EL COVID-19, VACUNAS Y  POBLACIÓN AFRODESCENDIENTE

EL COVID-19, VACUNAS Y POBLACIÓN AFRODESCENDIENTE

En la última semana de enero, el Gobierno nacional confirmó la adopción del plan nacional de vacunación contra el virus del Covid-19 a través del Decreto 109 de 2021.  Sin embargo, este pronunciamiento se realizó en medio de fuertes cuestionamientos sobre la capacidad de implementar dicho plan en zonas rurales, apartadas y con bajos niveles de atención en salud y/o conectividad como son las áreas habitadas por población afrocolombiana, indígena y campesina del país.

Los datos a los que se tienen acceso hasta ahora sobre la capacidad del sistema de salud, condiciones sanitarias adecuadas, garantía de ingresos básicos y niveles de conectividad en territorios con gran porcentaje de población afrodescendiente y ruralidad, evidencian un panorama poco favorable para la implementación del plan nacional de vacunación para estas comunidades .Por ejemplo, en el municipio de Quibdó, Chocó, la capacidad instalada de las IPS tanto en camas, como en salas es menor en comparación a Bogotá y el promedio nacional.

Asimismo, se observa que el departamento del Chocó tiene el menor número de profesionales en cualquier área de la salud, mientras que Bogotá es la ciudad con mayores profesionales por cada 10.000 habitantes, según el Ministerio de Salud.

En el plan de vacunación presentado por el Gobierno se detallaron los criterios para la selección de los grupos elegibles para la inmunización colectiva, así como las condiciones de priorización,  las fases en las que se desarrollará el proceso, la disponibilidad de inmunizadores que tendrá el país durante el 2021 y la logística de distribución. No obstante,  hay escasa o nula información alrededor de las estrategias que se desarrollarán en los lugares del territorio nacional  donde la red pública y privada de salud es insuficiente para desarrollar dicha campaña.

Esta carencia de información fue más notoria en la zona de la Amazonia y la región Pacífica donde existe una alta concentración de grupos indígenas y afrocolombianos. Falla igualmente el plan al omitir el personal médico tradicional de los territorios étnicos, como parte del talento humano de la salud de primera línea de atención en contextos étnicos comunitarios para ser vacunados en la etapa uno de la primera fase del plan.

Teniendo en cuenta, además de lo ya mencionado, que las deficiencias del sistema de salud ya habían sido advertidas por la Corte Constitucional en su  Sentencia T-760 de 2008, donde ordenó tomar medidas estructurales para atender las distintas fallas en la prestación de servicios de salud, es preciso concluir que en este panorama, el sistema de salud no cuenta con la capacidad suficiente para atender el plan, afectando especialmente a las poblaciones más vulnerables.

Es innegable la urgencia  de atender ciertas zonas del país en lo que tiene que ver con el plan. Según las normas sanitarias de protección para evitar infecciones y posibles contagios de Covid-19, es fundamental el lavado constante de manos y el acceso a servicios básicos, sin embargo, el 33,6% de los municipios con mayoría de personas afrocolombianas aún no cuentan con condiciones vitales y sanitarias mínimas, como sanitarios y acueducto versus el 4,7% de los municipios cuya población no reportó ninguna etnicidad (cálculo con base información DANE, 2018).

 

En relación a la vivienda y el acceso a servicios públicos en el 2018, el 11,4% de los hogares localizados en municipios que concentran  población afrocolombiana residían bajo condiciones ­­­inapropiadas para el alojamiento humano, versus un 7,9% de los hogares que se localizan en el resto de los municipios sin incluir comunidades indígenas (cálculo con base información DANE). Se estima que esta brecha aumentó durante los últimos años.

 

De otro lado, la pandemia del Covid-19 ha traído consigo la adopción de medidas administrativas locales y nacionales que alteraron la vida de la población afro por las restricciones a la libertad de locomoción y de tránsito. En consecuencia, cambió el significado de los espacios públicos para las personas afrodescendientes como lugares de producción y trabajo porque ahora son considerados sitios de alto riesgo de contagio.

La población afrodescendiente  se concentra en el mercado informal o en ramas económicas como el sector servicios (restaurantes, hoteles, entre otras), que fueron las más afectadas durante la crisis y que incluso siguen estando inactivas. Las personas que dependen de la economía informal o que no cuentan con ningún tipo de apoyo económico o asistencial deben decidir entre arriesgarse al contagio o enfrentar el hambre y la pobreza en sus casas.

Sumado a lo anterior, la pandemia por Covid-19 impuso la necesidad de tener acceso a la conectividad como un servicio básico para acceder a la educación, el trabajo, derechos fundamentales y conocer información vital sobre distribución y disposición de las vacunas.

A través de las plataformas Mivacuna Covid  y Paiweb, tal como lo anuncia el decreto, se busca implementar consultas individuales sobre la etapa en la que cada persona fue clasificada y el agendamiento de citas, así como establecer un sistema de registro nominal de la aplicación de vacunas en territorio colombiano, respectivamente. Sin embargo, estas herramientas digitales pretenden implementarse sin explicar cómo será su uso en zonas como las habitadas en su mayoría por población afrocolombiana que tienen, en promedio, una menor tasa de cobertura de internet, teniendo una diferencia significativa de 5,22 puntos menos respecto al resto de municipios del país , según la última actualización del  DANE.

Estas cifras revelan que nos encontramos frente a una crisis con consecuencias, no solo sanitarias sino sociales, culturales y económicas de gran escala que requieren respuestas sólidas y urgentes por parte del Estado. Es urgente proteger los derechos a la vida, salud e integridad personal de las poblaciones que se encuentran frente al riesgo de contagio inminente e implementar el enfoque étnico-racial en toda estrategia, política o medida dirigida a enfrentar la pandemia del Covid-19.

 

 

 

 

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PRÓRROGA DE LA LEY DE VÍCTIMAS: LOS PENDIENTES CON LAS COMUNIDADES NARP

PRÓRROGA DE LA LEY DE VÍCTIMAS: LOS PENDIENTES CON LAS COMUNIDADES NARP

En cumplimiento a lo ordenado por la Corte Constitucional en la sentencia C-588 de 2019 , en días pasados fue sancionada la prórroga de la Ley 1448 del 2011, conocida como Ley de Víctimas,  y sus Decretos Ley 4633 y 4635 de 2011, este último para la Restitución de Derechos Territoriales de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras (NARP), cuyo siguiente trámite está en manos del Congreso, donde se debatirá el proceso de ejecución y cumplimiento de la normatividad.

Si bien debe reconocerse este gran paso hacia la reparación integral de las más de 9.000 víctimas del conflicto armado en Colombia, la prórroga per sé no garantiza la materialización de los derechos de las víctimas, y en menos medida los de las victimas NARP y sus territorios, debido a que en este caso es necesario consolidar los temas operativos y presupuestales que hagan posible la implementación integral  de dicha política.

En relación con el Decreto Ley 4635 del 2011, la restitución de derechos territoriales busca el retorno al territorio, la caracterización de afectacciones territoriales y la garantía de derechos de las comunidades NARP. Sin embargo, a la fecha, los procesos que se encuentran en curso han superado los términos de ley para decidir sobre la inscripción en el Registro de Tierras Despojadas en etapa administrativa e, incluso, para dictar sentencia en etapa judicial. Las comunidades esperan entre 3 a 5 años para obtener un fallo de restitución.

Asimismo, en la etapa postfallo, el cumplimiento de este tipo de sentencias soporta las limitaciones institucionales de las entidades que hacen parte del SNARIV (Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas), entre estas la Agencia Nacional de Tierras (ANT), encargada de un asunto cardinal de todo este proceso, la titulación de territorios de comunidades negras.

El Estado debe adoptar políticas integrales para la etapa procesal y posfallo de restitución de tierras donde se cuente con los recursos suficientes para garantizar la implementación, seguimiento a las sentencias judiciales, la ejecución de órdenes acerca de la restitución material y jurídica de las tierras en cuestión, la aplicación de reparaciones colectivas, y las condiciones necesarias para el retorno digno y seguro.

Por otro lado, es necesario analizar el escenario de incertidumbre presupuestal sobre la  financiación, que se recrudece por la pandemia del Covid-19. Según la Contraloría General de la República (20 de agosto de 2020), se advierte que por la crisis derivada de la pandemia puede que del 1’813.644 víctimas que habían mejorado sus condiciones en 2019, vean deteriorada su situación socioeconómica, volviendo a vivir en condiciones de pobreza y pobreza extrema.

De manera global, el presupuesto para la atención y reparación de las comunidades NARP víctimas han disminuido en las últimas dos vigencias. De 2017 a 2019, los recursos apropiados para la atención y reparación de las víctimas NARP descendieron en un 43%, según el último informe de la Defensoría del Pueblo en esta materia.

Es así como, tras la sanción de la prórroga de la Ley 1448 de 2011 y sus decretos ley, debe existir una revisión de la capacidad institucional y presupuestal para garantizar que la misma sea determinante en el cumplimiento de los principios de la justicia transicional.

Es imperante destacar que en la actualidad y posterior a la firma del Acuerdo de Paz con las FARC-EP, los territorios de las comunidades NARP siguen inmersos en escenarios de riesgo por el acercamiento de otros grupos armados, tales como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Ejército Popular de Liberación (EPL), las autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y las antiguas estructuras del Bloque Oriental de las FARC-EP.

En medio de la pandemia por el Covid-19 se han reportado casos como los ocurridos en las comunidades negras del Cauca (Jamundí y Buenos Aires), que recibieron mensajes intimidantes. Por otra parte, en Nariño, un grupo armado denominado FARC-EP Frente Oliver Sinisterra, enfrenta a la disidencia que se encuentra en la zona de Patía.

De igual forma, las autoridades han reportado que en el Chocó, Bolívar y Magdalena continúa la coerción por parte de grupos armados y la ejecución de violencias como el desplazamiento forzado, la delincuencia, el enfrentamiento entre pandillas, el asesinato selectivo, las barreras invisibles y el microtráfico.

Es así como esta prórroga debe garantizar la materialización de los derechos territoriales de las comunidades NARP, teniendo en cuenta las limitaciones presupuestales y operativas evidenciadas por los organismos de control , así como el recrudecimiento del conflicto, la inseguridad de líderes sociales afro y las consecuencias sociales y económicas del Covid-19.

Seguiremos de manera atenta la sanción presidencial de la prórroga de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, más específicamente al decreto Ley 4635 de 2011, que son derroteros en los derechos de las comunidades NARP víctimas del conflicto armado, para continuar apoyando a las comunidades negras de Colombia.

 

 

 

 

 

¿Y EL RACISMO POLICIAL QUÉ?

¿Y EL RACISMO POLICIAL QUÉ?

El 22 de septiembre de 2020, la Corte Suprema de Justicia (CSJ), por medio de una histórica sentencia[1], reconoció la vulneración sistemática y generalizada de derechos humanos en el ejercicio del derecho a la protesta por parte de la Fuerza Pública y el Gobierno, a partir de lo ocurrido en las manifestaciones del paro nacional del año 2019.  Esta decisión representó un hito para exponer los abusos policiales que se manifiestan en el uso desproporcionado de la fuerza,  el uso indebido de armas letales y no letales, y el incumplimiento de la normatividad que debe guiar el accionar policial.

Si bien el  cumplimiento de la sentencia se ha visto sometida a dilaciones por parte del Gobierno, el  pasado 5 de enero  fue publicado el decreto 003 de 2021, denominado “Estatuto de reacción, uso y verificación de la fuerza legítima del estado y protección del derecho a la protesta pacífica ciudadana”, lo que representa un primer paso, aunque no se puede decir que es del todo significativo para la transformación y control de la actividad policial en medio de las manifestaciones.

El protocolo representa varios puntos que deben ser analizados para su concreta aplicación, como la prohibición del porte de armas de fuego por parte de la Policía en medio de las manifestaciones, la limitación del uso de la fuerza ( solo puede ser usada en ultimas circunstancias y con instrumentos menos letales, pero no se tiene claridad de cuáles son), el aviso del uso de la fuerza y la primacía del dialogo y la mediación.

También hay un control mayor de la actividad policial antes, durante y después de las manifestaciones, lo que da una pauta a las organizaciones y plataformas de derechos humanos para reconocer hasta qué punto los espacios que se dan en el protocolo resultan efectivos y si, además, las ordenes de vigilancia y reporte exigidas a las instituciones, especialmente, a la Policía Nacional son suficientes para evitar los abusos. Pese a lo anterior,  al igual que la sentencia, el decreto no hizo una reflexión sobre el impacto que tiene la violencia policial en grupos específicos como la población afrodescendiente. Aun cuando el protocolo pone en la mesa que el enfoque diferencial y el principio de no discriminación deben ser tomados en cuenta, el primero es solo un sentido macro del enfoque étnico-racial requerido y de urgente aplicación en la formación y actividad policial, mientras que el segundo continúa con un desarrollo precario que no se refleja concretamente en lo estipulado.

Es importante reflexionar en el decreto dos situaciones esenciales que quedan sin precisar: ¿Cómo se aplica el enfoque étnico-racial en el protocolo o podemos si quiera hablar de su existencia? Y segundo, no queda claro cómo serán definidas la participación de las organizaciones afrodescendientes en las instancias donde se le ha dado cabida a las plataformas de derechos humanos, teniendo en cuenta la importancia de reconocer el abuso policial racista, el uso de perfilamientos y la discriminación racial. .

Queremos además de plantear estas reflexiones, retomar algunos análisis sobre la sentencia concreta de la Corte Suprema de Justicia. Aunque  varios sectores de la opinión pública y del movimiento de derechos humanos ( DD.HH) en Colombia, celebramos en su momento la decisión de la Corte, se debe exhibir la ausencia de valoraciones sobre el accionar policial abusivo y discriminatorio contra personas y comunidades históricamente discriminadas, que ha caracterizado a la institución policial por largo tiempo y que ha sido fuertemente documentado y denunciado por organizaciones sociales afrocolombianas, indígenas y de personas LGBTI.

El abuso policial racista y la violencia por parte de la Fuerza Pública contra personas afrocolombianas no es un problema menor y también se manifiesta en el contexto de las protestas. No olvidemos el accionar del Escuadrón Móvil Antidistubios (ESMAD) durante las manifestaciones del paro nacional  de 2017 y  del paro de Buenaventura  en el 2018, donde varios protestantes  fueron atacados con gases lacrimógenos y chorros de agua.Violaciones que también se da en la cotidianidad de los ejercicios de seguridad ciudadana, como se expuso el informe sobre abuso policial hacia afrodescendientes presentado por ILEX Acción Jurídica en 2020.

La sentencia desarrolló un análisis respecto al uso excesivo de la fuerza, el uso indebido de armas letales y no letales, el incumplimiento de la normatividad que rige el accionar policial, entre otros puntos esenciales, pero esta no visibilizó los criterios discriminatorios ni los prejuicios raciales que también caracteriza las actividades de la Fuerza Pública. Invisibilización que también está guiando el desarrollo del cumplimiento de la sentencia, tal como sucedió en el protocolo, lo que da pie a hacer un llamado por la aplicación real de un enfoque étnico-racial al momento de regular y controlar el accionar policial.

[1] Corte Suprema de Justicia,  Sala de Casación Civil. (22 de septiembre de 2020) Sentencia STC7641-2020 [MP Luis Tolosa Villabona]

La Boquilla o la Lucha por los territorios ancestrales afro del Caribe

La Boquilla o la Lucha por los territorios ancestrales afro del Caribe

Dayana Blanco Acendra y Ricardo Leal

El Consejo Comunitario de La Boquilla, se convirtió en el primer Consejo Comunitario de Comunidades Negras en ser titulado en el Caribe colombiano junto al del Palenque de San Basilio. Llegar hasta ahí, en el año 2012, representó la lucha por ser reconocidas como sujeto beneficiario de la Ley 70 de 1993, y el Decreto 1745 de 1995. Para ello fue necesario superar una interpretación restrictiva que limitaba los procesos de titulación colectiva a “las comunidades negras que han venido ocupando tierras baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la Cuenca del Pacífico (…)”.

Lo anterior significó no sólo la exaltación y defensa de sus usos y costumbres como comunidad negra, en el caso específico de La Boquilla, como comunidad negra de pescadores, y personas bullerengueras protectoras del manglar, si no la lucha activa y efectiva a nivel judicial para la introducción de una comprensión extensiva del concepto de territorio y de comunidad negra, tal como bien se define en la Sentencia T-422 de 1996, donde se establece que  “una comunidad negra existe independientemente de una base territorial urbana o rural determinada”, la Sentencia T-349 de 1996 que hace un acercamiento conceptual a las condiciones para la existencia de grupos étnicos y la Sentencia T- 576 de 2014 que habla de la relación territorio-comunidad más allá de lo definido en la Ley 70 de 1993. El debate sobre la aplicabilidad de la ley en comunidades negras del Caribe ya está superado.

Sin embargo, el pasado 19 de agosto del presente año, el Tribunal Administrativo de Bolívar, en Sentencia 001 de 2020 con Radicado: 13-001-23-33-000-2012-00062-00 decidió en Primera Instancia,  “DECLARAR con efectos ex tunc la nulidad de la Resolución No. 0467 del 30 de marzo del 2012, “por la cual se adjudican en calidad de “TIERRAS DE LAS COMUNIDADES NEGRAS” los terrenos baldíos rurales ocupados colectivamente por las Comunidades Negras integradas en el CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDD(sic) NEGRA DEL GOBIERNO RURAL DE LA BOQUILLA…”. Si bien la sentencia no pone en duda la aplicabilidad de la mencionada Ley en territorios colectivos del Caribe, su contenido restringido y de espaldas a las realidades de esta zona del país, hace que tomen vigencia las complejidades que se viven en estos territorios sobre todo entre las delimitaciones de lo urbano, lo rural y las tensiones que hay respecto de los intereses en estas tierras.

Basados en la lectura pausada y atenta del proveído, no es difícil concluir que esta configura un retroceso en la lucha política y jurídica por el reconocimiento de los derechos territoriales de las comunidades negras en general y de la Costa Caribe colombiana en particular. Así mismo, deja expuesta, la falta de enfoque diferencial étnico en las decisiones judiciales que vinculan a la población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera en Colombia.

Lo anterior, teniendo en cuenta que, en el cuerpo de la Sentencia, así como de la valoración probatoria, en ningún momento se vislumbra así sea de manera general, un análisis etnohistórico de la comunidad, de las características poblacionales de la misma, etnografía o características culturales, aspectos identitarios que dicho sea de paso, también se encuentran condensados en el informe de visita técnica contenido en el expediente de titulación, ignorado de manera nefasta por el colegiado, fundamentándose únicamente, en el Decreto 0977 de 2001, análisis que de haberse realizado, habría cambiado el sentido de la decisión, pues habrían entendido los Magistrados, las dinámicas sociales, historias y ambientales en territorialidades negras.

De la lectura del fallo, además se puede apreciar la falta de enfoque étnico en frases como la que encontramos en la página 18 cuando establece que, “Los artículos 187 y 188 del citado POT, identifican al sector de La Boquilla como una de las áreas urbanas de la ciudad de Cartagena de Indias, susceptibles de renovación y transformación por sus atributos y potencialidad en orden al privilegio del espacio público y la imagen urbana de la ciudad.” (Subrayas fuera de texto) o cuando establece que el otrora INCODER, hoy Agencia Nacional de Tierras “…lisa y llanamente (se) concluyó que se trataba de un predio o área de carácter baldío y tradicionalmente ocupado por las comunidades negras”, cuando en el informe técnico se da cuenta de aspectos etnohistóricos que van más allá de una mera ocupación.

Al anterior panorama, tristemente se suman la falta de respuesta en la contestación de la demanda del INCODER, sucedido procesalmente por la Agencia Nacional de Tierras y del Ministerio Público que también guardó silencio, la única respuesta en favor de la comunidad fue de parte del Representante Legal del Consejo Comunitario, lo cual deja ver claramente que hubo desinterés, por parte de estas entidades, perdiendo incluso, la primera oportunidad de desvirtuar la falta de rigurosidad de la que fue tachado el procedimiento de titulación colectiva del Consejo Comunitario.

La ausencia de estas respuestas en la contestación de la demanda, sin duda influyeron en la decisión del colegiado. Faltó entonces en ese sentido, el análisis técnico, sociológico y en derechos en favor de la comunidad, aspectos que pudieron claramente introducir estas entidades en el traslado de la demanda y cuya ausencia hizo primar el derecho objetivo desde un positivismo obsoleto que abiertamente ignoró todo el desarrollo jurisprudencial de las Cortes en materia de reconocimiento de derechos étnico-territoriales a las comunidades negras del País.

Otra de las aristas de la Sentencia, va un tanto más allá de lo analizado expresamente por esta, y es como un Plan de Ordenamiento Territorial (POT) se construyó ignorando territorialidades, y realidades propias de las comunidades étnicas de este país, omitiendo en su análisis los derechos de las comunidades negras reconocidos a nivel constitucional, legal e incluso a nivel internacional, empezando por los Artículos 13 a 16 del Convenio 169 de la OIT. Esto que pasó en La Boquilla con la sentencia que hoy analizamos, específicamente en lo relacionado con el POT es una realidad que viene afectando territorios con ruralidades y urbanidades mayoritariamente negras. Se ha convertido en un fenómeno común que se cambie la planeación del desarrollo del territorio a través de estos instrumentos públicos/administrativos sin tener cuenta la existencia de comunidades étnicas. Es esta una alerta para que todas/os las/as ciudadanos/as participemos activa, técnica y políticamente de las decisiones que nos afectan, específicamente las que afectan a las comunidades negras en el reconocimiento de la heterogeneidad que nos caracteriza y particulariza.

De todo lo anterior nos quedan tres conclusiones:

  1. El Tribunal centra todo su esfuerzo en la pobre tarea de explicar las diferencias entre lo urbano y lo rural sin detenerse a analizar el impacto real que producen los cambios del uso del suelo en comunidades que han habitado ciertos territorios históricamente.
  2. No se detiene el Tribunal ni un solo momento en hacer un aterrizaje etnohistórico del proceso objeto decisión, hecho que sólo da cuenta de lo desgastada y obsoleta que puede ser a veces la Rama Judicial, sobre todo en espacios como Cartagena.
  3. A la ANT habrá de quedarle una moraleja y es que ese desliz institucional, esa desidia, la lentitud, la ineficiente puesta en marcha del proceso de titulación regulado en la Ley 70 de 1993 y el Decreto 1745 de 1995, le puede traer consecuencias nefastas a las comunidades negras del país, sobre todo a las del Caribe.
    También es válido preguntarse sobre el compromiso institucional de la Agencia para defender sus propias decisiones en todas las instancias, mas allá del afán noticioso de 2012 por la llegada de Barack Obama al país.

 

Seguiremos de manera atenta la consolidación del recurso que deberá presentar la Agencia Nacional de Tierras en el término de la ejecutoria de la Sentencia, por ser ella la competente y la promesa reciente de las autoridades distritales, específicamente la Secretaría del Interior de Cartagena de apoyar, como es su deber, a las comunidades negras de La Boquilla. No todo está dicho, la lucha sigue activa esta vez en la sede del Tribunal Administrativo de Bolívar.

 

 

 

El Llano de Los Otros

El Llano de Los Otros

Dayana Blanco Acendra 

Mi conciencia no me deja ir a dispararle a mi hermano,

O a gente de piel oscura,

O alguna pobre gente hambrienta en el barro

Por la gran y poderosa América.

¿Y dispararles por qué? Nunca me llamaron ¨negro¨,

Nunca me lincharon, nunca me echaron los perros encima,

No me quitaron mi nacionalidad, no me violaron

Y no mataron a mi madre y padre…

¿Dispararles por qué? ¿Cómo puedo dispararle a gente pobre?

(Muhamad Ali, Feb, 1978)

 

Cuando eres consciente de la realidad del mundo, del sufrimiento de lxs otrxs, mantenerte en calma, salvar la alegría, abrazarte a tu propia alma es un trabajo diario, casi una prueba de tu propia existencia. Mantener la fe, creer en el cambio y predicar el amor es el afán de cada día. Es desgastante tener que explicarse a unx mismx, ¿Cómo amanecemos en un lugar del mundo que lleva tantos años derramando su propia sangre?, en el que las personas se matan las unas a las otras, donde, claro, unas ponen mas muertxs que otras. Un país donde cinco niños afrocolombianos fueron asesinados, hallados en un cañaduzal por sus familias, uno donde a Luis de 17 años le mutilaron el brazo con un machete por ser gay, el mismo país donde otros dos niños de 12 y 17 años, fueron asesinados camino a su colegio.

¿Cómo sobrevive uno a su propio país? ¿Qué clase de cementerio es Colombia? Un lugar que adoba su sangrienta realidad con el odio hacia lxs otrxs, sobre todo hacia el otro negro, hacia el otro pobre, hacia el otro indio, hacia el otro marica. Un país que narra al otro desde esta orilla tan infame, tres titulares de prensa que relatan nuestra propia miseria:

  • “Joven perdió su brazo tras ser atacado con un machete en presunto ataque homofóbico en Colombia” NTN24, 12 de agosto de 2020. 
  • “5 niños afro fueron masacrados en el barrio Llano Verde en Cali”. Contario Radio, 12 de agosto 2020. 
  • “Dos menores iban a dejar la tarea al colegio y paramilitares los mataron” Revista Semana, 12 de agosto de 2020

Estos titulares, la realidad en sí y sobre todo la indiferencia del país ante este tipo de violencias, tienen algo en común: Quienes mueren y sufren son personas negras, personas empobrecidas, personas diferentes, son lo que llamaría Toni Morrison “Los Otros”. En su libro -El Origen de los Otros-, Morrison explica con claridad, por qué estas muertes no duelen, por qué el brazo de Luis no genera la merecida indignación, por qué hay una realidad para unos y una realidad para “Los Otros”, y sobre todo, por qué lo que se narra del mundo, no se compadece con el sufrimiento de esos “otros”.

Morrison nos cuenta cómo se usa el color como un fetiche, como un instrumento para narrar morbo, para criminalizar al otro. Al negro, por ejemplo, porque su nombre no basta para describirlo porque su humanidad y su carácter, según esta sociedad, está atada a su color de piel. En otros casos, en los casos que importan, explica Morrison que se omite el color, por ejemplo, en el caso de los cinco jóvenes afro de Llano Verde, autoridades del gobierno, por ejemplo, lamentan la muerte pero no reflexionan por qué son jóvenes negros los que están condenados a morir así. No cuestiona el sistema que los mata, ni siquiera lo menciona.

Luis y su familia, que han logrado recoger algún dinero para su prótesis, gracias a la solidaridad de unos pocos, esperan que se haga justicia por el acto homófobo sucedido en Sincelejo. Las familias de los cinco jóvenes afro de Llano Verde, y de los dos niños asesinados entre Cauca y Nariño, esperan justicia por las circunstancias de sus muertes. Todos ellos lloran su dolor, pasan su rabia en medio de narrativas absurdas con transfondo racista y heterosexista. Porque eso es al final del día, eso son estos sistemas que construyen verdades acomodadas y justificaciones sobre la pertenencia de unos y la exclusión de otros en la sociedad, quién merece justicia, quién merece trabajo, quién merece educación, quién merece respeto, quién merece dignidad y quién merece la vida.

…Y siguen contando muertes en un país donde mientras uno se desahoga escribiendo sobre el dolor de estas masacres, todos los días te sorprenden las noticias con otras y otras.

  • Masacre en Samaniego, Nariño: nueve jóvenes fueron asesinados. Periódico El Tiempo, 16 de agosto de 2020.
  • #URGENTE Al parecer ocurrió una nueva masacre en Camawari(…) Habría cuatro jóvenes muertos y varios heridos. Paz y Reconciliación, 18 de agosto de 2020.

 

“¡Cuánta sangre en mi memoria! En mi memoria están las lagunas. Están cubiertas de cabezas de muertos. No están cubiertas de nenúfares. En mi memoria hay lagunas. En sus orillas no se han extendido ceñidores de mujeres. Mi memoria está rodeada de sangre. iMi memoria tiene su cinturón de cadáveres! y metralla de barriles de ron genialmente rociador de nuestras innobles rebeliones, pasmos de ojos dulces por haber trasegado la libertad feroz”

(Aime Césaire, Cuaderno de retorno a un país natal)

 

De Minneapolis a Bogotá

De Minneapolis a Bogotá

Por: Ana González y Eliana Alcalá

La escena del asesinato del afroamericano George Floyd la hemos visto varias veces: varios policías blancos custodian o persiguen a un hombre o mujer negra, desarmado/a, que no representa ningún peligro y, sin embargo, sobre su humanidad se aplica fuerza sin justificación y de manera desproporcionada que resulta en su muerte. De la misma forma, bajo el lente de una cámara desprevenida, han sido asesinados mujeres y hombres afroamericanos como Philando Cassile, quien murió frente a su hija y novia, víctima de varios disparos al interior de su carro el 6 de julio de 2016; Eric Garner, quien fue murió asfixiado como Floyd en una calle en Long Island, Breonna Taylor, una trabajadora de la salud a quien la policía disparó ocho veces en la puerta de su apartamento en Louisville (Kentucky) el mes pasado; Rekia Boyd, una mujer de 22 años que se encontraba departiendo con amigos y a quien un  ex-policía le disparó en un parque en la ciudad de  Chicago en marzo de 2012. La lista de personas negras ejecutadas por la policía es larga y dolorosa. Lo peor es que la mayoría estas muertes permanecen en la más absoluta impunidad, si bien es cierto, en algunos casos los policías han sido desvinculados del servicio, los procesos penales y civiles en contra de estos no avanzan o terminan en el levantamiento de cargos a los acusados.

El uso excesivo de la fuerza policial que resulta en la muerte de personas afroamericanas a manos de policía está precedido de una serie de prácticas policiales discriminatorias como el perfilamiento racial, la política de “stop and frisk”, las detenciones desproporcionadas a conductores afroamericanos, los maltratos verbales y físicos bajo custodia policial, entre otros. Estas prácticas se encuentran arraigadas en la historia de una institución que es inherentemente racista: desde las “slave patrols” que perseguían a esclavizados que se escapaban, hasta la agresión brutal de la fue víctima Rodney King en aquel marzo de 1991 y que despertó la digna rabia de miles hombres y mujeres negras en la ciudad de Los Ángeles. No se trata entonces de excepciones o de manzanas podridas sino de una institución que se ha erigido bajo la ideología del supremacismo blanco y está compuesta por muchos de sus seguidores.

Nos duele y nos indigna lo que pasa en EEUU pero no está tan lejos de lo que pasa en Colombia, Anderson Arboleda, un joven afrocolombiano habitante del municipio de Puerto Tejada fue brutalmente golpeado hasta la muerte por agentes policiales en la puerta de su casa, aparentemente, por violar el aislamiento obligatorio. Y es que las restricciones a la movilidad y circulación de las personas en el contexto de la pandemia ha generado toda suerte de excesos por parte de la policía. Igualmente, en ciudades como Cali, Bogotá, Medellín, Cartagena, entre otros, mujeres y hombres negros se enfrentan a situaciones muy similares a aquellas denunciadas en EEUU, que nos revelan que el racismo policial es un problema aquí y allá que se manifiesta de diversas formas.

Durante 2019, Ilex acción jurídica se dio a la tarea de documentar cómo operan estas prácticas policiales discriminatorias en la ciudad de Bogotá, especialmente, en las localidades de Usme y Kennedy donde vive una cantidad significativa de población afrocolombiana. Las violencias a las que se ven sometidas las personas afrocolombianas, sobre todo los jóvenes, en parte, son consecuencias de una serie de prejuicios racistas que asocian a las personas negras a la criminalidad y por tanto, la convierten en objeto de criminalización desproporcionada y distintas formas de violencia. De acuerdo con las observaciones que realizamos en dos Portales de Transmilenio (Usme y Américas) las personas afro tienen más probabilidades de ser multadas (en particular vendedores informales) y aquellas personas con las tonalidades más oscuras tienen más probabilidades de ser detenidas, multadas o llevadas al área restringida de la estación.

La documentación realizada por Ilex acción jurídica reveló que durante los procedimientos policiales, que deberían caracterizarse por el respeto a la integridad moral y física de las personas, los agentes usan expresiones discriminatorias y deshumanizantes como “Negro”, “simio”, “curtido”, “esclavo”, así mismo, la interacción entre policías y comunidad afrocolombiana está marcada por actos agresivos y presencia excesiva de policías en espacios de recreación y encuentro social.

Invitación al lanzamiento del informe : https://www.facebook.com/ilexAJ/

Invitación al lanzamiento del informe : https://www.facebook.com/ilexAJ/

Los encuentros con la policía relatados por jóvenes afro de las localidades de Usme y Kennedy se caracterizan por trato hostil que resulta en la vulneración de su integridad personal, integridad que implica la garantía de una vida sin violencias y la prohibición de cualquier trato inhumano, cruel o degradante. Durante retenciones temporales o durante traslados por protección (las retenciones temporales se realizan para hacer registros -requisas- o solicitar documentos, mientras que los traslados por protección son un procedimiento policial que implica llevar a la persona a un centro de detención por no más de 12 horas) se producen actos cuyo único fin es el de infundir temor o degradar, y que constituyen tortura. Por ejemplo, se les impone que realicen labores de limpieza como condición para “salir”, como nos lo relató un joven de la localidad de Usme. Organizaciones como AFRODES han denunciado también el asesinato e intimidación de jóvenes afrocolombianos en las localidades de Soacha y Ciudad Bolívar por parte de la policía.

Estas situaciones aún permanecen en la invisibilidad. La comunidad no tiene confianza en las autoridades, tiene miedo a denunciar y en algunos casos el temor de debe a amenazas y potenciales represalias por parte de la policía. En la mayoría de los casos las personas afectadas no cuentan con un acompañamiento efectivo para la defensa de sus derechos. Tal vez por lo anterior no se tenga un registro confiable de casos de abuso policial pese a su existencia. La denuncia de esos casos de violencia debe ser investigada a mayor profundidad por las autoridades y es obligación de las mismas tomar medidas de política pública para combatir la discriminación racial y el abuso en la actividad policial.