El Llano de Los Otros

El Llano de Los Otros

Dayana Blanco Acendra 

Mi conciencia no me deja ir a dispararle a mi hermano,

O a gente de piel oscura,

O alguna pobre gente hambrienta en el barro

Por la gran y poderosa América.

¿Y dispararles por qué? Nunca me llamaron ¨negro¨,

Nunca me lincharon, nunca me echaron los perros encima,

No me quitaron mi nacionalidad, no me violaron

Y no mataron a mi madre y padre…

¿Dispararles por qué? ¿Cómo puedo dispararle a gente pobre?

(Muhamad Ali, Feb, 1978)

 

Cuando eres consciente de la realidad del mundo, del sufrimiento de lxs otrxs, mantenerte en calma, salvar la alegría, abrazarte a tu propia alma es un trabajo diario, casi una prueba de tu propia existencia. Mantener la fe, creer en el cambio y predicar el amor es el afán de cada día. Es desgastante tener que explicarse a unx mismx, ¿Cómo amanecemos en un lugar del mundo que lleva tantos años derramando su propia sangre?, en el que las personas se matan las unas a las otras, donde, claro, unas ponen mas muertxs que otras. Un país donde cinco niños afrocolombianos fueron asesinados, hallados en un cañaduzal por sus familias, uno donde a Luis de 17 años le mutilaron el brazo con un machete por ser gay, el mismo país donde otros dos niños de 12 y 17 años, fueron asesinados camino a su colegio.

¿Cómo sobrevive uno a su propio país? ¿Qué clase de cementerio es Colombia? Un lugar que adoba su sangrienta realidad con el odio hacia lxs otrxs, sobre todo hacia el otro negro, hacia el otro pobre, hacia el otro indio, hacia el otro marica. Un país que narra al otro desde esta orilla tan infame, tres titulares de prensa que relatan nuestra propia miseria:

  • “Joven perdió su brazo tras ser atacado con un machete en presunto ataque homofóbico en Colombia” NTN24, 12 de agosto de 2020. 
  • “5 niños afro fueron masacrados en el barrio Llano Verde en Cali”. Contario Radio, 12 de agosto 2020. 
  • “Dos menores iban a dejar la tarea al colegio y paramilitares los mataron” Revista Semana, 12 de agosto de 2020

Estos titulares, la realidad en sí y sobre todo la indiferencia del país ante este tipo de violencias, tienen algo en común: Quienes mueren y sufren son personas negras, personas empobrecidas, personas diferentes, son lo que llamaría Toni Morrison “Los Otros”. En su libro -El Origen de los Otros-, Morrison explica con claridad, por qué estas muertes no duelen, por qué el brazo de Luis no genera la merecida indignación, por qué hay una realidad para unos y una realidad para “Los Otros”, y sobre todo, por qué lo que se narra del mundo, no se compadece con el sufrimiento de esos “otros”.

Morrison nos cuenta cómo se usa el color como un fetiche, como un instrumento para narrar morbo, para criminalizar al otro. Al negro, por ejemplo, porque su nombre no basta para describirlo porque su humanidad y su carácter, según esta sociedad, está atada a su color de piel. En otros casos, en los casos que importan, explica Morrison que se omite el color, por ejemplo, en el caso de los cinco jóvenes afro de Llano Verde, autoridades del gobierno, por ejemplo, lamentan la muerte pero no reflexionan por qué son jóvenes negros los que están condenados a morir así. No cuestiona el sistema que los mata, ni siquiera lo menciona.

Luis y su familia, que han logrado recoger algún dinero para su prótesis, gracias a la solidaridad de unos pocos, esperan que se haga justicia por el acto homófobo sucedido en Sincelejo. Las familias de los cinco jóvenes afro de Llano Verde, y de los dos niños asesinados entre Cauca y Nariño, esperan justicia por las circunstancias de sus muertes. Todos ellos lloran su dolor, pasan su rabia en medio de narrativas absurdas con transfondo racista y heterosexista. Porque eso es al final del día, eso son estos sistemas que construyen verdades acomodadas y justificaciones sobre la pertenencia de unos y la exclusión de otros en la sociedad, quién merece justicia, quién merece trabajo, quién merece educación, quién merece respeto, quién merece dignidad y quién merece la vida.

…Y siguen contando muertes en un país donde mientras uno se desahoga escribiendo sobre el dolor de estas masacres, todos los días te sorprenden las noticias con otras y otras.

  • Masacre en Samaniego, Nariño: nueve jóvenes fueron asesinados. Periódico El Tiempo, 16 de agosto de 2020.
  • #URGENTE Al parecer ocurrió una nueva masacre en Camawari(…) Habría cuatro jóvenes muertos y varios heridos. Paz y Reconciliación, 18 de agosto de 2020.

 

“¡Cuánta sangre en mi memoria! En mi memoria están las lagunas. Están cubiertas de cabezas de muertos. No están cubiertas de nenúfares. En mi memoria hay lagunas. En sus orillas no se han extendido ceñidores de mujeres. Mi memoria está rodeada de sangre. iMi memoria tiene su cinturón de cadáveres! y metralla de barriles de ron genialmente rociador de nuestras innobles rebeliones, pasmos de ojos dulces por haber trasegado la libertad feroz”

(Aime Césaire, Cuaderno de retorno a un país natal)

 

De Minneapolis a Bogotá

De Minneapolis a Bogotá

Por: Ana González y Eliana Alcalá

La escena del asesinato del afroamericano George Floyd la hemos visto varias veces: varios policías blancos custodian o persiguen a un hombre o mujer negra, desarmado/a, que no representa ningún peligro y, sin embargo, sobre su humanidad se aplica fuerza sin justificación y de manera desproporcionada que resulta en su muerte. De la misma forma, bajo el lente de una cámara desprevenida, han sido asesinados mujeres y hombres afroamericanos como Philando Cassile, quien murió frente a su hija y novia, víctima de varios disparos al interior de su carro el 6 de julio de 2016; Eric Garner, quien fue murió asfixiado como Floyd en una calle en Long Island, Breonna Taylor, una trabajadora de la salud a quien la policía disparó ocho veces en la puerta de su apartamento en Louisville (Kentucky) el mes pasado; Rekia Boyd, una mujer de 22 años que se encontraba departiendo con amigos y a quien un  ex-policía le disparó en un parque en la ciudad de  Chicago en marzo de 2012. La lista de personas negras ejecutadas por la policía es larga y dolorosa. Lo peor es que la mayoría estas muertes permanecen en la más absoluta impunidad, si bien es cierto, en algunos casos los policías han sido desvinculados del servicio, los procesos penales y civiles en contra de estos no avanzan o terminan en el levantamiento de cargos a los acusados.

El uso excesivo de la fuerza policial que resulta en la muerte de personas afroamericanas a manos de policía está precedido de una serie de prácticas policiales discriminatorias como el perfilamiento racial, la política de “stop and frisk”, las detenciones desproporcionadas a conductores afroamericanos, los maltratos verbales y físicos bajo custodia policial, entre otros. Estas prácticas se encuentran arraigadas en la historia de una institución que es inherentemente racista: desde las “slave patrols” que perseguían a esclavizados que se escapaban, hasta la agresión brutal de la fue víctima Rodney King en aquel marzo de 1991 y que despertó la digna rabia de miles hombres y mujeres negras en la ciudad de Los Ángeles. No se trata entonces de excepciones o de manzanas podridas sino de una institución que se ha erigido bajo la ideología del supremacismo blanco y está compuesta por muchos de sus seguidores.

Nos duele y nos indigna lo que pasa en EEUU pero no está tan lejos de lo que pasa en Colombia, Anderson Arboleda, un joven afrocolombiano habitante del municipio de Puerto Tejada fue brutalmente golpeado hasta la muerte por agentes policiales en la puerta de su casa, aparentemente, por violar el aislamiento obligatorio. Y es que las restricciones a la movilidad y circulación de las personas en el contexto de la pandemia ha generado toda suerte de excesos por parte de la policía. Igualmente, en ciudades como Cali, Bogotá, Medellín, Cartagena, entre otros, mujeres y hombres negros se enfrentan a situaciones muy similares a aquellas denunciadas en EEUU, que nos revelan que el racismo policial es un problema aquí y allá que se manifiesta de diversas formas.

Durante 2019, Ilex acción jurídica se dio a la tarea de documentar cómo operan estas prácticas policiales discriminatorias en la ciudad de Bogotá, especialmente, en las localidades de Usme y Kennedy donde vive una cantidad significativa de población afrocolombiana. Las violencias a las que se ven sometidas las personas afrocolombianas, sobre todo los jóvenes, en parte, son consecuencias de una serie de prejuicios racistas que asocian a las personas negras a la criminalidad y por tanto, la convierten en objeto de criminalización desproporcionada y distintas formas de violencia. De acuerdo con las observaciones que realizamos en dos Portales de Transmilenio (Usme y Américas) las personas afro tienen más probabilidades de ser multadas (en particular vendedores informales) y aquellas personas con las tonalidades más oscuras tienen más probabilidades de ser detenidas, multadas o llevadas al área restringida de la estación.

La documentación realizada por Ilex acción jurídica reveló que durante los procedimientos policiales, que deberían caracterizarse por el respeto a la integridad moral y física de las personas, los agentes usan expresiones discriminatorias y deshumanizantes como “Negro”, “simio”, “curtido”, “esclavo”, así mismo, la interacción entre policías y comunidad afrocolombiana está marcada por actos agresivos y presencia excesiva de policías en espacios de recreación y encuentro social.

Invitación al lanzamiento del informe : https://www.facebook.com/ilexAJ/

Invitación al lanzamiento del informe : https://www.facebook.com/ilexAJ/

Los encuentros con la policía relatados por jóvenes afro de las localidades de Usme y Kennedy se caracterizan por trato hostil que resulta en la vulneración de su integridad personal, integridad que implica la garantía de una vida sin violencias y la prohibición de cualquier trato inhumano, cruel o degradante. Durante retenciones temporales o durante traslados por protección (las retenciones temporales se realizan para hacer registros -requisas- o solicitar documentos, mientras que los traslados por protección son un procedimiento policial que implica llevar a la persona a un centro de detención por no más de 12 horas) se producen actos cuyo único fin es el de infundir temor o degradar, y que constituyen tortura. Por ejemplo, se les impone que realicen labores de limpieza como condición para “salir”, como nos lo relató un joven de la localidad de Usme. Organizaciones como AFRODES han denunciado también el asesinato e intimidación de jóvenes afrocolombianos en las localidades de Soacha y Ciudad Bolívar por parte de la policía.

Estas situaciones aún permanecen en la invisibilidad. La comunidad no tiene confianza en las autoridades, tiene miedo a denunciar y en algunos casos el temor de debe a amenazas y potenciales represalias por parte de la policía. En la mayoría de los casos las personas afectadas no cuentan con un acompañamiento efectivo para la defensa de sus derechos. Tal vez por lo anterior no se tenga un registro confiable de casos de abuso policial pese a su existencia. La denuncia de esos casos de violencia debe ser investigada a mayor profundidad por las autoridades y es obligación de las mismas tomar medidas de política pública para combatir la discriminación racial y el abuso en la actividad policial.

#PICOYMIEDO

#PICOYMIEDO

Por Them

Me preocupa algo que seguro a muchos de ustedes no les generará tanta angustia:  A partir del lunes 13 de abril, ¿Quién me puede comprar unos huevos?

El Decreto 106 del 8 de abril de 2020, que rige a partir de esta fecha y “Por el cual se imparten las órdenes e instrucciones necesarias para dar continuidad a la ejecución de la medida de aislamiento obligatorio en Bogotá D.C.”, no nos causaría tanto miedo si viviéramos en una sociedad respetuosa de la diversidad, las decisiones de las otras personas sobre su identidad, sobre sus cuerpos, sus formas expresarse y vidas desde la diferencia. No estamos en ese lugar, estamos muy lejos de ser esa sociedad, ni Bogotá, ni Lima, ni Panamá han estado a la altura de nuestras libertades y dignidad.

La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través del mencionado decreto, ordenó en su artículo 2, Parágrafo 4, que: “1. Días impares podrán circular exclusivamente las personas del sexo masculino, y 2. Dias pares podrán movilizarse exclusivamente las personas del sexo femenino”. Esto nos abrió un hueco en el pecho y la cabeza a quienes a diario sufrimos de misgendering, homofobia y actos de discriminación asociados a nuestra identidad y expresión de género en una sociedad que no entiende que cada quien puede decidir qué persona es, cómo y cuándo quiere serlo. Nos dejó a la merced de quienes no entienden que no es lo mismo identidad de género, expresión de género y sexo asignado al nacer, y redujo toda nuestra existencia a lo que un agente de policía decida que somos. Si fuera medianamente cierto que las autoridades respetarán las diversas manifestaciones de identidad de género, como lo afirma el decreto en un afán por salvar su constitucionalidad y legitimidad, hace mucho tiempo la población trans de Colombia y la región habría superado su expectativa de vida de 35 años.

Las denuncias que desde el miércoles pasado vienen haciendo colectivos trans, activistas LGBTQIA+, ONGs y otrxs, no son arbitrarias. El miedo que sentimos es razonable en una ciudad donde, según algunas organizaciones que trabajan con estos temas,  nueve de cada diez personas transgénero sienten vulnerados sus derechos  “El panorama de las personas con una orientación sexual distinta es complejo en la ciudad. Según cifras de la última medición de la Política Pública LGBTI, el 90 % de la población transgénero en la ciudad siente que sus derechos son vulnerados, de este balance las personas que perciben mayor transgresión son las mujeres transgénero (92,90%). Así mismo, son ellas quienes se sienten más agredidas a razón de su identidad de género (73,6%)”

Y ¿qué tiene que ver la Policia? Pues que varias de las violencias que sufren las personas LGBTQIA+, especialmente las personas trans, se derivan de actos de violencia y/o abuso policial. Esto ha sido ampliamente documentado en informes de la Defensoría del Pueblo, que contienen datos de la Fiscalía General de la Nación y Medicina Legal sobre el tema.  Según Medicina Legal, entre 2015 y mitad del 2017, se atendieron 83 casos de violencia interpersonal contra población LGBTI por parte de fuerzas del Estado en Bogotá y otras ciudades. Esto sin contar con que las personas no binarias o de expresión de género diversa, muchas de las cuales sufrimos en promedio entre 4 y 5 encuentros de misgendering diario, hemos quedado expuestas a la insoportable realidad de salir a la calle con el miedo de ser detenidas por la policía por parecer hombre o mujer, ambos o ninguno.

La posibilidad de un encuentro injustificado o arbitrario con la policia, ese solo pensamiento atravesando nuestras cabezas al salir de nuestras casas es de por sí violento. Eso sin contar con que, mientras las personas cisgenero o de expresiones de género tradicionales caminarán tranquilas los días pares o impares según se identifiquen. En contraste, a las personas diversas, queer, LGBT (sin el privilegio de pasar como heterosexuales), andróginas y trans, nos detendrán en la calle a pedirnos el documento de identidad, porque nuestra palabra como siempre, no será suficiente y nuestra apariencia demasiado incómoda. Esta es, a todas luces, una carga desproporcional y claramente cuestionable que pone el decreto sobre las personas trans, no binarias y de expresión de género diversa.

El Decreto 108 de 2020 no incluye ningún criterio técnico que justifique su imposición a la población que soportará esta carga, ni cuáles serán las medidas para controlar los eventuales brotes de violencia policial y/o abuso en contra de las personas LGBTQIA+, no binarias o con expresiones de género diversas. Esto sumado al hecho de que el modelo no funcionó en países como Perú o Panamá, sobre los cuales ha circulado información sobre casos donde la policía ha aprovechado la medida para “corregir” y/o “ aleccionar” la diferencia.

Cuidarnos del COVID-19 es deber de todxs, a las personas trans, LGBQAI, no binarias, de expresión de género diversa también nos interesa superar esta crisis, pero no a costa de estar más expuestxs en plena crisis. Mucho menos ahora que habrá menos gente en las calles para ser testigos de la bota que nos pisa. Esperamos que la Alcaldía siga mostrando su liderazgo inclusivo en estos temas, reemplace el pico y género por otra medida y demuestre que también gobierna para nosotrxs.

Liderazgo social, una labor de alto riesgo

Liderazgo social, una labor de alto riesgo

Por Maryluz Barragán

El asesinato del escolta de Leyner Palacios es indicativo de la forma en que se está recrudeciendo la guerra en el país. Fueron 18 tiros contra la humanidad de Arley Hernán Chalá, un joven que se dedicaba a la protección física de uno de los líderes más importantes de Bojayá y de Colombia.  Esta vez no se llevaron a Leyner, pero la muerte de Arley duele tanto como la de los más de los 50 líderes asesinados en lo que va en este 2020. La gravedad de este crimen es equiparable porque son los escoltas quienes hacen posible la labor de defensa de derechos humanos de los líderes sociales en el país. Este hecho, una vez más, llama la atención sobre la grave situación de los líderes y la ineficacia de la actual política de protección.

Paradójicamente, la muerte de Arley ocurre preciso el mismo día en que el Relator Especial para los Derechos Humanos de la ONU reporta que Colombia es el país con más asesinatos de líderes sociales de América Latina. El relator insiste en que ser defensor/a de derechos humanos en Colombia es una labor de alto riesgo. No solo por los constantes ataques contra la vida y la integridad personal sino por los altos niveles de impunidad que tienen estas agresiones y que se están en un 95%. Esto es muy grave porque quienes atacan a los líderes, finalmente saben que no serán judicializados, lo que naturalmente aumenta las violencias en su contra.

El reporte también señala que, luego de la firma del Acuerdo Final de Paz, las violencias y los asesinatos contra líderes sociales se ha incrementado. Una de las posibles causas es la apertura de nuevos escenarios de participación e interacción directa con la institucionalidad pública, lo que a su vez aumentó la visibilidad de ciertos liderazgos. Esta relación entre la exposición pública y el riesgo de los líderes se anticipó en el Acuerdo Final de Paz. Por esto se acordó la adopción de unas garantías de seguridad para líderes y lideresas. Con lo anterior se buscaba robustecer las medidas de protección existentes, que para ese momento ya resultaban insuficientes. Sin embargo, el gobierno actual ha optado no solo por hacer caso omiso a esta alternativa, sino que ha negado sistemáticamente la gravedad de la situación o afirma que se trata de un tema de percepción de la ciudadanía.

En este punto es clave señalar que no todos los liderazgos tienen un mismo nivel de riesgo. Los más afectados son quienes se encuentran en zonas rurales y defienden la paz. Esta situación se agrava cuando se trata de líderes afrodescendientes que defienden los derechos de su comunidad frente a la intervención indebida del Estado, cuyos intereses con frecuencia se confunden con los de las grandes empresas. En este punto se destaca otro de los hallazgos importantes del informe: un alto porcentaje de los asesinatos e intimidaciones ocurre en zonas de fuerte actividad empresarial. Particularmente, proyectos de minería a gran escala (legal o ilegal), agro-industria y energéticos. Esto es escandaloso considerando la consolidada práctica de convenios de seguridad de este tipo de empresas con el Ministerio de Defensa, Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Uno supondría que donde hay mayor intervención de estas entidades estatales deberían ser mas las garantías para los defensores de DDHH, pero la realidad es contraria.

Tenebrosamente, en esta radiografía de los escenarios de mayor vulnerabilidad de defensores de DDHH, el relator de la ONU parece describirnos los contextos en los que la mayoría de los líderes afros de mueven, incluido Leyner. Hace apenas dos meses fue noticia la petición que le hizo al presidente Duque para que implementara el Acuerdo de Paz en Bojayá, haciendo también un llamado a la coherencia de su política de legalidad y que la aplicara para  los proyectos mineros, agroindustriales y de infraestructura que se están adelantando en ese territorio.

El asesinato de Arley aunque es doloroso no resulta extraño. Los líderes sociales en Colombia, así como las personas que hacen parte de sus esquemas de seguridad se encuentran en constante riesgo de ser asesinados. Sin embargo, no deja de ser frustrante la forma en que el gobierno insiste en darle manejo a esta problemática. Ya no solo ignorando el llamado de las organizaciones sociales sino el de autoridades internacionales como el Relator para los DDHH de la ONU.

Ojalá, al final los canales diplomáticos hagan lo suyo y el respaldo internacional que se le ha dado a la labor del Relator logren presionar la adopción de algunas de las recomendaciones del citado reporte y que ello sirva para reorientar la política de seguridad de los líderes, que tanto se necesita en el país.

La protesta es una necesidad constante

La protesta es una necesidad constante

Por Eliana Alcalá

Ha pasado casi un mes del 21N, el comienzo de un paro nacional que se mantiene hasta el día de hoy. Un hito en la historia reciente de Colombia, de una sociedad inconforme con las políticas del gobierno, la incertidumbre frente al cumplimiento acuerdos de paz, la injusticia y la corrupción a  la que hemos sido sometidos durante décadas. Un ¡Basta ya! necesario y acorde a la convulsión latinoamericana.

El 21N es muestra de los cambios que puede generar la unión del pueblo y lo inherente de la protesta para darle voz a las demandas que el gobierno no quiere escuchar. Si alguna vez nos hemos preguntado acerca de la importancia de una política de disrupción como lo es un paro o una marcha, lo que ha pasado, aunque no interrumpe los problemas estructurales ni crea respuestas inmediatas, deja grandes enseñanzas, la principal: el imperativo de seguir protestando, de seguir reclamando hasta que se cambie lo que se quiera para mejorar el presente y asegurar un futuro.

La protesta es un medio para la reivindicación de los derechos, una forma de expresar oposición, de compartir ideas de cambio,   un elemento fundamental de la democracia que garantiza la libertad de expresión, la dignidad y la vida.

En una sociedad como la colombiana, amarrada a un gobierno casi inoperante, un congreso insensible y una justicia lenta, lo único que queda es la crítica constructiva, la suma de voces para exigir que pare esta carrera absurda hacia mezquindad, la pobreza, la ignorancia y la muerte. Es a la vez, un acto contra el miedo en un país donde hablar es a veces sinónimo de morir, es el verdadero poder de un movimiento ciudadano que se politiza – sin que eso implique partidos políticos-, porque la salud, la educación, el trabajo, el medio ambiente, el derecho a vivir en paz, nos trastoca a todos.

Colombia marchó y marcha como una masa de ciudadanos inconformes que tienen distintas causas a defender, causas justas, legítimas y que hoy buscan el futuro que sueña para esta generación y las siguientes. De ahí que sea una necesidad protestar, rebelarse contra el statu quo, porque es una muestra de solidaridad, se cuestiona la desigualdad que vemos todos los días y que necesita ser dimensionada, conocida, cambiada.Estos procesos no son fáciles porque para los  gobernantes de la democracia más antigua de Latinoamérica, en una amenaza a la ignominia que han llamado “institucionalidad”, esa que sólo privilegia a unos pocos. Nos infunden el miedo de que disrumpir y cuestionar la injusta cotidianidad representa crear caos, provocar la pérdida de recursos, mismos que son paliativos fértiles para el subconsciente de algunos que repiten: “Yo no paro, yo produzco.” Esos que producen pero no para ellos sino para el orden vigente que desangra arcas, pone como carne de cañón a jóvenes vulnerables, destruye ecosistemas, discrimina, mata e ignora.  Hemos normalizado el caos, la violencia del Estado, que nos han enseñado durante años, temiendo la protesta del propio pueblo.

La protesta en Colombia es inherente a su existencia, por todo lo que hemos vivido, por lo que está, por lo que se pone en riesgo. No se puede cambiar si no se exige, si no se hace un quiebre, si no existen procesos de transformación de las sociedades.

El comienzo del 21N  dio cuenta de esa necesidad de luchar contra la injusticia, las reformas tributarias, laborales, pensionales que no piensan en el bienestar de todo un país, por la paz. El ejercicio de protestar como un derecho fundamental.  Esto es un llamado a continuar, a seguir elevando de nuevo a las calles la voz de muchos, a no descuidar una oportunidad única en que todos, sin distinción, hemos encontrado puntos comunes.

 

Fotografía: Gabriel Ramón Pérez

Las comunidades negras: guardianas de la riqueza biodiversa y de los activos culturales del Pacífico

Las comunidades negras: guardianas de la riqueza biodiversa y de los activos culturales del Pacífico

Por Audrey Mena

La región pacífica constituye, después de la Amazonía, la reserva más grande de recursos naturales del país. Al lado de la diversidad biológica, e íntimamente relacionada con ella, se ubica una gran diversidad cultural representada en los conocimientos y técnicas desarrolladas durante siglos por las comunidades negras que habitan la región. Han sido precisamente las comunidades étnicas las que logrando recoger frutos para su subsistencia y a la vez conservar la base natural. Han desarrollado tradiciones y técnicas armónicas con la naturaleza. Han construido, en el lenguaje de expertos, un modelo de conservación y uso sostenible de la biodiversidad, lo que permite hoy en día al país tener esa reserva natural y cultural en el Pacífico. Sin embargo, el conocimiento tradicional, elemento esencial de la identidad de las comunidades negras, se está erosionando, y en algunos casos perdiendo, por razones internas y externas a las mismas comunidades.

En la actualidad hay un panorama desalentador, la extinción de la diversidad cultural y biológica del Pacífico se debe en gran parte al desconocimiento de esas técnicas y tradiciones centenarias desarrolladas por las comunidades para resguardar el monte. Así mismo han incido las oleadas de colonos que han llegado al andén Pacífico en busca de medios de vida (grupos armados, inversionistas nacionales y extranjeros), que han explotado sus riquezas, desplazando a las comunidades de sus territorios. La realidad del pacífico en la actualidad son los ríos contaminados por la minería, la vegetación deteriorada por la tala de arboles, y la tendencia extractiva de los recursos de la biodiversidad, que ha superado el umbral natural de cambio, generándose patrones de perdida para la sustentabilidad de la región. Pese a esto, las comunidades negras, siguen haciendo resistencia en sus territorios. Para las comunidades étnicas negras, el conocimiento tradicional es la base que transforma el territorio como un espacio espiritual, político, cultural y económico, en donde desarrollan sus relaciones sociales específicas, formas distintas de uso y apropiación de los recursos naturales. El significado del uso colectivo y ancestral del conocimiento tradicional se basa en su principio de autonomía, no como una situación de dominio sobre un recurso producto de sus procesos de apropiación tradicional, sino que implica y requiere la posibilidad de la toma de decisiones sobre lo que les pertenece por naturaleza propia.

Mientras que las comunidades negras pretenden mantener vigentes sus costumbres y tradiciones, algunas prácticas productivas de carácter colectivo, que de generación en generación han utilizado, tienden a desaparecer, como “la mano cambiada, la minga y la bota”, no sólo por “la situación crítica que experimentan las comunidades en la satisfacción de las necesidades básicas como la seguridad alimentaria y la salubridad” sino también, y es una de las razones más importantes, por la “introducción de sistemas productivos no sostenibles, expresados en forma de agroindustria del monocultivo de palma africana, y la proliferación de cultivos de coca y amapola.

Es importante llamar la atención del gobierno nacional frente a este situación, porque lo cierto es que las comunidades negras son actores estratégicos comprometidos con la consolidación del Territorio-Región del Pacífico, como garantía de la vida y cultura. En efecto, cualquier intervención relacionada con los conocimientos tradicionales y de la biodiversidad en los territorios de comunidades negras debe ir orientado desde los lineamientos del uso sostenible, respeto de las prácticas tradicionales, garantía de los procesos de participación, coordinación, concertación, consulta y consentimiento, autonomía y gobierno propio.