Por: Ana González y Eliana Alcalá

La escena del asesinato del afroamericano George Floyd la hemos visto varias veces: varios policías blancos custodian o persiguen a un hombre o mujer negra, desarmado/a, que no representa ningún peligro y, sin embargo, sobre su humanidad se aplica fuerza sin justificación y de manera desproporcionada que resulta en su muerte. De la misma forma, bajo el lente de una cámara desprevenida, han sido asesinados mujeres y hombres afroamericanos como Philando Cassile, quien murió frente a su hija y novia, víctima de varios disparos al interior de su carro el 6 de julio de 2016; Eric Garner, quien fue murió asfixiado como Floyd en una calle en Long Island, Breonna Taylor, una trabajadora de la salud a quien la policía disparó ocho veces en la puerta de su apartamento en Louisville (Kentucky) el mes pasado; Rekia Boyd, una mujer de 22 años que se encontraba departiendo con amigos y a quien un  ex-policía le disparó en un parque en la ciudad de  Chicago en marzo de 2012. La lista de personas negras ejecutadas por la policía es larga y dolorosa. Lo peor es que la mayoría estas muertes permanecen en la más absoluta impunidad, si bien es cierto, en algunos casos los policías han sido desvinculados del servicio, los procesos penales y civiles en contra de estos no avanzan o terminan en el levantamiento de cargos a los acusados.

El uso excesivo de la fuerza policial que resulta en la muerte de personas afroamericanas a manos de policía está precedido de una serie de prácticas policiales discriminatorias como el perfilamiento racial, la política de “stop and frisk”, las detenciones desproporcionadas a conductores afroamericanos, los maltratos verbales y físicos bajo custodia policial, entre otros. Estas prácticas se encuentran arraigadas en la historia de una institución que es inherentemente racista: desde las “slave patrols” que perseguían a esclavizados que se escapaban, hasta la agresión brutal de la fue víctima Rodney King en aquel marzo de 1991 y que despertó la digna rabia de miles hombres y mujeres negras en la ciudad de Los Ángeles. No se trata entonces de excepciones o de manzanas podridas sino de una institución que se ha erigido bajo la ideología del supremacismo blanco y está compuesta por muchos de sus seguidores.

Nos duele y nos indigna lo que pasa en EEUU pero no está tan lejos de lo que pasa en Colombia, Anderson Arboleda, un joven afrocolombiano habitante del municipio de Puerto Tejada fue brutalmente golpeado hasta la muerte por agentes policiales en la puerta de su casa, aparentemente, por violar el aislamiento obligatorio. Y es que las restricciones a la movilidad y circulación de las personas en el contexto de la pandemia ha generado toda suerte de excesos por parte de la policía. Igualmente, en ciudades como Cali, Bogotá, Medellín, Cartagena, entre otros, mujeres y hombres negros se enfrentan a situaciones muy similares a aquellas denunciadas en EEUU, que nos revelan que el racismo policial es un problema aquí y allá que se manifiesta de diversas formas.

Durante 2019, Ilex acción jurídica se dio a la tarea de documentar cómo operan estas prácticas policiales discriminatorias en la ciudad de Bogotá, especialmente, en las localidades de Usme y Kennedy donde vive una cantidad significativa de población afrocolombiana. Las violencias a las que se ven sometidas las personas afrocolombianas, sobre todo los jóvenes, en parte, son consecuencias de una serie de prejuicios racistas que asocian a las personas negras a la criminalidad y por tanto, la convierten en objeto de criminalización desproporcionada y distintas formas de violencia. De acuerdo con las observaciones que realizamos en dos Portales de Transmilenio (Usme y Américas) las personas afro tienen más probabilidades de ser multadas (en particular vendedores informales) y aquellas personas con las tonalidades más oscuras tienen más probabilidades de ser detenidas, multadas o llevadas al área restringida de la estación.

La documentación realizada por Ilex acción jurídica reveló que durante los procedimientos policiales, que deberían caracterizarse por el respeto a la integridad moral y física de las personas, los agentes usan expresiones discriminatorias y deshumanizantes como “Negro”, “simio”, “curtido”, “esclavo”, así mismo, la interacción entre policías y comunidad afrocolombiana está marcada por actos agresivos y presencia excesiva de policías en espacios de recreación y encuentro social.

Invitación al lanzamiento del informe : https://www.facebook.com/ilexAJ/

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Los encuentros con la policía relatados por jóvenes afro de las localidades de Usme y Kennedy se caracterizan por trato hostil que resulta en la vulneración de su integridad personal, integridad que implica la garantía de una vida sin violencias y la prohibición de cualquier trato inhumano, cruel o degradante. Durante retenciones temporales o durante traslados por protección (las retenciones temporales se realizan para hacer registros -requisas- o solicitar documentos, mientras que los traslados por protección son un procedimiento policial que implica llevar a la persona a un centro de detención por no más de 12 horas) se producen actos cuyo único fin es el de infundir temor o degradar, y que constituyen tortura. Por ejemplo, se les impone que realicen labores de limpieza como condición para “salir”, como nos lo relató un joven de la localidad de Usme. Organizaciones como AFRODES han denunciado también el asesinato e intimidación de jóvenes afrocolombianos en las localidades de Soacha y Ciudad Bolívar por parte de la policía.

Estas situaciones aún permanecen en la invisibilidad. La comunidad no tiene confianza en las autoridades, tiene miedo a denunciar y en algunos casos el temor de debe a amenazas y potenciales represalias por parte de la policía. En la mayoría de los casos las personas afectadas no cuentan con un acompañamiento efectivo para la defensa de sus derechos. Tal vez por lo anterior no se tenga un registro confiable de casos de abuso policial pese a su existencia. La denuncia de esos casos de violencia debe ser investigada a mayor profundidad por las autoridades y es obligación de las mismas tomar medidas de política pública para combatir la discriminación racial y el abuso en la actividad policial.