LA PARTERÍA Y LA RESISTENCIA DE LAS MUJERES AFROCOLOMBIANAS

LA PARTERÍA Y LA RESISTENCIA DE LAS MUJERES AFROCOLOMBIANAS

En el mes de marzo, cuando conmemoramos la lucha contra la discriminación racial y la lucha por la equidad y la justicia para las mujeres, reflexionamos sobre la fortaleza y resistencia de quienes están en la intersección entre el género y la raza. La lucha contra la discriminación racial y la lucha por la igualdad de género tiene cara de mujer, de mujer negra, por eso en esta ocasión queremos dedicar este espacio a reconocer la labor de personas, en su mayoría mujeres negras, que se dedican a la defensa de la vida y la salud en los territorios, las parteras. 

La partería entre la población afro es una práctica ancestral que se remonta, en Colombia, a la vergonzante época de la  esclavización, en la que las mujeres, en su mayoría,  mantenían en sus comunidades aprendizajes y conocimientos sobre el parto y la salud reproductiva. Esto ha representado hasta el día de hoy un elemento esencial de la identidad de las comunidades afrodescendientes, la unidad de los territorios y la protección de la integridad de los derechos sexuales y reproductivos. Todo esto se ha logrado a través de un ejercicio continuo de resistencia que pese al abandono estatal y el conflicto armado presente en los territorios ha insistido en esta práctica como una forma de supervivencia no solo cultural, también física, ante la ausencia de un sistema de salud integral que atienda las necesidades de la población. 

La partería se compone de procesos de comadraje y sororidad entre mujeres para la conservación de su salud mental y física, compartir vivencias de su ejercicio y escuchar a las otras como iguales. El Plan Especial de Salvaguarda de los saberes asociados a la partería afro del pacifico, enmarcado en el reconocimiento de la partería como patrimonio inmaterial de la nación, reconoce a las mujeres que ejercen la partería, como aquellas que respetan los derechos de las mujer, pues su actuar se guía en la libertad, el respeto por el cuerpo y sus deseos autónomos. Estos pilares implican que las relaciones que se crean entre las mujeres y las parteras sea un ejercicio de confianza colectivo, que preserva el sentido de lo comunitario y el arraigo al territorio. 

Las parteras son personas que contrarían el sistema guiado por el individualismo y la despersonalización del otro. En ese sentido, la partería puede ser vista como una practica contestataria que relaciona lo propio con lo sagrado, que pervive, incluso, en medio del conflicto armado que azota al pacifico colombiano. Que, en la actualidad, las plantas tradicionales para las curaciones y tratamientos se cultiven incluso en las azoteas o patios de las viviendas de las aprendices de partería y no en los territorios que se vieron obligados a abandonar, es una muestra valiosa de lo que implica la transformación de las practicas culturales que se resisten a desaparecer. 

Ni las entidades territoriales ni el gobierno han comprendido que ellas son las que salvan las vidas de cientos de personas en los territorios, quienes se ven enfrentadas no solo a la ausencia de un sistema de salud, sino al conflicto armado que se ha recrudecido en zonas como Chocó y Buenaventura. Este grupo también se enfrenta a violencias económicas porque no tienen recursos suficientes para su sustento y al no incluirlas en el talento humano de salud, no se les dio el reconocimiento el derecho a atención prioritaria en el marco de la pandemia. Además, las omisiones de las ayudas solicitadas por asociaciones como ASOPARUPA y ASOREDIPARCHOCO, escasez de elementos de bioseguridad, han obligado a las parteras a menguar sus servicios, a cerrar los nichos donde atienden a mujeres y comunidad en general, a aislarse pues se exponen a la muerte al prestar sus servicios, debido a que la mayoría de sus miembros son personas de avanzada edad y con enfermedades preexistentes. 

Este es un llamado a la protección real de estas mujeres que hoy resisten para no perder lo construido y lo conservado. Reconocemos el logro alcanzado el 23 de marzo de 2021 con la aprobación en primer debate del proyecto de Ley “Por medio del cual se define la partería tradicional afro del Pacífico colombiano, se exalta y reconoce como oficio ancestral y se adoptan las medidas para su salvaguardia, transmisión y protección”, por parte de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. Esta propuesta cuenta con seis artículos y busca que el gobierno nacional y sus distintas instituciones adopten medidas para garantizar la sostenibilidad de la partería. Sin embargo, esto es solo un pequeño paso frente al reconocimiento legítimo y las condiciones que se deben brindar a las parteras para ejercer su oficio en condiciones de dignidad, sobretodo en la situación de desigualdad estructural que ha develado la pandemia.

 

MUJERES NEGRAS, EMPOBRECIDAS, BARRIALES, TRANS: TODAS LAS LUCHAS DEL FEMINISMO

MUJERES NEGRAS, EMPOBRECIDAS, BARRIALES, TRANS: TODAS LAS LUCHAS DEL FEMINISMO

Cuando en 1977 se institucionalizó el 8 de marzo por la ONU como el Día Internacional por los Derechos de la Mujer, las luchas, reivindicaciones y consignas distaban de tener en cuenta los tejidos de resistencia, rebeldía y construcción de nuevos pensamientos de las mujeres empobrecidas, negras, barriales  y LBT ( Lesbianas,Bisexuales y Transgénero), ubicadas en este lado del mundo.

El feminismo como lo conocemos ahora, no es uno ni homogéneo, se ha ido transformando por la llegada de pensamientos y reflexiones de otras mujeres de procedencias étnicas, raciales y sexuales diversas, que han sido excluidas e invisibilizadas los espacios de construcción de conocimiento, mujeres que instalan nuevas preguntas y ponen de relieve problemáticas que tienen su origen en la estructura e historia de la sociedad y que, de alguna manera, no habían sido denunciadas por el feminismo en sus orígenes.

Han sido los feminismos negros – antirracistas, decoloniales, trans y LB, entre otros, los que han dado un sentido más profundo a la búsqueda de justicia social para todas las mujeres, sobre todo, para las más vulnerables y ,con ello, han establecido las bases para una real transformación de la sociedad. Una de las representantes más reconocidas de estos feminismos transformadores es Ángela Davis que en una frase resume el impacto de la lucha de las mujeres negras, barriales, empobrecidas y diversas: “Cuando la mujer negra se mueve, toda la estructura de la sociedad se mueve con ella, porque todo se desestabiliza a partir de la base de la pirámide social en la que se encuentran las mujeres negras, se cambia la base del capitalismo”.

En  su ensayo sobre la triple discriminación de las mujeres negras, Lorena Álvarez, expone que  las mujeres negras históricamente han sufrido los efectos de la división histórica que existe entre el trabajo productivo y el trabajo reproductivo, en donde el primero, es reconocido económica y socialmente como trabajo en las sociedades industrializadas y reservado según el imaginario colectivo a los hombres; y el segundo es definido como aquellas actividades reservadas al mundo femenino, que están destinadas a llevar la labor del cuidado y a mantener la infraestructura familiar del hogar, por las cuales no se recibe ninguna remuneración o salario, y permanecen invisibles social y económicamente.

En ese sentido, la lucha feminista negra está atravesada por variables de opresión sobre las mujeres, como la raza, el género y la clase, que exacerban las condiciones de desigualdad que experimenta esta población en un contexto dado.

Como consecuencia, en los espacios sociales como las escuelas, los territorios, las actividades económicas y los hogares, entre otros, persisten las condiciones de marginalidad, pobreza y falta de reconocimiento para muchas mujeres negras, quienes además de desempeñar labores de cuidado, desarrollan labores económicas y en los territorios luchan por conservar el conocimiento tradicional.

En relación con el legado de lucha por preservar los conocimientos tradicionales de las comunidades negras, es necesario destacar en Colombia el trabajo de las parteras del Pacifico y de organizaciones como Asoparupa, que acoge a más de 250 parteras y aprendices, y resalta el valor de la tradición, la cultura afro y la medicina ancestral.

Liceth Quiñones, directora de Asoparupa,  le aseguró a la Revista Semana que  “la partería es algo tan natural, íntimo y humano que uno se mete a la vida, al alma de esa mujer que tiene a su bebe”, y que, además, “la partera aporta identidad cultural y territorial en las comunidades. Simboliza y refuerza esos diálogos ancestrales en relación con el autocuidado y el cuidado mutuo del cuerpo”.

Con respecto al territorio, las mujeres negras han tenido un aporte significativo de liderazgo en su defensa y  han sido vital para la materialización de los postulados de la Ley 70 de 1993, ley que es estratégica para la lucha por la vida y el territorio.

“En la construcción de esa propuesta fuimos lideresas, convocando, llamando a la gente, empezamos a liderarlo mujeres allá en el río, porque éramos las que más le llegamos a la comunidad, en ese momento solo estaba nuestra organización de mujeres que nació en el 80. 87 y 88 ya empezamos con lo del transitorio (Artículo Transitorio 55), después en ONUIRA (organización del río Anchicayà) llega más gente, no solo mujeres sino mixta y empezamos a luchar por todo lo que tenía que ver con la organización de nosotros como pueblo negro. El papel protagónico siempre ha sido de las mujeres”, aseguró Beatriz Mosquera en una investigación que hizo para la Universidad del Valle en 2010.

Debe seguirse impulsando el reconocimiento del trabajo de las mujeres negras en los movimientos sociales en la defensa del territorio para que este no sea invisibilizado. De acuerdo a Lozano Lerma en el artículo ‘El feminismo no puede ser uno porque las mujeres somos diversas’, estas mujeres han sido amenazadas, muchas otras desplazadas de sus comunidades, y aun así son resilientes de estos actos violentos. Desde ellas se crean medidas de autocuidado y de protección interna para que los procesos “no se mueran”, demostrando que su resistencia y lucha son políticas.

La invitación es repensar el feminismo desde un enfoque de raza y género, para así situar las opresiones más allá de la categoría de género, visibilizando el contexto individual, la colonización y la mirada occidental que existe en los propios discursos, para pensarse un feminismo latinoamericano, negro, indígena, lésbico, trans y de resistencia. Tal y como lo plantea Yuderkys Espinosa en su artículo ‘Una crítica descolonial a la epistemología feminista crítica’, la destrucción de la idea de patriarcado solo es posible desde el reconocimiento con la otra, la igual.

Es precisa la lucha y garantía de los derechos de las mujeres negras LBT para poder hablar de justicia social ya que, si los derechos no son garantizados, no existe democracia. El feminismo tendrá que ser antirracista y anti-transfóbico, o no será.

 

 

EL COVID-19, VACUNAS Y  POBLACIÓN AFRODESCENDIENTE

EL COVID-19, VACUNAS Y POBLACIÓN AFRODESCENDIENTE

En la última semana de enero, el Gobierno nacional confirmó la adopción del plan nacional de vacunación contra el virus del Covid-19 a través del Decreto 109 de 2021.  Sin embargo, este pronunciamiento se realizó en medio de fuertes cuestionamientos sobre la capacidad de implementar dicho plan en zonas rurales, apartadas y con bajos niveles de atención en salud y/o conectividad como son las áreas habitadas por población afrocolombiana, indígena y campesina del país.

Los datos a los que se tienen acceso hasta ahora sobre la capacidad del sistema de salud, condiciones sanitarias adecuadas, garantía de ingresos básicos y niveles de conectividad en territorios con gran porcentaje de población afrodescendiente y ruralidad, evidencian un panorama poco favorable para la implementación del plan nacional de vacunación para estas comunidades .Por ejemplo, en el municipio de Quibdó, Chocó, la capacidad instalada de las IPS tanto en camas, como en salas es menor en comparación a Bogotá y el promedio nacional.

Asimismo, se observa que el departamento del Chocó tiene el menor número de profesionales en cualquier área de la salud, mientras que Bogotá es la ciudad con mayores profesionales por cada 10.000 habitantes, según el Ministerio de Salud.

En el plan de vacunación presentado por el Gobierno se detallaron los criterios para la selección de los grupos elegibles para la inmunización colectiva, así como las condiciones de priorización,  las fases en las que se desarrollará el proceso, la disponibilidad de inmunizadores que tendrá el país durante el 2021 y la logística de distribución. No obstante,  hay escasa o nula información alrededor de las estrategias que se desarrollarán en los lugares del territorio nacional  donde la red pública y privada de salud es insuficiente para desarrollar dicha campaña.

Esta carencia de información fue más notoria en la zona de la Amazonia y la región Pacífica donde existe una alta concentración de grupos indígenas y afrocolombianos. Falla igualmente el plan al omitir el personal médico tradicional de los territorios étnicos, como parte del talento humano de la salud de primera línea de atención en contextos étnicos comunitarios para ser vacunados en la etapa uno de la primera fase del plan.

Teniendo en cuenta, además de lo ya mencionado, que las deficiencias del sistema de salud ya habían sido advertidas por la Corte Constitucional en su  Sentencia T-760 de 2008, donde ordenó tomar medidas estructurales para atender las distintas fallas en la prestación de servicios de salud, es preciso concluir que en este panorama, el sistema de salud no cuenta con la capacidad suficiente para atender el plan, afectando especialmente a las poblaciones más vulnerables.

Es innegable la urgencia  de atender ciertas zonas del país en lo que tiene que ver con el plan. Según las normas sanitarias de protección para evitar infecciones y posibles contagios de Covid-19, es fundamental el lavado constante de manos y el acceso a servicios básicos, sin embargo, el 33,6% de los municipios con mayoría de personas afrocolombianas aún no cuentan con condiciones vitales y sanitarias mínimas, como sanitarios y acueducto versus el 4,7% de los municipios cuya población no reportó ninguna etnicidad (cálculo con base información DANE, 2018).

 

En relación a la vivienda y el acceso a servicios públicos en el 2018, el 11,4% de los hogares localizados en municipios que concentran  población afrocolombiana residían bajo condiciones ­­­inapropiadas para el alojamiento humano, versus un 7,9% de los hogares que se localizan en el resto de los municipios sin incluir comunidades indígenas (cálculo con base información DANE). Se estima que esta brecha aumentó durante los últimos años.

 

De otro lado, la pandemia del Covid-19 ha traído consigo la adopción de medidas administrativas locales y nacionales que alteraron la vida de la población afro por las restricciones a la libertad de locomoción y de tránsito. En consecuencia, cambió el significado de los espacios públicos para las personas afrodescendientes como lugares de producción y trabajo porque ahora son considerados sitios de alto riesgo de contagio.

La población afrodescendiente  se concentra en el mercado informal o en ramas económicas como el sector servicios (restaurantes, hoteles, entre otras), que fueron las más afectadas durante la crisis y que incluso siguen estando inactivas. Las personas que dependen de la economía informal o que no cuentan con ningún tipo de apoyo económico o asistencial deben decidir entre arriesgarse al contagio o enfrentar el hambre y la pobreza en sus casas.

Sumado a lo anterior, la pandemia por Covid-19 impuso la necesidad de tener acceso a la conectividad como un servicio básico para acceder a la educación, el trabajo, derechos fundamentales y conocer información vital sobre distribución y disposición de las vacunas.

A través de las plataformas Mivacuna Covid  y Paiweb, tal como lo anuncia el decreto, se busca implementar consultas individuales sobre la etapa en la que cada persona fue clasificada y el agendamiento de citas, así como establecer un sistema de registro nominal de la aplicación de vacunas en territorio colombiano, respectivamente. Sin embargo, estas herramientas digitales pretenden implementarse sin explicar cómo será su uso en zonas como las habitadas en su mayoría por población afrocolombiana que tienen, en promedio, una menor tasa de cobertura de internet, teniendo una diferencia significativa de 5,22 puntos menos respecto al resto de municipios del país , según la última actualización del  DANE.

Estas cifras revelan que nos encontramos frente a una crisis con consecuencias, no solo sanitarias sino sociales, culturales y económicas de gran escala que requieren respuestas sólidas y urgentes por parte del Estado. Es urgente proteger los derechos a la vida, salud e integridad personal de las poblaciones que se encuentran frente al riesgo de contagio inminente e implementar el enfoque étnico-racial en toda estrategia, política o medida dirigida a enfrentar la pandemia del Covid-19.

 

 

 

 

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PRÓRROGA DE LA LEY DE VÍCTIMAS: LOS PENDIENTES CON LAS COMUNIDADES NARP

PRÓRROGA DE LA LEY DE VÍCTIMAS: LOS PENDIENTES CON LAS COMUNIDADES NARP

En cumplimiento a lo ordenado por la Corte Constitucional en la sentencia C-588 de 2019 , en días pasados fue sancionada la prórroga de la Ley 1448 del 2011, conocida como Ley de Víctimas,  y sus Decretos Ley 4633 y 4635 de 2011, este último para la Restitución de Derechos Territoriales de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras (NARP), cuyo siguiente trámite está en manos del Congreso, donde se debatirá el proceso de ejecución y cumplimiento de la normatividad.

Si bien debe reconocerse este gran paso hacia la reparación integral de las más de 9.000 víctimas del conflicto armado en Colombia, la prórroga per sé no garantiza la materialización de los derechos de las víctimas, y en menos medida los de las victimas NARP y sus territorios, debido a que en este caso es necesario consolidar los temas operativos y presupuestales que hagan posible la implementación integral  de dicha política.

En relación con el Decreto Ley 4635 del 2011, la restitución de derechos territoriales busca el retorno al territorio, la caracterización de afectacciones territoriales y la garantía de derechos de las comunidades NARP. Sin embargo, a la fecha, los procesos que se encuentran en curso han superado los términos de ley para decidir sobre la inscripción en el Registro de Tierras Despojadas en etapa administrativa e, incluso, para dictar sentencia en etapa judicial. Las comunidades esperan entre 3 a 5 años para obtener un fallo de restitución.

Asimismo, en la etapa postfallo, el cumplimiento de este tipo de sentencias soporta las limitaciones institucionales de las entidades que hacen parte del SNARIV (Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas), entre estas la Agencia Nacional de Tierras (ANT), encargada de un asunto cardinal de todo este proceso, la titulación de territorios de comunidades negras.

El Estado debe adoptar políticas integrales para la etapa procesal y posfallo de restitución de tierras donde se cuente con los recursos suficientes para garantizar la implementación, seguimiento a las sentencias judiciales, la ejecución de órdenes acerca de la restitución material y jurídica de las tierras en cuestión, la aplicación de reparaciones colectivas, y las condiciones necesarias para el retorno digno y seguro.

Por otro lado, es necesario analizar el escenario de incertidumbre presupuestal sobre la  financiación, que se recrudece por la pandemia del Covid-19. Según la Contraloría General de la República (20 de agosto de 2020), se advierte que por la crisis derivada de la pandemia puede que del 1’813.644 víctimas que habían mejorado sus condiciones en 2019, vean deteriorada su situación socioeconómica, volviendo a vivir en condiciones de pobreza y pobreza extrema.

De manera global, el presupuesto para la atención y reparación de las comunidades NARP víctimas han disminuido en las últimas dos vigencias. De 2017 a 2019, los recursos apropiados para la atención y reparación de las víctimas NARP descendieron en un 43%, según el último informe de la Defensoría del Pueblo en esta materia.

Es así como, tras la sanción de la prórroga de la Ley 1448 de 2011 y sus decretos ley, debe existir una revisión de la capacidad institucional y presupuestal para garantizar que la misma sea determinante en el cumplimiento de los principios de la justicia transicional.

Es imperante destacar que en la actualidad y posterior a la firma del Acuerdo de Paz con las FARC-EP, los territorios de las comunidades NARP siguen inmersos en escenarios de riesgo por el acercamiento de otros grupos armados, tales como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Ejército Popular de Liberación (EPL), las autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y las antiguas estructuras del Bloque Oriental de las FARC-EP.

En medio de la pandemia por el Covid-19 se han reportado casos como los ocurridos en las comunidades negras del Cauca (Jamundí y Buenos Aires), que recibieron mensajes intimidantes. Por otra parte, en Nariño, un grupo armado denominado FARC-EP Frente Oliver Sinisterra, enfrenta a la disidencia que se encuentra en la zona de Patía.

De igual forma, las autoridades han reportado que en el Chocó, Bolívar y Magdalena continúa la coerción por parte de grupos armados y la ejecución de violencias como el desplazamiento forzado, la delincuencia, el enfrentamiento entre pandillas, el asesinato selectivo, las barreras invisibles y el microtráfico.

Es así como esta prórroga debe garantizar la materialización de los derechos territoriales de las comunidades NARP, teniendo en cuenta las limitaciones presupuestales y operativas evidenciadas por los organismos de control , así como el recrudecimiento del conflicto, la inseguridad de líderes sociales afro y las consecuencias sociales y económicas del Covid-19.

Seguiremos de manera atenta la sanción presidencial de la prórroga de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, más específicamente al decreto Ley 4635 de 2011, que son derroteros en los derechos de las comunidades NARP víctimas del conflicto armado, para continuar apoyando a las comunidades negras de Colombia.

 

 

 

 

 

¿Y EL RACISMO POLICIAL QUÉ?

¿Y EL RACISMO POLICIAL QUÉ?

El 22 de septiembre de 2020, la Corte Suprema de Justicia (CSJ), por medio de una histórica sentencia[1], reconoció la vulneración sistemática y generalizada de derechos humanos en el ejercicio del derecho a la protesta por parte de la Fuerza Pública y el Gobierno, a partir de lo ocurrido en las manifestaciones del paro nacional del año 2019.  Esta decisión representó un hito para exponer los abusos policiales que se manifiestan en el uso desproporcionado de la fuerza,  el uso indebido de armas letales y no letales, y el incumplimiento de la normatividad que debe guiar el accionar policial.

Si bien el  cumplimiento de la sentencia se ha visto sometida a dilaciones por parte del Gobierno, el  pasado 5 de enero  fue publicado el decreto 003 de 2021, denominado “Estatuto de reacción, uso y verificación de la fuerza legítima del estado y protección del derecho a la protesta pacífica ciudadana”, lo que representa un primer paso, aunque no se puede decir que es del todo significativo para la transformación y control de la actividad policial en medio de las manifestaciones.

El protocolo representa varios puntos que deben ser analizados para su concreta aplicación, como la prohibición del porte de armas de fuego por parte de la Policía en medio de las manifestaciones, la limitación del uso de la fuerza ( solo puede ser usada en ultimas circunstancias y con instrumentos menos letales, pero no se tiene claridad de cuáles son), el aviso del uso de la fuerza y la primacía del dialogo y la mediación.

También hay un control mayor de la actividad policial antes, durante y después de las manifestaciones, lo que da una pauta a las organizaciones y plataformas de derechos humanos para reconocer hasta qué punto los espacios que se dan en el protocolo resultan efectivos y si, además, las ordenes de vigilancia y reporte exigidas a las instituciones, especialmente, a la Policía Nacional son suficientes para evitar los abusos. Pese a lo anterior,  al igual que la sentencia, el decreto no hizo una reflexión sobre el impacto que tiene la violencia policial en grupos específicos como la población afrodescendiente. Aun cuando el protocolo pone en la mesa que el enfoque diferencial y el principio de no discriminación deben ser tomados en cuenta, el primero es solo un sentido macro del enfoque étnico-racial requerido y de urgente aplicación en la formación y actividad policial, mientras que el segundo continúa con un desarrollo precario que no se refleja concretamente en lo estipulado.

Es importante reflexionar en el decreto dos situaciones esenciales que quedan sin precisar: ¿Cómo se aplica el enfoque étnico-racial en el protocolo o podemos si quiera hablar de su existencia? Y segundo, no queda claro cómo serán definidas la participación de las organizaciones afrodescendientes en las instancias donde se le ha dado cabida a las plataformas de derechos humanos, teniendo en cuenta la importancia de reconocer el abuso policial racista, el uso de perfilamientos y la discriminación racial. .

Queremos además de plantear estas reflexiones, retomar algunos análisis sobre la sentencia concreta de la Corte Suprema de Justicia. Aunque  varios sectores de la opinión pública y del movimiento de derechos humanos ( DD.HH) en Colombia, celebramos en su momento la decisión de la Corte, se debe exhibir la ausencia de valoraciones sobre el accionar policial abusivo y discriminatorio contra personas y comunidades históricamente discriminadas, que ha caracterizado a la institución policial por largo tiempo y que ha sido fuertemente documentado y denunciado por organizaciones sociales afrocolombianas, indígenas y de personas LGBTI.

El abuso policial racista y la violencia por parte de la Fuerza Pública contra personas afrocolombianas no es un problema menor y también se manifiesta en el contexto de las protestas. No olvidemos el accionar del Escuadrón Móvil Antidistubios (ESMAD) durante las manifestaciones del paro nacional  de 2017 y  del paro de Buenaventura  en el 2018, donde varios protestantes  fueron atacados con gases lacrimógenos y chorros de agua.Violaciones que también se da en la cotidianidad de los ejercicios de seguridad ciudadana, como se expuso el informe sobre abuso policial hacia afrodescendientes presentado por ILEX Acción Jurídica en 2020.

La sentencia desarrolló un análisis respecto al uso excesivo de la fuerza, el uso indebido de armas letales y no letales, el incumplimiento de la normatividad que rige el accionar policial, entre otros puntos esenciales, pero esta no visibilizó los criterios discriminatorios ni los prejuicios raciales que también caracteriza las actividades de la Fuerza Pública. Invisibilización que también está guiando el desarrollo del cumplimiento de la sentencia, tal como sucedió en el protocolo, lo que da pie a hacer un llamado por la aplicación real de un enfoque étnico-racial al momento de regular y controlar el accionar policial.

[1] Corte Suprema de Justicia,  Sala de Casación Civil. (22 de septiembre de 2020) Sentencia STC7641-2020 [MP Luis Tolosa Villabona]

La Boquilla o la Lucha por los territorios ancestrales afro del Caribe

La Boquilla o la Lucha por los territorios ancestrales afro del Caribe

Dayana Blanco Acendra y Ricardo Leal

El Consejo Comunitario de La Boquilla, se convirtió en el primer Consejo Comunitario de Comunidades Negras en ser titulado en el Caribe colombiano junto al del Palenque de San Basilio. Llegar hasta ahí, en el año 2012, representó la lucha por ser reconocidas como sujeto beneficiario de la Ley 70 de 1993, y el Decreto 1745 de 1995. Para ello fue necesario superar una interpretación restrictiva que limitaba los procesos de titulación colectiva a “las comunidades negras que han venido ocupando tierras baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la Cuenca del Pacífico (…)”.

Lo anterior significó no sólo la exaltación y defensa de sus usos y costumbres como comunidad negra, en el caso específico de La Boquilla, como comunidad negra de pescadores, y personas bullerengueras protectoras del manglar, si no la lucha activa y efectiva a nivel judicial para la introducción de una comprensión extensiva del concepto de territorio y de comunidad negra, tal como bien se define en la Sentencia T-422 de 1996, donde se establece que  “una comunidad negra existe independientemente de una base territorial urbana o rural determinada”, la Sentencia T-349 de 1996 que hace un acercamiento conceptual a las condiciones para la existencia de grupos étnicos y la Sentencia T- 576 de 2014 que habla de la relación territorio-comunidad más allá de lo definido en la Ley 70 de 1993. El debate sobre la aplicabilidad de la ley en comunidades negras del Caribe ya está superado.

Sin embargo, el pasado 19 de agosto del presente año, el Tribunal Administrativo de Bolívar, en Sentencia 001 de 2020 con Radicado: 13-001-23-33-000-2012-00062-00 decidió en Primera Instancia,  “DECLARAR con efectos ex tunc la nulidad de la Resolución No. 0467 del 30 de marzo del 2012, “por la cual se adjudican en calidad de “TIERRAS DE LAS COMUNIDADES NEGRAS” los terrenos baldíos rurales ocupados colectivamente por las Comunidades Negras integradas en el CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDD(sic) NEGRA DEL GOBIERNO RURAL DE LA BOQUILLA…”. Si bien la sentencia no pone en duda la aplicabilidad de la mencionada Ley en territorios colectivos del Caribe, su contenido restringido y de espaldas a las realidades de esta zona del país, hace que tomen vigencia las complejidades que se viven en estos territorios sobre todo entre las delimitaciones de lo urbano, lo rural y las tensiones que hay respecto de los intereses en estas tierras.

Basados en la lectura pausada y atenta del proveído, no es difícil concluir que esta configura un retroceso en la lucha política y jurídica por el reconocimiento de los derechos territoriales de las comunidades negras en general y de la Costa Caribe colombiana en particular. Así mismo, deja expuesta, la falta de enfoque diferencial étnico en las decisiones judiciales que vinculan a la población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera en Colombia.

Lo anterior, teniendo en cuenta que, en el cuerpo de la Sentencia, así como de la valoración probatoria, en ningún momento se vislumbra así sea de manera general, un análisis etnohistórico de la comunidad, de las características poblacionales de la misma, etnografía o características culturales, aspectos identitarios que dicho sea de paso, también se encuentran condensados en el informe de visita técnica contenido en el expediente de titulación, ignorado de manera nefasta por el colegiado, fundamentándose únicamente, en el Decreto 0977 de 2001, análisis que de haberse realizado, habría cambiado el sentido de la decisión, pues habrían entendido los Magistrados, las dinámicas sociales, historias y ambientales en territorialidades negras.

De la lectura del fallo, además se puede apreciar la falta de enfoque étnico en frases como la que encontramos en la página 18 cuando establece que, “Los artículos 187 y 188 del citado POT, identifican al sector de La Boquilla como una de las áreas urbanas de la ciudad de Cartagena de Indias, susceptibles de renovación y transformación por sus atributos y potencialidad en orden al privilegio del espacio público y la imagen urbana de la ciudad.” (Subrayas fuera de texto) o cuando establece que el otrora INCODER, hoy Agencia Nacional de Tierras “…lisa y llanamente (se) concluyó que se trataba de un predio o área de carácter baldío y tradicionalmente ocupado por las comunidades negras”, cuando en el informe técnico se da cuenta de aspectos etnohistóricos que van más allá de una mera ocupación.

Al anterior panorama, tristemente se suman la falta de respuesta en la contestación de la demanda del INCODER, sucedido procesalmente por la Agencia Nacional de Tierras y del Ministerio Público que también guardó silencio, la única respuesta en favor de la comunidad fue de parte del Representante Legal del Consejo Comunitario, lo cual deja ver claramente que hubo desinterés, por parte de estas entidades, perdiendo incluso, la primera oportunidad de desvirtuar la falta de rigurosidad de la que fue tachado el procedimiento de titulación colectiva del Consejo Comunitario.

La ausencia de estas respuestas en la contestación de la demanda, sin duda influyeron en la decisión del colegiado. Faltó entonces en ese sentido, el análisis técnico, sociológico y en derechos en favor de la comunidad, aspectos que pudieron claramente introducir estas entidades en el traslado de la demanda y cuya ausencia hizo primar el derecho objetivo desde un positivismo obsoleto que abiertamente ignoró todo el desarrollo jurisprudencial de las Cortes en materia de reconocimiento de derechos étnico-territoriales a las comunidades negras del País.

Otra de las aristas de la Sentencia, va un tanto más allá de lo analizado expresamente por esta, y es como un Plan de Ordenamiento Territorial (POT) se construyó ignorando territorialidades, y realidades propias de las comunidades étnicas de este país, omitiendo en su análisis los derechos de las comunidades negras reconocidos a nivel constitucional, legal e incluso a nivel internacional, empezando por los Artículos 13 a 16 del Convenio 169 de la OIT. Esto que pasó en La Boquilla con la sentencia que hoy analizamos, específicamente en lo relacionado con el POT es una realidad que viene afectando territorios con ruralidades y urbanidades mayoritariamente negras. Se ha convertido en un fenómeno común que se cambie la planeación del desarrollo del territorio a través de estos instrumentos públicos/administrativos sin tener cuenta la existencia de comunidades étnicas. Es esta una alerta para que todas/os las/as ciudadanos/as participemos activa, técnica y políticamente de las decisiones que nos afectan, específicamente las que afectan a las comunidades negras en el reconocimiento de la heterogeneidad que nos caracteriza y particulariza.

De todo lo anterior nos quedan tres conclusiones:

  1. El Tribunal centra todo su esfuerzo en la pobre tarea de explicar las diferencias entre lo urbano y lo rural sin detenerse a analizar el impacto real que producen los cambios del uso del suelo en comunidades que han habitado ciertos territorios históricamente.
  2. No se detiene el Tribunal ni un solo momento en hacer un aterrizaje etnohistórico del proceso objeto decisión, hecho que sólo da cuenta de lo desgastada y obsoleta que puede ser a veces la Rama Judicial, sobre todo en espacios como Cartagena.
  3. A la ANT habrá de quedarle una moraleja y es que ese desliz institucional, esa desidia, la lentitud, la ineficiente puesta en marcha del proceso de titulación regulado en la Ley 70 de 1993 y el Decreto 1745 de 1995, le puede traer consecuencias nefastas a las comunidades negras del país, sobre todo a las del Caribe.
    También es válido preguntarse sobre el compromiso institucional de la Agencia para defender sus propias decisiones en todas las instancias, mas allá del afán noticioso de 2012 por la llegada de Barack Obama al país.

 

Seguiremos de manera atenta la consolidación del recurso que deberá presentar la Agencia Nacional de Tierras en el término de la ejecutoria de la Sentencia, por ser ella la competente y la promesa reciente de las autoridades distritales, específicamente la Secretaría del Interior de Cartagena de apoyar, como es su deber, a las comunidades negras de La Boquilla. No todo está dicho, la lucha sigue activa esta vez en la sede del Tribunal Administrativo de Bolívar.