MEDIDAS DE PROTECCIÓN A LÍDERES SOCIALES: AUSENCIA DE CIFRAS REALES Y DE UN ENFOQUE ÉTNICO- RACIAL ADECUADO

MEDIDAS DE PROTECCIÓN A LÍDERES SOCIALES: AUSENCIA DE CIFRAS REALES Y DE UN ENFOQUE ÉTNICO- RACIAL ADECUADO

A pesar de los esfuerzos para la finalización del conflicto armado y la garantía de una paz estable y duradera, las violaciones a derechos humanos contra de los líderes/as sociales continúan en aumento. Colombia es un país que en materia de protección y seguridad a líderes/as sociales tiene grandes debilidades, entre estas, que las herramientas y entidades que existen para garantizar el ejercicio de liderazgos y la defensa de derechos no cuentan con enfoques diferenciales que propendan por proteger la vida de los líderes/as desde una mirada étnico-racial. Por dicha razón, la implementación en el análisis del problema de violencia contra líderes/as sociales y las  medidas de protección resultan poco efectivas y se dificulta la real protección de estos/as.

La situación que enfrentan los líderes/as sociales afro es mucho más gravosa si tenemos en consideración las dinámicas de violencia y conflicto armado que se han presentado en los territorios habitados por las comunidades afrodescendientes. De hecho, la Corte Constitucional a través del Auto 005 de 2009 ha reconocido que existen unos riesgos caracterizados que han enfrentado las comunidades afro en sus territorios, sumado a la discriminación y la lucha constante por mejores oportunidades.

La necesidad de una implementación de medidas de protección con enfoque étnico-racial radica en realizar un acercamiento culturalmente adecuado a los líderes/as sociales, que permita a su vez comprender el rol que los mismos desenvuelven al interior de la comunidad. Permitiría también que este acercamiento haga parte del análisis de los riesgos que afectan su liderazgo y que las medidas de protección se implementen procurando no fracturar el tejido social y dinámicas de su comunidad.

La sistematicidad de las violencias ejercidas en contra de los líderes/as sociales afro en conjunto con la falta de enfoques diferenciales reales por parte de las entidades del Estado también han dificultado la posibilidad de contar con cifras reales frente a las amenazas y asesinatos de estos líderes, ya que los números que se registran en las distintas páginas oficiales de las entidades estatales no corresponden a los que algunas organizaciones de la sociedad civil han manejado.

 En el Informe “Líderes y Defensores de DDHH Asesinados al 26 de Julio de 2019”, INDEPAZ publicó que para el año 2018 se reportó el asesinato de 282 líderes/as, mientras que en el año 2019 se registraron 112 casos de asesinatos. En su lugar, la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales desde el 7 de agosto de 2018 hasta el 7 de noviembre del 2020 registró 198 asesinatos a líderes sociales, lo que, para el actual gobierno, que usa los datos de dicha consejería, significa la reducción en el número de líderes sociales asesinados y el avance en materia de protección.

Lo anterior demuestra la existencia de un subregistro en materia de asesinatos a líderes/as sociales, al tiempo que evidencia la falta de articulación en materia de levantamiento de datos por parte del actual gobierno y de las organizaciones de la sociedad civil, muchas de las cuales se encuentran en el terreno.

En medio de estas dificultades, la población afrocolombiana suma un muerto más a la cifra. El día 13 de junio del 2021 fue asesinado Harold Angulo Vencé, conocido en el medio artístico como “Junior Jein”, reconocido líder cultural afrocolombiano y quien fue pionero en el movimiento urbano del Pacífico colombiano. Durante su trayectoria artística, “Junior Jein” se dedicó a luchar contra la discriminación racial, visibilizar la situación de vulnerabilidad que se vive en los territorios afro y apoyar las protestas sociales que se vienen adelantando en el marco del paro nacional que inició el 28 de abril del 2021; con este asesinato ya son 73 los líderes/as sociales asesinados en Colombia según información publicada por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz-INDEPAZ-.

Resulta indispensable que el Estado colombiano se comprometa a analizar este problema con enfoques diferenciales, a garantizar la vida e integridad de los líderes/as sociales, pero que además se dé un registro real del número de líderes/as sociales étnica y racialmente diferenciados que han sido amenazados y/o asesinados para de esa manera establecer por parte del Estado y las organizaciones de la sociedad civil las estrategias que se implementarían para combatir este tipo de violencia diferenciada.

 

EL GLIFOSATO TAMBIÉN DEBE PARAR: PONGÁMOSLE EL OJO A LA REANUDACIÓN DE LAS ASPERSIONES

EL GLIFOSATO TAMBIÉN DEBE PARAR: PONGÁMOSLE EL OJO A LA REANUDACIÓN DE LAS ASPERSIONES

El 11 de mayo de 2020, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto,  protegió los derechos a la consulta previa de las comunidades afrodescendientes e indígenas del pacifico nariñense frente a la aspersión área con glifosato y ordenó la suspensión de las diligencias de licenciamiento ambiental y la realización de la consulta previa para garantizar una participación acorde a las características y necesidades de los territorios.

Este es un nuevo revés a la pretensión del Gobierno de fumigar con glifosato y pone en la mesa la necesidad estar atentos/as a sus esfuerzos por imponerlo. En ese sentido, es importante reflexionar sobre el Decreto 380 de 2021, que regula el control de los riesgos para la salud y el medio ambiente en el marco de la erradicación de cultivos ilícitos mediante el método de aspersión aérea, el cual como veremos, no cumple las condiciones para proteger la integridad de las comunidades.

En primera medida, dentro de la parte motiva del decreto y su articulado  se omite por completo contemplar dos normatividades que deben guiar el PECIG: el Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera (Acto legislativo 02 de 2017) y el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos -PNIS- (Decreto – ley 896 de 2017).

Estas normas son determinantes porque el punto 4.1.3.2 del Acuerdo de Paz, establece que en los casos donde no exista consenso con las comunidades, el Gobierno debe propender por la erradicación manual y en última instancia en las aspersiones, sin embargo, no hay mención alguna en el decreto. Tampoco se hace referencia a las comunidades que están cobijadas por los programas de sustitución voluntaria, y que en la actualidad están expuestas a los incumplimientos del Gobierno. Lo mencionado, no es una observación caprichosa, es una orden de la Corte Constitucional en el Auto 387 de 2019, que dispuso que toda política pública que se desarrolle dentro de la política de drogas debe derivarse de lo acordado en el punto 4 del acuerdo.

De otro lado, una de las precisiones para contemplar la reanudación de aspersiones con glifosato que hizo la Corte Constitucional en la sentencia T-236 de 2017, fue que los procedimientos de queja deben ser comprehensivos, independientes, imparciales y vinculados con la evaluación de riesgo.  En relación con este punto observamos que:

I.Las entidades encargadas de recibir estas quejas y determinar si son procedentes para hacer una evaluación, son las mismas que han estado en la posición de aceptar el uso del glifosato, que, en contraste con experiencias anteriores, no es del todo confiable.

II.En relación con quejas por riesgo de salud, se precisa el criterio de un médico tratante y una atención del sistema de salud, exigencia que desconoce las barreras que sufren las comunidades, especialmente étnicas para llegar a centros hospitalarios.

III. La decisión de la pertinencia de las quejas presentadas por las comunidades, se limita a los criterios de la Agencia Nacional de Licencias Ambiental, el Instituto Nacional de Salud y el Instituto Nacional Agropecuario. Encima,  con el decreto 333 de 2021, las tutelas que son interpuestas precisamente en situaciones de peligro inminente en el marco de las aspersiones son restringidas a la competencia del Consejo de Estado, lo que implica trabas y retrasos a un asunto de especial urgencia, especialmente para las comunidades afrocolombianas e indígenas marginadas y excluidas.

Como asunto anexo se deben anotar las pocas garantías de la participación. El decreto, pese a incluir espacios participación de las comunidades, en ningún punto refleja que estos tendrán incidencia en las decisiones que puedan definir el uso o no del glifosato en los territorios. Lo más preocupante,  es que tiende a negar el deber de incluir a las comunidades que serían afectadas por encontrarse en las áreas de aspersión. Se anuda también que  resultó paradójico encontrar que una de las formas de participación efectiva sea a través de las páginas web de las instituciones, aun sabiendo que hay múltiples comunidades étnicas excluidas, que no han sido llamadas a los “espacios concretos” y que tienen un paupérrimo o inexistente acceso a internet y tecnologías de la información.

Sin duda alguna, estas anotaciones muestran la política del Gobierno de espaldas a las realidades de las comunidades y a la urgencia de proteger sus derechos humanos. Si bien este decreto no significa que se reanuden las aspersiones, sí demuestra una decisión clara de adoptar una estrategia nociva para combatir los cultivos de uso ilícito y el narcotráfico, por encima de las poblaciones que están en medio del abandono y la discriminación estructural.

 

 

 

 

 

 

 

 

LA PARTERÍA Y LA RESISTENCIA DE LAS MUJERES AFROCOLOMBIANAS

LA PARTERÍA Y LA RESISTENCIA DE LAS MUJERES AFROCOLOMBIANAS

En el mes de marzo, cuando conmemoramos la lucha contra la discriminación racial y la lucha por la equidad y la justicia para las mujeres, reflexionamos sobre la fortaleza y resistencia de quienes están en la intersección entre el género y la raza. La lucha contra la discriminación racial y la lucha por la igualdad de género tiene cara de mujer, de mujer negra, por eso en esta ocasión queremos dedicar este espacio a reconocer la labor de personas, en su mayoría mujeres negras, que se dedican a la defensa de la vida y la salud en los territorios, las parteras. 

La partería entre la población afro es una práctica ancestral que se remonta, en Colombia, a la vergonzante época de la  esclavización, en la que las mujeres, en su mayoría,  mantenían en sus comunidades aprendizajes y conocimientos sobre el parto y la salud reproductiva. Esto ha representado hasta el día de hoy un elemento esencial de la identidad de las comunidades afrodescendientes, la unidad de los territorios y la protección de la integridad de los derechos sexuales y reproductivos. Todo esto se ha logrado a través de un ejercicio continuo de resistencia que pese al abandono estatal y el conflicto armado presente en los territorios ha insistido en esta práctica como una forma de supervivencia no solo cultural, también física, ante la ausencia de un sistema de salud integral que atienda las necesidades de la población. 

La partería se compone de procesos de comadraje y sororidad entre mujeres para la conservación de su salud mental y física, compartir vivencias de su ejercicio y escuchar a las otras como iguales. El Plan Especial de Salvaguarda de los saberes asociados a la partería afro del pacifico, enmarcado en el reconocimiento de la partería como patrimonio inmaterial de la nación, reconoce a las mujeres que ejercen la partería, como aquellas que respetan los derechos de las mujer, pues su actuar se guía en la libertad, el respeto por el cuerpo y sus deseos autónomos. Estos pilares implican que las relaciones que se crean entre las mujeres y las parteras sea un ejercicio de confianza colectivo, que preserva el sentido de lo comunitario y el arraigo al territorio. 

Las parteras son personas que contrarían el sistema guiado por el individualismo y la despersonalización del otro. En ese sentido, la partería puede ser vista como una practica contestataria que relaciona lo propio con lo sagrado, que pervive, incluso, en medio del conflicto armado que azota al pacifico colombiano. Que, en la actualidad, las plantas tradicionales para las curaciones y tratamientos se cultiven incluso en las azoteas o patios de las viviendas de las aprendices de partería y no en los territorios que se vieron obligados a abandonar, es una muestra valiosa de lo que implica la transformación de las practicas culturales que se resisten a desaparecer. 

Ni las entidades territoriales ni el gobierno han comprendido que ellas son las que salvan las vidas de cientos de personas en los territorios, quienes se ven enfrentadas no solo a la ausencia de un sistema de salud, sino al conflicto armado que se ha recrudecido en zonas como Chocó y Buenaventura. Este grupo también se enfrenta a violencias económicas porque no tienen recursos suficientes para su sustento y al no incluirlas en el talento humano de salud, no se les dio el reconocimiento el derecho a atención prioritaria en el marco de la pandemia. Además, las omisiones de las ayudas solicitadas por asociaciones como ASOPARUPA y ASOREDIPARCHOCO, escasez de elementos de bioseguridad, han obligado a las parteras a menguar sus servicios, a cerrar los nichos donde atienden a mujeres y comunidad en general, a aislarse pues se exponen a la muerte al prestar sus servicios, debido a que la mayoría de sus miembros son personas de avanzada edad y con enfermedades preexistentes. 

Este es un llamado a la protección real de estas mujeres que hoy resisten para no perder lo construido y lo conservado. Reconocemos el logro alcanzado el 23 de marzo de 2021 con la aprobación en primer debate del proyecto de Ley “Por medio del cual se define la partería tradicional afro del Pacífico colombiano, se exalta y reconoce como oficio ancestral y se adoptan las medidas para su salvaguardia, transmisión y protección”, por parte de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. Esta propuesta cuenta con seis artículos y busca que el gobierno nacional y sus distintas instituciones adopten medidas para garantizar la sostenibilidad de la partería. Sin embargo, esto es solo un pequeño paso frente al reconocimiento legítimo y las condiciones que se deben brindar a las parteras para ejercer su oficio en condiciones de dignidad, sobretodo en la situación de desigualdad estructural que ha develado la pandemia.

 

MUJERES NEGRAS, EMPOBRECIDAS, BARRIALES, TRANS: TODAS LAS LUCHAS DEL FEMINISMO

MUJERES NEGRAS, EMPOBRECIDAS, BARRIALES, TRANS: TODAS LAS LUCHAS DEL FEMINISMO

Cuando en 1977 se institucionalizó el 8 de marzo por la ONU como el Día Internacional por los Derechos de la Mujer, las luchas, reivindicaciones y consignas distaban de tener en cuenta los tejidos de resistencia, rebeldía y construcción de nuevos pensamientos de las mujeres empobrecidas, negras, barriales  y LBT ( Lesbianas,Bisexuales y Transgénero), ubicadas en este lado del mundo.

El feminismo como lo conocemos ahora, no es uno ni homogéneo, se ha ido transformando por la llegada de pensamientos y reflexiones de otras mujeres de procedencias étnicas, raciales y sexuales diversas, que han sido excluidas e invisibilizadas los espacios de construcción de conocimiento, mujeres que instalan nuevas preguntas y ponen de relieve problemáticas que tienen su origen en la estructura e historia de la sociedad y que, de alguna manera, no habían sido denunciadas por el feminismo en sus orígenes.

Han sido los feminismos negros – antirracistas, decoloniales, trans y LB, entre otros, los que han dado un sentido más profundo a la búsqueda de justicia social para todas las mujeres, sobre todo, para las más vulnerables y ,con ello, han establecido las bases para una real transformación de la sociedad. Una de las representantes más reconocidas de estos feminismos transformadores es Ángela Davis que en una frase resume el impacto de la lucha de las mujeres negras, barriales, empobrecidas y diversas: “Cuando la mujer negra se mueve, toda la estructura de la sociedad se mueve con ella, porque todo se desestabiliza a partir de la base de la pirámide social en la que se encuentran las mujeres negras, se cambia la base del capitalismo”.

En  su ensayo sobre la triple discriminación de las mujeres negras, Lorena Álvarez, expone que  las mujeres negras históricamente han sufrido los efectos de la división histórica que existe entre el trabajo productivo y el trabajo reproductivo, en donde el primero, es reconocido económica y socialmente como trabajo en las sociedades industrializadas y reservado según el imaginario colectivo a los hombres; y el segundo es definido como aquellas actividades reservadas al mundo femenino, que están destinadas a llevar la labor del cuidado y a mantener la infraestructura familiar del hogar, por las cuales no se recibe ninguna remuneración o salario, y permanecen invisibles social y económicamente.

En ese sentido, la lucha feminista negra está atravesada por variables de opresión sobre las mujeres, como la raza, el género y la clase, que exacerban las condiciones de desigualdad que experimenta esta población en un contexto dado.

Como consecuencia, en los espacios sociales como las escuelas, los territorios, las actividades económicas y los hogares, entre otros, persisten las condiciones de marginalidad, pobreza y falta de reconocimiento para muchas mujeres negras, quienes además de desempeñar labores de cuidado, desarrollan labores económicas y en los territorios luchan por conservar el conocimiento tradicional.

En relación con el legado de lucha por preservar los conocimientos tradicionales de las comunidades negras, es necesario destacar en Colombia el trabajo de las parteras del Pacifico y de organizaciones como Asoparupa, que acoge a más de 250 parteras y aprendices, y resalta el valor de la tradición, la cultura afro y la medicina ancestral.

Liceth Quiñones, directora de Asoparupa,  le aseguró a la Revista Semana que  “la partería es algo tan natural, íntimo y humano que uno se mete a la vida, al alma de esa mujer que tiene a su bebe”, y que, además, “la partera aporta identidad cultural y territorial en las comunidades. Simboliza y refuerza esos diálogos ancestrales en relación con el autocuidado y el cuidado mutuo del cuerpo”.

Con respecto al territorio, las mujeres negras han tenido un aporte significativo de liderazgo en su defensa y  han sido vital para la materialización de los postulados de la Ley 70 de 1993, ley que es estratégica para la lucha por la vida y el territorio.

“En la construcción de esa propuesta fuimos lideresas, convocando, llamando a la gente, empezamos a liderarlo mujeres allá en el río, porque éramos las que más le llegamos a la comunidad, en ese momento solo estaba nuestra organización de mujeres que nació en el 80. 87 y 88 ya empezamos con lo del transitorio (Artículo Transitorio 55), después en ONUIRA (organización del río Anchicayà) llega más gente, no solo mujeres sino mixta y empezamos a luchar por todo lo que tenía que ver con la organización de nosotros como pueblo negro. El papel protagónico siempre ha sido de las mujeres”, aseguró Beatriz Mosquera en una investigación que hizo para la Universidad del Valle en 2010.

Debe seguirse impulsando el reconocimiento del trabajo de las mujeres negras en los movimientos sociales en la defensa del territorio para que este no sea invisibilizado. De acuerdo a Lozano Lerma en el artículo ‘El feminismo no puede ser uno porque las mujeres somos diversas’, estas mujeres han sido amenazadas, muchas otras desplazadas de sus comunidades, y aun así son resilientes de estos actos violentos. Desde ellas se crean medidas de autocuidado y de protección interna para que los procesos “no se mueran”, demostrando que su resistencia y lucha son políticas.

La invitación es repensar el feminismo desde un enfoque de raza y género, para así situar las opresiones más allá de la categoría de género, visibilizando el contexto individual, la colonización y la mirada occidental que existe en los propios discursos, para pensarse un feminismo latinoamericano, negro, indígena, lésbico, trans y de resistencia. Tal y como lo plantea Yuderkys Espinosa en su artículo ‘Una crítica descolonial a la epistemología feminista crítica’, la destrucción de la idea de patriarcado solo es posible desde el reconocimiento con la otra, la igual.

Es precisa la lucha y garantía de los derechos de las mujeres negras LBT para poder hablar de justicia social ya que, si los derechos no son garantizados, no existe democracia. El feminismo tendrá que ser antirracista y anti-transfóbico, o no será.

 

 

EL COVID-19, VACUNAS Y  POBLACIÓN AFRODESCENDIENTE

EL COVID-19, VACUNAS Y POBLACIÓN AFRODESCENDIENTE

En la última semana de enero, el Gobierno nacional confirmó la adopción del plan nacional de vacunación contra el virus del Covid-19 a través del Decreto 109 de 2021.  Sin embargo, este pronunciamiento se realizó en medio de fuertes cuestionamientos sobre la capacidad de implementar dicho plan en zonas rurales, apartadas y con bajos niveles de atención en salud y/o conectividad como son las áreas habitadas por población afrocolombiana, indígena y campesina del país.

Los datos a los que se tienen acceso hasta ahora sobre la capacidad del sistema de salud, condiciones sanitarias adecuadas, garantía de ingresos básicos y niveles de conectividad en territorios con gran porcentaje de población afrodescendiente y ruralidad, evidencian un panorama poco favorable para la implementación del plan nacional de vacunación para estas comunidades .Por ejemplo, en el municipio de Quibdó, Chocó, la capacidad instalada de las IPS tanto en camas, como en salas es menor en comparación a Bogotá y el promedio nacional.

Asimismo, se observa que el departamento del Chocó tiene el menor número de profesionales en cualquier área de la salud, mientras que Bogotá es la ciudad con mayores profesionales por cada 10.000 habitantes, según el Ministerio de Salud.

En el plan de vacunación presentado por el Gobierno se detallaron los criterios para la selección de los grupos elegibles para la inmunización colectiva, así como las condiciones de priorización,  las fases en las que se desarrollará el proceso, la disponibilidad de inmunizadores que tendrá el país durante el 2021 y la logística de distribución. No obstante,  hay escasa o nula información alrededor de las estrategias que se desarrollarán en los lugares del territorio nacional  donde la red pública y privada de salud es insuficiente para desarrollar dicha campaña.

Esta carencia de información fue más notoria en la zona de la Amazonia y la región Pacífica donde existe una alta concentración de grupos indígenas y afrocolombianos. Falla igualmente el plan al omitir el personal médico tradicional de los territorios étnicos, como parte del talento humano de la salud de primera línea de atención en contextos étnicos comunitarios para ser vacunados en la etapa uno de la primera fase del plan.

Teniendo en cuenta, además de lo ya mencionado, que las deficiencias del sistema de salud ya habían sido advertidas por la Corte Constitucional en su  Sentencia T-760 de 2008, donde ordenó tomar medidas estructurales para atender las distintas fallas en la prestación de servicios de salud, es preciso concluir que en este panorama, el sistema de salud no cuenta con la capacidad suficiente para atender el plan, afectando especialmente a las poblaciones más vulnerables.

Es innegable la urgencia  de atender ciertas zonas del país en lo que tiene que ver con el plan. Según las normas sanitarias de protección para evitar infecciones y posibles contagios de Covid-19, es fundamental el lavado constante de manos y el acceso a servicios básicos, sin embargo, el 33,6% de los municipios con mayoría de personas afrocolombianas aún no cuentan con condiciones vitales y sanitarias mínimas, como sanitarios y acueducto versus el 4,7% de los municipios cuya población no reportó ninguna etnicidad (cálculo con base información DANE, 2018).

 

En relación a la vivienda y el acceso a servicios públicos en el 2018, el 11,4% de los hogares localizados en municipios que concentran  población afrocolombiana residían bajo condiciones ­­­inapropiadas para el alojamiento humano, versus un 7,9% de los hogares que se localizan en el resto de los municipios sin incluir comunidades indígenas (cálculo con base información DANE). Se estima que esta brecha aumentó durante los últimos años.

 

De otro lado, la pandemia del Covid-19 ha traído consigo la adopción de medidas administrativas locales y nacionales que alteraron la vida de la población afro por las restricciones a la libertad de locomoción y de tránsito. En consecuencia, cambió el significado de los espacios públicos para las personas afrodescendientes como lugares de producción y trabajo porque ahora son considerados sitios de alto riesgo de contagio.

La población afrodescendiente  se concentra en el mercado informal o en ramas económicas como el sector servicios (restaurantes, hoteles, entre otras), que fueron las más afectadas durante la crisis y que incluso siguen estando inactivas. Las personas que dependen de la economía informal o que no cuentan con ningún tipo de apoyo económico o asistencial deben decidir entre arriesgarse al contagio o enfrentar el hambre y la pobreza en sus casas.

Sumado a lo anterior, la pandemia por Covid-19 impuso la necesidad de tener acceso a la conectividad como un servicio básico para acceder a la educación, el trabajo, derechos fundamentales y conocer información vital sobre distribución y disposición de las vacunas.

A través de las plataformas Mivacuna Covid  y Paiweb, tal como lo anuncia el decreto, se busca implementar consultas individuales sobre la etapa en la que cada persona fue clasificada y el agendamiento de citas, así como establecer un sistema de registro nominal de la aplicación de vacunas en territorio colombiano, respectivamente. Sin embargo, estas herramientas digitales pretenden implementarse sin explicar cómo será su uso en zonas como las habitadas en su mayoría por población afrocolombiana que tienen, en promedio, una menor tasa de cobertura de internet, teniendo una diferencia significativa de 5,22 puntos menos respecto al resto de municipios del país , según la última actualización del  DANE.

Estas cifras revelan que nos encontramos frente a una crisis con consecuencias, no solo sanitarias sino sociales, culturales y económicas de gran escala que requieren respuestas sólidas y urgentes por parte del Estado. Es urgente proteger los derechos a la vida, salud e integridad personal de las poblaciones que se encuentran frente al riesgo de contagio inminente e implementar el enfoque étnico-racial en toda estrategia, política o medida dirigida a enfrentar la pandemia del Covid-19.

 

 

 

 

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PRÓRROGA DE LA LEY DE VÍCTIMAS: LOS PENDIENTES CON LAS COMUNIDADES NARP

PRÓRROGA DE LA LEY DE VÍCTIMAS: LOS PENDIENTES CON LAS COMUNIDADES NARP

En cumplimiento a lo ordenado por la Corte Constitucional en la sentencia C-588 de 2019 , en días pasados fue sancionada la prórroga de la Ley 1448 del 2011, conocida como Ley de Víctimas,  y sus Decretos Ley 4633 y 4635 de 2011, este último para la Restitución de Derechos Territoriales de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras (NARP), cuyo siguiente trámite está en manos del Congreso, donde se debatirá el proceso de ejecución y cumplimiento de la normatividad.

Si bien debe reconocerse este gran paso hacia la reparación integral de las más de 9.000 víctimas del conflicto armado en Colombia, la prórroga per sé no garantiza la materialización de los derechos de las víctimas, y en menos medida los de las victimas NARP y sus territorios, debido a que en este caso es necesario consolidar los temas operativos y presupuestales que hagan posible la implementación integral  de dicha política.

En relación con el Decreto Ley 4635 del 2011, la restitución de derechos territoriales busca el retorno al territorio, la caracterización de afectacciones territoriales y la garantía de derechos de las comunidades NARP. Sin embargo, a la fecha, los procesos que se encuentran en curso han superado los términos de ley para decidir sobre la inscripción en el Registro de Tierras Despojadas en etapa administrativa e, incluso, para dictar sentencia en etapa judicial. Las comunidades esperan entre 3 a 5 años para obtener un fallo de restitución.

Asimismo, en la etapa postfallo, el cumplimiento de este tipo de sentencias soporta las limitaciones institucionales de las entidades que hacen parte del SNARIV (Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas), entre estas la Agencia Nacional de Tierras (ANT), encargada de un asunto cardinal de todo este proceso, la titulación de territorios de comunidades negras.

El Estado debe adoptar políticas integrales para la etapa procesal y posfallo de restitución de tierras donde se cuente con los recursos suficientes para garantizar la implementación, seguimiento a las sentencias judiciales, la ejecución de órdenes acerca de la restitución material y jurídica de las tierras en cuestión, la aplicación de reparaciones colectivas, y las condiciones necesarias para el retorno digno y seguro.

Por otro lado, es necesario analizar el escenario de incertidumbre presupuestal sobre la  financiación, que se recrudece por la pandemia del Covid-19. Según la Contraloría General de la República (20 de agosto de 2020), se advierte que por la crisis derivada de la pandemia puede que del 1’813.644 víctimas que habían mejorado sus condiciones en 2019, vean deteriorada su situación socioeconómica, volviendo a vivir en condiciones de pobreza y pobreza extrema.

De manera global, el presupuesto para la atención y reparación de las comunidades NARP víctimas han disminuido en las últimas dos vigencias. De 2017 a 2019, los recursos apropiados para la atención y reparación de las víctimas NARP descendieron en un 43%, según el último informe de la Defensoría del Pueblo en esta materia.

Es así como, tras la sanción de la prórroga de la Ley 1448 de 2011 y sus decretos ley, debe existir una revisión de la capacidad institucional y presupuestal para garantizar que la misma sea determinante en el cumplimiento de los principios de la justicia transicional.

Es imperante destacar que en la actualidad y posterior a la firma del Acuerdo de Paz con las FARC-EP, los territorios de las comunidades NARP siguen inmersos en escenarios de riesgo por el acercamiento de otros grupos armados, tales como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Ejército Popular de Liberación (EPL), las autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y las antiguas estructuras del Bloque Oriental de las FARC-EP.

En medio de la pandemia por el Covid-19 se han reportado casos como los ocurridos en las comunidades negras del Cauca (Jamundí y Buenos Aires), que recibieron mensajes intimidantes. Por otra parte, en Nariño, un grupo armado denominado FARC-EP Frente Oliver Sinisterra, enfrenta a la disidencia que se encuentra en la zona de Patía.

De igual forma, las autoridades han reportado que en el Chocó, Bolívar y Magdalena continúa la coerción por parte de grupos armados y la ejecución de violencias como el desplazamiento forzado, la delincuencia, el enfrentamiento entre pandillas, el asesinato selectivo, las barreras invisibles y el microtráfico.

Es así como esta prórroga debe garantizar la materialización de los derechos territoriales de las comunidades NARP, teniendo en cuenta las limitaciones presupuestales y operativas evidenciadas por los organismos de control , así como el recrudecimiento del conflicto, la inseguridad de líderes sociales afro y las consecuencias sociales y económicas del Covid-19.

Seguiremos de manera atenta la sanción presidencial de la prórroga de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, más específicamente al decreto Ley 4635 de 2011, que son derroteros en los derechos de las comunidades NARP víctimas del conflicto armado, para continuar apoyando a las comunidades negras de Colombia.