar en la investigación de temas relacionados con la población afrodescendiente.
  5. Evitar tener una sola fuente y, en especial, incluir las voces de la población  afrodescendiente.
  6. Incluir en los manuales políticas de respeto y tratamiento de temas relacionados con la población  afrodescendiente.
  7. Monitoreo permanente de la información y de la recepción de la misma.

 

REFLEXIONES SOBRE LA NUEVA LEY DEL VICHE

REFLEXIONES SOBRE LA NUEVA LEY DEL VICHE

La aprobación de la ‘Ley del viche’ por el Senado, significa, sin duda alguna, el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural, representada en el conjunto de prácticas tradicionales de las comunidades negras del Pacífico.  Es un avance histórico en materia de garantías de derechos étnicos colectivos de las comunidades negras en Colombia. Este marco normativo generará impactos económicos, sociales y culturales en las comunidades étnicas y vuelve a establecer la discusión sobre la protección, uso y administración del acervo tradicional intelectual colectivo, detrás de la elaboración de una botella de viche o sus derivados.

A través de esta ley, el Congreso por primera vez, marca un hito para la explotación económica de un producto como el viche, que es el resultado de producciones intelectuales que se han dado por generaciones de formas particulares y dotadas de especificidades que las distinguen de las producciones intelectuales ordinarias de otro tipo de bebidas, así mismo plantea un modelo de administración institucional que incluye la creación de  diferentes instancias de aval y otorgamiento de los derechos de explotación .

Lo anterior, plantea cuestiones de protección jurídica relacionadas, por un lado, con los derechos fundamentales colectivos cimentados en el principio de autonomía de las comunidades, frente a las dinámicas de participación con las que se vayan a orientar la reglamentación del proyecto de ley en los próximos meses. En este caso, la participación se constituye más que en un elemento, en una demanda de las comunidades étnicas para entablar cualquier relación respetuosa relacionada con el uso y administración de sus conocimientos tradicionales materializados en el viche.

Lo anterior, porque para este tipo de recursos culturales como el viche, que reúne conocimiento tradicional relacionado con las formas de uso de la biodiversidad, pero que también encierra unas expresiones culturales alrededor de su uso, el alcance de los derechos fundamentales parte de la identidad del sujeto étnico que lo crea y no del valor del uso y venta del producto sobre el cual se materialice el conocimiento tradicional étnico colectivo.

Por otro lado, plantea cuestiones jurídicas de protección frente al riesgo de generación de cargas operacionales y de apropiación indebida y desbalance en el mercado, que un proceso de explotación del viche a gran escala sin el acompañamiento y financiación efectiva del Gobierno nacional pueda generar en las comunidades como pequeñas productoras frente a las grandes industrias de licores en el país.

Finalmente, entre otras disposiciones, la normatividad aprobada les brinda a las comunidades étnicas afrodescendientes del Pacífico la posibilidad de reclamar la propiedad intelectual del viche a través del otorgamiento de derechos exclusivos de uso, producción, comercialización y distribución, según el tipo de protección utilizada registro marcario o denominación de origen, así mismo como flexibilidades para la obtención del registro Invima. Sin embargo, el uso de la expresi𝐨́n “propiedad intelectual” tiene una carga ideol𝐨́gica que termina por reducir y limitar el acervo tradicional milenario e  intelectual colectivo de las comunidades afrodescendientes, a una cosa, 𝐭al y como lo hace la  protección que se ofrece sobre el individualismo posesivo de la propiedad privada.De ahí qué, cualquier propuesta de regulación debe reconocer y proteger la dimensión colectiva detrás de un producto como el viche.