En la última semana de enero, el Gobierno nacional confirmó la adopción del plan nacional de vacunación contra el virus del Covid-19 a través del Decreto 109 de 2021.  Sin embargo, este pronunciamiento se realizó en medio de fuertes cuestionamientos sobre la capacidad de implementar dicho plan en zonas rurales, apartadas y con bajos niveles de atención en salud y/o conectividad como son las áreas habitadas por población afrocolombiana, indígena y campesina del país.

Los datos a los que se tienen acceso hasta ahora sobre la capacidad del sistema de salud, condiciones sanitarias adecuadas, garantía de ingresos básicos y niveles de conectividad en territorios con gran porcentaje de población afrodescendiente y ruralidad, evidencian un panorama poco favorable para la implementación del plan nacional de vacunación para estas comunidades .Por ejemplo, en el municipio de Quibdó, Chocó, la capacidad instalada de las IPS tanto en camas, como en salas es menor en comparación a Bogotá y el promedio nacional.

Asimismo, se observa que el departamento del Chocó tiene el menor número de profesionales en cualquier área de la salud, mientras que Bogotá es la ciudad con mayores profesionales por cada 10.000 habitantes, según el Ministerio de Salud.

En el plan de vacunación presentado por el Gobierno se detallaron los criterios para la selección de los grupos elegibles para la inmunización colectiva, así como las condiciones de priorización,  las fases en las que se desarrollará el proceso, la disponibilidad de inmunizadores que tendrá el país durante el 2021 y la logística de distribución. No obstante,  hay escasa o nula información alrededor de las estrategias que se desarrollarán en los lugares del territorio nacional  donde la red pública y privada de salud es insuficiente para desarrollar dicha campaña.

Esta carencia de información fue más notoria en la zona de la Amazonia y la región Pacífica donde existe una alta concentración de grupos indígenas y afrocolombianos. Falla igualmente el plan al omitir el personal médico tradicional de los territorios étnicos, como parte del talento humano de la salud de primera línea de atención en contextos étnicos comunitarios para ser vacunados en la etapa uno de la primera fase del plan.

Teniendo en cuenta, además de lo ya mencionado, que las deficiencias del sistema de salud ya habían sido advertidas por la Corte Constitucional en su  Sentencia T-760 de 2008, donde ordenó tomar medidas estructurales para atender las distintas fallas en la prestación de servicios de salud, es preciso concluir que en este panorama, el sistema de salud no cuenta con la capacidad suficiente para atender el plan, afectando especialmente a las poblaciones más vulnerables.

Es innegable la urgencia  de atender ciertas zonas del país en lo que tiene que ver con el plan. Según las normas sanitarias de protección para evitar infecciones y posibles contagios de Covid-19, es fundamental el lavado constante de manos y el acceso a servicios básicos, sin embargo, el 33,6% de los municipios con mayoría de personas afrocolombianas aún no cuentan con condiciones vitales y sanitarias mínimas, como sanitarios y acueducto versus el 4,7% de los municipios cuya población no reportó ninguna etnicidad (cálculo con base información DANE, 2018).

 

En relación a la vivienda y el acceso a servicios públicos en el 2018, el 11,4% de los hogares localizados en municipios que concentran  población afrocolombiana residían bajo condiciones ­­­inapropiadas para el alojamiento humano, versus un 7,9% de los hogares que se localizan en el resto de los municipios sin incluir comunidades indígenas (cálculo con base información DANE). Se estima que esta brecha aumentó durante los últimos años.

 

De otro lado, la pandemia del Covid-19 ha traído consigo la adopción de medidas administrativas locales y nacionales que alteraron la vida de la población afro por las restricciones a la libertad de locomoción y de tránsito. En consecuencia, cambió el significado de los espacios públicos para las personas afrodescendientes como lugares de producción y trabajo porque ahora son considerados sitios de alto riesgo de contagio.

La población afrodescendiente  se concentra en el mercado informal o en ramas económicas como el sector servicios (restaurantes, hoteles, entre otras), que fueron las más afectadas durante la crisis y que incluso siguen estando inactivas. Las personas que dependen de la economía informal o que no cuentan con ningún tipo de apoyo económico o asistencial deben decidir entre arriesgarse al contagio o enfrentar el hambre y la pobreza en sus casas.

Sumado a lo anterior, la pandemia por Covid-19 impuso la necesidad de tener acceso a la conectividad como un servicio básico para acceder a la educación, el trabajo, derechos fundamentales y conocer información vital sobre distribución y disposición de las vacunas.

A través de las plataformas Mivacuna Covid  y Paiweb, tal como lo anuncia el decreto, se busca implementar consultas individuales sobre la etapa en la que cada persona fue clasificada y el agendamiento de citas, así como establecer un sistema de registro nominal de la aplicación de vacunas en territorio colombiano, respectivamente. Sin embargo, estas herramientas digitales pretenden implementarse sin explicar cómo será su uso en zonas como las habitadas en su mayoría por población afrocolombiana que tienen, en promedio, una menor tasa de cobertura de internet, teniendo una diferencia significativa de 5,22 puntos menos respecto al resto de municipios del país , según la última actualización del  DANE.

Estas cifras revelan que nos encontramos frente a una crisis con consecuencias, no solo sanitarias sino sociales, culturales y económicas de gran escala que requieren respuestas sólidas y urgentes por parte del Estado. Es urgente proteger los derechos a la vida, salud e integridad personal de las poblaciones que se encuentran frente al riesgo de contagio inminente e implementar el enfoque étnico-racial en toda estrategia, política o medida dirigida a enfrentar la pandemia del Covid-19.

 

 

 

 

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