TIPS PARA EVITAR DISFRACES RACISTAS EN HALLOWEEN

TIPS PARA EVITAR DISFRACES RACISTAS EN HALLOWEEN

Faltando pocos días para Halloween, para algunos ‘La Fiesta de Disfraces’ o simplemente el 31 de octubre, es importante saber cómo evitar caer en la reproducción de estereotipos racistas a la hora de escoger los disfraces. Acá dejamos algunas recomendaciones.

Lo primero que debemos hacer es reconocer que en Colombia, al igual que en América Latina, persisten ideas, imaginarios y prácticas heredadas de la colonización. Por tanto, el racismo permanece de forma estructural tanto en las instituciones como en el relacionamiento social, “fijando huellas de la esclavitud” de manera natruralizada, como lo menciona Rosa Campoalegre Septien en su texto ‘Educar en resistencias y contra hegemonías más alla del decenio’.

De igual forma, es importante entender que los disfraces, en general, se usan para las fiestas y carnavales, bajo un contexto burlesco y desfigurativo, que puede llegar a ser ofensivo con las identidades de las demás personas y sus  factores culturales o históricos.

El siguiente paso es cuestionarse si el disfraz que se quiere utilizar está asociado al tono de piel de una persona. Advertencia: es fundamental tachar el blackface, los disfraces de negra/ negro, esclavizados o cualquiera que se base en la identidad étnico-racial de las personas. No olvidemos que el blackface fue y sigue siendo una práctica ofensiva e hiriente.

Recordemos que «todas estas representaciones en las que se hace burla de las personas negras, y de su cuerpo, buscan reforzar la ideología racista», como lo dijo el historiador panafricanista español de origen colombiano Antumi Toasijé en un reportaje de la BBC  Mundo sobre el blackface en 2019.

En caso de que el disfraz pretenda hacer referencia a un hecho o periodo histórico es importante investigar y a partir de allí preguntarse si revictimiza, es insensible frente al dolor padecido por algún grupo de personas o saca de contexto alguna práctica cultural o conocimiento tradicional de un grupo poblacional / comunidad.

Así mismo, es clave hacer énfasis en evitar disfraces que apelen a la hipersexualización de las personas racializadas. Esto aplica tanto para mujeres como para hombres. Este tipo de acciones ahonda en las afectaciones físicas y psicológicas que han tenido que sobrellevar las personas afrodescendientes, derivadas de la relación entre la colonización y sus cuerpos.

¿Y qué pasa con los disfraces de español o que hacen alusión a personas blancas?

El personaje de Samantha White en la serie ‘Dear White People’ de Netflix responde lo siguiente frente a un debate similar cuando en el campus de la universidad personas blancas  se disfrazan de negros en una fiesta de disfraces:

“La diferencia es esta: mis bromas no encarcelan a sus jóvenes a tasas alarmantes o hacen que sea inseguro para ustedes caminar por sus vecindarios, pero las suyas sí, cuando se burlan o nos denigran, refuerza el sistema imperante, cuando un policía apunta un hombre negro no ve un ser humano, ve una caricatura, un delincuente, un negro. Así que no, no pueden disfrazarse de estereotipos de nosotros en una fiesta de Halloween y decir que es irónico o alegar ignorancia, ya no”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN, HACIA LA LUCHA CONTRA EL RACISMO

MEDIOS DE COMUNICACIÓN, HACIA LA LUCHA CONTRA EL RACISMO

Debemos reforzar el uso de los medios de comunicación como herramienta para combatir el racismo estructural.  La forma en la que algunos portales noticiosos cubrieron el pasado 12 de octubre, fecha en la que se conmemora el mal llamado ‘Día de la Raza’, ahora también denominado ‘Día de la Resistencia’ o ‘Día del Respeto por la Diversidad Cultural’, es una muestra de ello. Aún no se logra comprender la importancia de resignificar la fecha ni la relevancia que tienen los pueblos indígenas y afrodescendientes en este ejercicio.

Históricamente, esta conmemoración ha estado asociada a recordar la invasión de los españoles a las Américas en 1492 y a la celebración de la hispanidad. Sin  embargo,  ¿Por qué no debemos celebrar el ‘Día de la Raza’? ¿Por qué algunas organizaciones apelan al ‘Día de la Diversidad’? Son preguntas que se sigue haciendo la ciudadanía cada 12 de octubre, pero en los medios las respuestas siguen siendo abordadas, en su mayoría, desde un lugar ajeno y sin mayor profundidad. Quizá para evitar el proceso interno y personal que implica hablar del racismo.

“Los indígenas dicen que no hay nada que celebrar”,  “Las organizaciones aseguran que no hay nada que celebrar”, señalaron algunos medios de comunicación al reseñar la fecha, haciendo un abordaje del racismo y la discriminación como un tema que no  los toca y que hay tratar bajo las reglas de la objetividad periodística, sin reconocer que el lenguaje está permeado por la construcción del imaginario colonizador que sitúa a las poblaciones indígenas y afrodescendientes como inferiores, ni tener en cuenta que lo que buscan este tipo de movilizaciones sociales es resignificar esta conmemoración y pasar de la celebración al reconocimiento de la resistencia de los pueblos y de la necesidad de poner en la agenda pública las deudas históricas que tiene la sociedad con ellos.

 En este sentido, vale la pena mirar trabajos como el realizado por Carolina Arrunátegui Matos sobre la prensa peruana y el racismo  en el que reflexiona sobre los planteamientos del autor colombiano Santiago Castro Gómez en su texto ‘La poscolonialidad explicada a los niños’. “El dominio colonial no se consiguió tan solo asesinando y sometiendo al otro por la fuerza, sino que requirió de un elemento ideológico o representacional, es decir, de la construcción de un discurso sobre el otro que lo situara como inferior”, dice.

Ya en 2012 lo había advertido el Ministerio del Interior cuando realizó un informe junto a la Organización Mundial para las Migraciones (OIM) y el Observatorio Contra la Discriminación y el Racismo:  existen en los medios de comunicación tendencias negativas, reproducción de estigmas, prejuicios sociales y ausencia de cubrimiento de los problemas cotidianos de la comunidad afrocolombiana.

En dicho estudio se evidencia que los medios registran solo entre 2 % y 9%  las noticias, hechos o acontecimientos que involucren a la población afrocolombiana y por tanto es necesario que estos se incluyan en el papel de eliminar la discriminación y el racismo, empezando por reconstruir el imaginario en el que la población afrolombiana solo se traduce en miseria,  crimen, la prostitución, deporte y  música.

En este sentido, es importante resaltar que el Programa de Acción de Durban contra el racismo y la discriminación señala que es deber de los medios de comunicación representar la diversidad de la sociedad multicultural, sin promover o utilizar imágenes falsas y estereotipos que difundan sentimientos racistas y xenófobos. También indica que una de sus funciones es informar para promover la igualdad y combatir el racismo, la discriminación y la intolerancia.

 “Reconocemos la contribución positiva que el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, en particular por los medios de comunicación y las nuevas tecnologías, incluida internet, y el pleno respeto de la libertad de buscar, recibir y comunicar información pueden hacer a la lucha contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia. Reiteramos la necesidad de respetar la independencia de la prensa y la autonomía de los medios de comunicación a este respecto”, agrega la Declaración de Durbán.

A continuación retomamos algunas de las recomendaciones del PNUD en su informe ‘Los medios de comunicación y la población afrocolombiana’, publicado en 2010, pero que siguen vigentes:

  1. Procurar que la información sobre las comunidades afrocolombianas responda a su diversidad en términos de visibilidad y pluralidad de géneros periodísticos. Se hace énfasis en la consulta de personas especializadas en el tratamiento de la población afrocolombiana.
  2. Incluir el racismo en las agendas propias de los medios de comunicación.
  3. Usar relatos que reflejen la problemática del racismo desde un punto de vista humano, que genere sensibilidad con el público.
  4. Profundizar en la investigación de temas relacionados con la población afrodescendiente.
  5. Evitar tener una sola fuente y, en especial, incluir las voces de la población  afrodescendiente.
  6. Incluir en los manuales políticas de respeto y tratamiento de temas relacionados con la población  afrodescendiente.
  7. Monitoreo permanente de la información y de la recepción de la misma.

 

REFLEXIONES SOBRE LA NUEVA LEY DEL VICHE

REFLEXIONES SOBRE LA NUEVA LEY DEL VICHE

La aprobación de la ‘Ley del viche’ por el Senado, significa, sin duda alguna, el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural, representada en el conjunto de prácticas tradicionales de las comunidades negras del Pacífico.  Es un avance histórico en materia de garantías de derechos étnicos colectivos de las comunidades negras en Colombia. Este marco normativo generará impactos económicos, sociales y culturales en las comunidades étnicas y vuelve a establecer la discusión sobre la protección, uso y administración del acervo tradicional intelectual colectivo, detrás de la elaboración de una botella de viche o sus derivados.

A través de esta ley, el Congreso por primera vez, marca un hito para la explotación económica de un producto como el viche, que es el resultado de producciones intelectuales que se han dado por generaciones de formas particulares y dotadas de especificidades que las distinguen de las producciones intelectuales ordinarias de otro tipo de bebidas, así mismo plantea un modelo de administración institucional que incluye la creación de  diferentes instancias de aval y otorgamiento de los derechos de explotación .

Lo anterior, plantea cuestiones de protección jurídica relacionadas, por un lado, con los derechos fundamentales colectivos cimentados en el principio de autonomía de las comunidades, frente a las dinámicas de participación con las que se vayan a orientar la reglamentación del proyecto de ley en los próximos meses. En este caso, la participación se constituye más que en un elemento, en una demanda de las comunidades étnicas para entablar cualquier relación respetuosa relacionada con el uso y administración de sus conocimientos tradicionales materializados en el viche.

Lo anterior, porque para este tipo de recursos culturales como el viche, que reúne conocimiento tradicional relacionado con las formas de uso de la biodiversidad, pero que también encierra unas expresiones culturales alrededor de su uso, el alcance de los derechos fundamentales parte de la identidad del sujeto étnico que lo crea y no del valor del uso y venta del producto sobre el cual se materialice el conocimiento tradicional étnico colectivo.

Por otro lado, plantea cuestiones jurídicas de protección frente al riesgo de generación de cargas operacionales y de apropiación indebida y desbalance en el mercado, que un proceso de explotación del viche a gran escala sin el acompañamiento y financiación efectiva del Gobierno nacional pueda generar en las comunidades como pequeñas productoras frente a las grandes industrias de licores en el país.

Finalmente, entre otras disposiciones, la normatividad aprobada les brinda a las comunidades étnicas afrodescendientes del Pacífico la posibilidad de reclamar la propiedad intelectual del viche a través del otorgamiento de derechos exclusivos de uso, producción, comercialización y distribución, según el tipo de protección utilizada registro marcario o denominación de origen, así mismo como flexibilidades para la obtención del registro Invima. Sin embargo, el uso de la expresi𝐨́n “propiedad intelectual” tiene una carga ideol𝐨́gica que termina por reducir y limitar el acervo tradicional milenario e  intelectual colectivo de las comunidades afrodescendientes, a una cosa, 𝐭al y como lo hace la  protección que se ofrece sobre el individualismo posesivo de la propiedad privada.De ahí qué, cualquier propuesta de regulación debe reconocer y proteger la dimensión colectiva detrás de un producto como el viche.

 

 

 

LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA PARA LAS POBLACIONES MÁS IMPACTADAS POR EL COVID-19

LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA PARA LAS POBLACIONES MÁS IMPACTADAS POR EL COVID-19

Según lo relatado por Laudicina Ramírez (2020), en una sociedad racista, desigual y regida por un modelo heteronormado, el covid-19 plantea un escenario que reafirma cifras preocupantes[1] y más aún cuando planteamos el plano de la reactivación económica, donde el Estado no tiene políticas fiscales que contemplen la población vulnerable del país, por tanto, es trascendental adoptar medidas de emergencia que defiendan el estado de derecho, protegiendo y respetando la democracia configurada en el acceso a los derechos fundamentales.

A pesar del gran subregistro de la población afrocolombiana del Censo 2018, según el cual la población afrodescendiente se redujo de manera inexplicable en un 30.8%[2],  la población negra, afrodescendiente, raizal y palenquera, de acuerdo con el estimativo de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida de 2018 realizada por el DANE, representa el 9,34% del total nacional, siendo 4.671.160 personas. De estas, el 50,4% son mujeres y el 49,6 son hombres y habitan mayoritariamente en el Valle del Cauca, Bolívar, Antioquia, Nariño, Chocó y La Guajira[3]. Dos tercios de la población reside en zonas urbanas y un tercio en zonas rurales.

En los municipios con participación igual o mayor al 50% de población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera, los índices de pobreza multidimensional arrojaron un puntaje entre 80% y 85%, donde resaltan los municipios de Medio Baudó, López de Micay, Bajo Baudó (Chocó); Roberto Payán y Magüí Payán (Nariño). Murindó (Antioquia) y municipios entre Turbo y Acandí arrojaron entre 50% y 51% y en ciudades como Providencia, Andalucía, Puerto Tejada y San Andrés, presentan los índices más bajos entre 14 % y 17% .

Estas desventajas históricamente acumuladas se exacerban con la pandemia producida por el covid-19[4] que, tal como se evidenció con el estallido social del paro nacional, puso las economías altamente informales en una categoría que contempla retos que deben ser estudiados y desarrollados por el Estado, ya que la dinámica de crecimiento en el 2021 no logrará compensar la caída de la actividad económica del 2020, ni tampoco revertir los aumentos de la pobreza y desigualdad[5]. Las respuestas a la pandemia en los países altamente informales requieren contemplar formas diferentes para el acercamiento a las poblaciones informales e incorporarlas a esquemas de formalización, créditos, y/o entrenamientos ligados a oportunidades dignas[6].

Lo anterior es necesario para comprender el actual contexto recrudecido por las situaciones laborales, académicas y de pobreza multidimensional que tiene como una de sus consecuencias el aumento de la violencia hacia personas afrodescendientes y afro LGBTIQA.  La situación de descontento social histórico en el país, exacerbada por la crisis que generó el covid-19 ha suscitado reclamos por parte de sectores invisibilizados de la sociedad colombiana, sobre todo, aquellos representados por las personas empobrecidas, negras, LBGT, indígenas que se lanzaron a las calles el 28 de abril reclamando mejoras en la calidad de vida y el respeto de esta.

En el contexto de la movilización nacional, la población afro y afro LGBT ha tenido un rol muy importante, considerando que los diferentes colectivos a nivel nacional han salido a las calles a protestar, no solo por la reforma tributaria y la reforma a la salud, también contra factores estructurales como desempleo, falta de acceso a educación superior, discriminación, junto con otras violencias que agudizan la crisis nacional y siguen vigentes contra las personas con orientaciones, expresiones o identidades de género diversas, especialmente aquellas pertenecientes a la población afrodescendiente.

Deborah Skenassy, directora de la Fundación Santamaría, relata que las personas trans han sido carne de cañón por años ante las desigualdades sociales, y que con motivo de la pandemia han visto sus derechos vulnerados y son expuestas a situaciones de alto riesgo, al punto de no contar con acceso a derechos básicos, como salud, vivienda, trabajo y alimentación. De ahí que la calle sea el espacio público por excelencia porque, parafraseando a Déborah, la calle, la esquina, el barrio, el parche de amigos han sido espacios de transformación social y de resistencia ante un estado “identicida” que en palabras de Skenassy, asesina, rechaza y desaparece personas por su identidad de género[7].

Otro asunto preocupante es la situación de las mujeres trans que ejercen el trabajo sexual, pues están pasando situaciones de extrema vulnerabilidad pues sus ingresos no alcanzan ni para comer, por eso se han hecho ollas comunitarias en dos zonas de la ciudad de Cali para responder a esta situación de emergencia, aunque se hace de manera anónima por miedo a recibir agresiones por parte de la policía, ya que han intentado desaparecer a dos de sus compañeras en medio de las jornadas de protesta[8].

Las falencias estructurales en la garantía de los derechos fundamentales de las personas negras, que se han hecho mas evidentes y agudas en el marco de la pandemia, influyen directamente en la exacerbación de violencias racistas y homolesbotransbifobicas. Por tanto, es importante que el Estado colombiano para la reactivación económica tome medidas de impacto, como lo ha recomendado Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)[9].

Es imperativo implementar políticas activas para enfrentar la pandemia del covid-19 y mitigar los efectos económicos y sociales que esta genera, siguiendo las políticas fiscales que deben cumplir con los Objetivos y metas del desarrollo Sostenible -ODS-. Asignar mayores recursos de gasto publico para potencializar el acceso a la salud en Colombia, mejorar la eficiencia del gasto, resguardar las fuentes de trabajo y los ingresos de las familias, y, sobre todo, resguardar a la población mas vulnerable antes, durante y después de la pandemia por covid-19.

Frente al panorama actual, es importante que el Estado refuerce los sistemas sanitarios y haga frente a los desafíos sociales y económicos de esta pandemia, lo que conlleva una mayor inversión del gasto público.

De igual manera, Colombia al ser un país altamente informal requiere contemplar formas diferentes para el acercamiento a las poblaciones informales e incorporarlas a esquemas de formalización, crédito y/o capacitación ligados a oportunidades laborales dignas.

Por último, es importante pensar y aplicar alternativas que ayuden a la reactivación de la economía en el corto plazo, con una visión de mediano plazo para lograr llegar al crecimiento y hacerlo más inclusivo teniendo en cuenta a las poblaciones vulnerables con protección constitucional.

Referencias:

[1] Razón pública (2020). La población LGBTI en Buenaventura lucha contra la pandemia y la discriminación. https://razonpublica.com/la-poblacion-lgbti-buenaventura-lucha-la-pandemia-la-discriminacion/

[2] Ilex Acción Jurídica (2020) ABC tutela invisibilidad estadística de la población afrodescendiente en el censo 2018. Ver en: https://www.ilexaccionjuridica.org/abc-tutela-invisibilidad-estadistica-de-la-poblacion-afrodescendiente-en-el-censo-2018/

[3] Clasificación de inmuebles residenciales que deben recibir servicios públicos, se realiza para el cobro diferencial de los mismos. Esta clasificación se realiza a partir de las condiciones físicas de la vivienda siendo 1 el más bajo y 6 el más alto. DANE (2015) Metodología de Estratificación Socioeconómica Urbana para Servicios Públicos Domiciliarios. Ver: https://www.dane.gov.co/files/geoestadistica/estratificacion/ManualdeRealizacion.pdf

[4] Ilex Acción Jurídica (2021) Análisis de dos pandemias: Racismo y Crisis de la salud pública en Colombia. «Los impactos del COVID-19 para la garantía de los derechos a la salud, locomoción y territorio de la población afrocolombiana» Ver: https://www.ilexaccionjuridica.org/wp-content/uploads/2021/05/Poblacion-Afro-y-COVID-19-16mayoVF.pdf

[5] Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2021). Para impulsar la reactivación económica y mitigar los efectos negativos de la pandemia, es esencial que la región mantenga una política fiscal expansiva. Ver en: https://www.cepal.org/es/comunicados/impulsar-la-reactivacion-economica-mitigar-efectos-negativos-la-pandemia-es-esencial-que

[6] Inter-American Development Bank (2020) ¿Cómo reactivar la economía y recuperar el empleo en países altamente informales? V

[7] Entrevista realizada por Caribe Afirmativo a Deborah Skenassy, directora de Fundación Santamaría de Cali, Valle del Cauca (2021). Disponible en: https://caribeafirmativo.lgbt/violencias-contra-personas-lgbt-a-20-dias-de-paro-nacional/

[8] Ibid.

[9] Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2021). Para impulsar la reactivación económica y mitigar los efectos negativos de la pandemia, es esencial que la región mantenga una política fiscal expansiva. Ver en: https://www.cepal.org/es/comunicados/impulsar-la-reactivacion-economica-mitigar-efectos-negativos-la-pandemia-es-esencial-que

 

LOS DERECHOS TERRITORIALES DE LAS COMUNIDADES NEGRAS: ENTRE RECONOCIMIENTOS JURÍDICOS Y DEMORAS

LOS DERECHOS TERRITORIALES DE LAS COMUNIDADES NEGRAS: ENTRE RECONOCIMIENTOS JURÍDICOS Y DEMORAS

La Constitución Política de 1991 representó avances jurídicos para las comunidades negras, afrodescendientes, raizales, palenqueras, indígenas y demás grupos étnicos, entre los que se destacan el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural (Art. 7); lenguas y dialectos (Art. 10); su protección (Art. 8); el derecho a la igualdad real y efectiva (Art. 13). También abrió la puerta para el reconocimiento del derecho a la titulación colectiva de las comunidades negras (Art. Transitorio 55).

El desarrollo legal y jurisprudencial de estas normas ha permitido entender y ampliar el alcance de estos derechos. En el marco de este reconocimiento de derechos, el derecho fundamental al territorio ha resultado trascendental para la defensa y supervivencia de las comunidades étnicas, específicamente negras en Colombia.  La Ley 70 de 1993, producto del ejercicio de la movilización y exigibilidad de la población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera[1], intentó responder a la búsqueda de soluciones estructurales a necesidades históricas de formalidad de la tierra, reconocimiento de ocupación ancestral, protección de la diversidad y la cultura, entre otras.

En conjunto con esta ley se han expedido otras normas como el Decreto 1745 de 1995 sobre el reconocimiento del derecho a la propiedad colectiva de las tierras de las comunidades negras; el  Decreto 1320 de 1998 sobre la consulta previa con las comunidades indígenas y negras para la explotación de los recursos naturales dentro de su territorio; el  Decreto 140 de 2006 sobre atención educativa para grupos étnicos, catedra de estudios afrocolombianos, proceso de selección de etnoeducadores/as y su ingreso a la carrera administrativa. Sin embargo, su aplicación ha sido accidentada e insuficiente para los casi 30 años que han pasado desde la expedición de su norma superior.

La mayoría de las comunidades étnicas colombianas tienen histórica permanencia en el territorio y han desarrollado una relación especial con el mismo. Los derechos territoriales de las comunidades étnicas se traducen en “poseer, utilizar, desarrollar y controlar las tierras, territorios y recursos que poseen en razón de la propiedad tradicional u otra forma tradicional de ocupación o utilización, así como aquellos que hayan adquirido de otra forma”. Estos derechos territoriales están comprendidos dentro del conjunto de derechos colectivos de las comunidades negras, derivados de los usos y costumbres ancestrales o de sus sistemas de derecho propio.

El Estado, en el marco de lo dispuesto en el Convenio 169 de la OIT de 1989 (Ley 21 de 1991), está obligado a reconocer y proteger los territorios de las comunidades negras en Colombia, su propiedad,  posesión sobre la tierra de manera integral, esto es la garantía de otros derechos y libertades como la consulta previa,  uso y goce de recursos naturales y su autodeterminación y Gobierno.

El territorio es la base fundamental para desarrollar su cultura, su vida espiritual, su integridad, su subsistencia económica y cosmovisión. De allí que se entienda la tierra o territorio “no como un objeto de propiedad sino un elemento del ecosistema con el que interactúan. Por esto, la propiedad de la tierra no se asume de manera individual sino colectiva”. El acceso a la tierra por parte de las comunidades negras es un medio de conservación, pues “sin el reconocimiento del derecho a la tierra, los derechos a la identidad cultural y a la autonomía son sólo reconocimientos formales”.

A pesar de la importancia del territorio para esta población y las obligaciones nacionales e internacionales del Estado por garantizarlo como derecho fundamental, los procesos de titulación colectiva avanzan a paso de tortuga, en ocasiones, luego de años de radicación de la solicitud se les comunica que hacen falta documentos, dando cuenta de la nula gestión del asunto hasta ese momento por parte de las entidades oficiales.

En Colombia, para el año 2010, de acuerdo con Indepaz, hay 276 consejos comunitarios mayores, integrados por 1.454 consejos comunitarios locales. De estos, hasta la fecha, en el Ministerio del Interior se encuentran inscritos solo 298 y uno está  en estado de aprobación. Así mismo,  desde la aprobación de la Ley 70 de 1993 hasta abril de 2021 se han expedido 210 resoluciones de titulación colectiva a su favor, lo que en promedio son poco menos de 10 resoluciones por año.

A la lenta implementación de los procesos de titulación colectiva se le suman las constantes amenazas a liderazgos que defienden el territorio y los desplazamientos,  que se han duplicado en lo que va del 2021. Según la Defensoría del Pueblo, hasta el mes de marzo, “Fueron 16 eventos de desplazamiento masivo intraurbano y 14 eventos de desplazamiento masivo rural, los cuales afectaron a un total de 4.062 familias 11.150 personas, de las cuales el 90% pertenece a comunidades étnicas del Pacífico colombiano-. Y han sufrido confinamiento 40 comunidades en Chocó, Cauca y la costa nariñense”.

Son muchos los casos que podemos citar respecto de estas demoras y limitaciones al derecho fundamental al territorio. Sobre esta problemática, Mónica P. Hernández en su ponencia Regímenes racistas de propiedad en el Caribe Colombiano: la revocatoria del título colectivo a la comunidad negra de La Boquilla, producto de su investigación doctoral Afro Colombian Communities, Conflict, and Collective Land Titling, expone que las comunidades étnicas son queridas hasta que se convierten en un obstáculo para quienes desean implementar/imponer sus proyectos y en la costa Caribe a diferencia que en el Pacífico se empeñan en desligar a las comunidades negras de su relación con el territorio y defensa del medio ambiente, pues los “capaces” de realizar esa protección son los proponentes de megaproyectos.

Hernández agrega que producto de su investigación no se evidenciaba una sistematicidad en la titulación, pero sí en el despojo e identifica elementos de esta estrategia, como desvirtuar la posesión, criminalizar a la población, y presentarlos desligados de la protección del medio ambiente,  incapaces de autogestionarse, adaptarse a los cambios, especialmente los climáticos. Curiosamente esta es la virtud que más destacan poseer dichos megaproyectos, mientras que las comunidades serían ocupadores de alto riesgo.

En el informe “Despojo invisible de una selva chocoana” presentado por Verdadabierta.com, se alerta, por ejemplo, que las comunidades negras del Consejo Comunitario General del San Juan ACADESAN, ubicado en el departamento del Chocó, actualmente corren peligro de ser víctimas de despojo judicial, parcial, de su territorio, titulado colectivamente, por parte de una sociedad mutante y misteriosa, Eightfold Colombia que expone ser propietaria del 4% del mismo y que comprende al 25% del municipio de Sipí.

El territorio objeto de disputa presenta una adjudicación irregular que, entre otras cosas, excede poco más de 70 veces las hectáreas permitidas legalmente para la fecha. ACADESAN, ha adelantado acciones jurídicas para proteger sus derechos a la propiedad colectiva, observando que las entidades competentes no han actuado con la premura y contundencia que se requiere.

Estos casos son solo algunos ejemplos de cómo el Estado falla en su obligación de proteger a estas comunidades. La aparición de foráneos con resoluciones de adjudicación el territorio colectivo titulado o próximo a titularse, cuando nunca lo han habitado o trabajado, abundan y les cobija la presunción de legalidad, por lo cual, se debe entrar en disputa jurídica para el reconocimiento de sus derechos. ILEX, ha indicado cómo este ejercicio de demostrar la existencia y permanencia en el territorio es desgastador y no siempre se da en condiciones de igualdad, pues en algunos casos la comunidad saca lo poco que tiene para costear el servicio de representación jurídica. En el caso de ACADESAN, a la fecha de publicación del informe no había acompañamiento por parte del ministerio público.

A los tropiezos en los procesos de titulación colectiva y los conflictos de adjudicación que se venían presentando se deben agregar los nuevos que surgen con la implementación del fondo de tierras para la paz creado en el marco del Acuerdo de Paz, pues en ocasiones los territorios titulados se traslapan con los ingresados por la Agencia Nacional de Tierras-ANT al referido fondo. Al respecto, la Contraloría General de la Nación-CGN, en auditoría de las vigencias 2018-2019 encontró como hallazgo que la ANT no tenía claridad sobre cuantos de los baldíos que ingresaron al fondo cumplían con los requisitos para ser objeto de adjudicación, por lo cual los instó a adoptar estrategias para lograr dicha identificación.

Igualmente, la CGN indicó que, para el año 2018, cursaban 60 casos de restitución de derechos territoriales a comunidades negras y afrodescendientes, de los cuales, 10 se encontraban en proceso judicial con corte al mes de abril y en 7 años de implementación del Decreto Ley 4635 de 2021 solo se habían obtenido 2 sentencias, evidenciando el proceso paquidérmico de la restitución a comunidades negras, también indicó que “la dilación injustificada y la falta de ampliación, saneamiento y formalización del territorio han permitido la materialización de las afectaciones territoriales de despojo, abandono y confinamiento”. Este organismo de control en auditoría de 2015 a 2019 indicó que tanto la Agencia Nacional de Tierras y la Unidad de Restitución de Tierras deben realizar un trabajo articulado para evitar duplicidad de actuaciones y conflictos contribuyendo así a la economía y eficiencia administrativa.

Lo anterior, plantea como reto la vigilancia constante de la labor de las entidades oficiales, el acompañamiento imparcial y determinante de la Rama Judicial para el cumplimiento de la reiterada jurisprudencia para la materialización del derecho fundamental al territorio, la ‘minga’ o articulación de las organizaciones de base para la defensa de los derechos humanos, étnicos, culturales y territoriales que se encuentran íntimamente ligados; y el desarrollo investigativo de exámenes jurídicos que permitan solucionar de forma efectiva y expedita los conflictos de adjudicación sobre el territorio que tenga en consideración las lógicas de despojo y desplazamiento a las que se ven sometidas las comunidades étnicas. El ejercicio de exigencia debe ser permanente respecto de la celeridad en los procesos judiciales y administrativos, así como sobre el cumplimiento de los tratados internacionales suscritos por el Estado.

 

LA LUCHA HISTÓRICA Y POCO NOMBRADA DE LAS MUJERES AFRODESCENDIENTES

LA LUCHA HISTÓRICA Y POCO NOMBRADA DE LAS MUJERES AFRODESCENDIENTES

Las mujeres afrodescendientes son pilares de la defensa de los derechos de su población, sus realidades y territorios. Sin embargo, la importancia de su labor ha sido históricamente invisibilizada por el machismo presente incluso al interior de las organizaciones y la narrativa oficial de la historia de esta nación que reconoce, en su mayoría, la labor de los hombres mientras omite los nombres y legados de ellas.

Este mes de la mujer negra, afrolatina, afrocaribeña y de la diáspora, que ha coincidido con la celebración de los 30 años de la constitución de 1991, debemos recordar que lo obtenido en el proceso de la constituyente, es también un logro de muchas mujeres afrodescendientes dentro del escenario político directo de la asamblea. Mujeres como Mercedes Moya,  impulsaron la ley 70 de 1993 y participaron activamente del proceso constituyente que conocemos hoy. La Red de Mujeres Negras del Pacífico Sur que desde temprano en 1992, puso en la mesa las reivindicaciones de género y la integración de las mujeres en los procesos políticos. 

En el Caribe, las mujeres afrodescendientes también son la representación de resistencia y lucha por sus derechos y los de sus comunidades. Las tejedoras de Mampuján, por ejemplo, son una fiel muestra de cómo los procesos conjuntos de mujeres resultan escenarios de reparación y reconstrucción del tejido social a partir de distintas expresiones simbólicas que son su voz para narrar lo ocurrido en el conflicto armado y su forma de reivindicar derechos. Esta lucha es también compartida por mujeres afrodescendientes con orientaciones sexuales e identidad de género diversas que a través de formas de resistencia como la comparsa diversa de las fiestas de San Pacho en Quibdó, liderada por mujeres trans afrodescendientes, les recuerdan a sus comunidades que existen, transforman y resisten. 

Las mujeres negras, afrodescendientes, afrolatinas, afrocaribeñas y de la diáspora encarnan autonomía, liderazgo y ciertamente la voz para enfrentar y transformar las realidades que enfrenta la población afrocolombiana. En ese escenario, tal vez por ello y por las violencias que sufren, se han convertido en figuras de defensa en medio del conflicto armado, defensa del medio ambiente, abanderadas de las luchas por la igualdad de género y las libertades sexuales. Son la voz líder en los barrios marginalizados, en los escenarios de la guerra, y responden, muchas con veces hasta con sus vidas,  a la discriminación estructural y violencia institucional que les afecta. 

Son distintos los contextos donde las mujeres afrodescendientes han demostrado su capacidad de liderazgo y defensa por los derechos humanos. En el campo político, social, ambiental y comunitario han sido el sustento de la población, pese a la tendencia de su invisibilización y contante amenaza. Mujeres como Johana Maturana, Erlendy Cuero,  Juana Ruiz,  Francia Márquez, Teresa Cassiani, Inis Mosquera, Yolanda Perea, Charo Mina, Regina Miranda, entre otras muchas, han vivido la experiencia de ser impulsoras, lideresas, promotoras de derechos de la población afrocolombiana.

Hoy las reconocemos en su lucha que ha permitido que la realidad de nuestra población se transforme un poco, y quienes vienen encontrarán un camino gracias a ellas. Esta semana, en particular fue un día histórico para la población afrocolombiana, para el pueblo negro,  Francia Márquez anunció que oficializaba su precandidatura a la presidencia, la primera mujer negra en aspirar a este cargo de forma pública y con la visibilidad suficiente como para impactar en las discusiones de cara a las elecciones del 2022.