Por Maryluz Barragán

El asesinato del escolta de Leyner Palacios es indicativo de la forma en que se está recrudeciendo la guerra en el país. Fueron 18 tiros contra la humanidad de Arley Hernán Chalá, un joven que se dedicaba a la protección física de uno de los líderes más importantes de Bojayá y de Colombia.  Esta vez no se llevaron a Leyner, pero la muerte de Arley duele tanto como la de los más de los 50 líderes asesinados en lo que va en este 2020. La gravedad de este crimen es equiparable porque son los escoltas quienes hacen posible la labor de defensa de derechos humanos de los líderes sociales en el país. Este hecho, una vez más, llama la atención sobre la grave situación de los líderes y la ineficacia de la actual política de protección.

Paradójicamente, la muerte de Arley ocurre preciso el mismo día en que el Relator Especial para los Derechos Humanos de la ONU reporta que Colombia es el país con más asesinatos de líderes sociales de América Latina. El relator insiste en que ser defensor/a de derechos humanos en Colombia es una labor de alto riesgo. No solo por los constantes ataques contra la vida y la integridad personal sino por los altos niveles de impunidad que tienen estas agresiones y que se están en un 95%. Esto es muy grave porque quienes atacan a los líderes, finalmente saben que no serán judicializados, lo que naturalmente aumenta las violencias en su contra.

El reporte también señala que, luego de la firma del Acuerdo Final de Paz, las violencias y los asesinatos contra líderes sociales se ha incrementado. Una de las posibles causas es la apertura de nuevos escenarios de participación e interacción directa con la institucionalidad pública, lo que a su vez aumentó la visibilidad de ciertos liderazgos. Esta relación entre la exposición pública y el riesgo de los líderes se anticipó en el Acuerdo Final de Paz. Por esto se acordó la adopción de unas garantías de seguridad para líderes y lideresas. Con lo anterior se buscaba robustecer las medidas de protección existentes, que para ese momento ya resultaban insuficientes. Sin embargo, el gobierno actual ha optado no solo por hacer caso omiso a esta alternativa, sino que ha negado sistemáticamente la gravedad de la situación o afirma que se trata de un tema de percepción de la ciudadanía.

En este punto es clave señalar que no todos los liderazgos tienen un mismo nivel de riesgo. Los más afectados son quienes se encuentran en zonas rurales y defienden la paz. Esta situación se agrava cuando se trata de líderes afrodescendientes que defienden los derechos de su comunidad frente a la intervención indebida del Estado, cuyos intereses con frecuencia se confunden con los de las grandes empresas. En este punto se destaca otro de los hallazgos importantes del informe: un alto porcentaje de los asesinatos e intimidaciones ocurre en zonas de fuerte actividad empresarial. Particularmente, proyectos de minería a gran escala (legal o ilegal), agro-industria y energéticos. Esto es escandaloso considerando la consolidada práctica de convenios de seguridad de este tipo de empresas con el Ministerio de Defensa, Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Uno supondría que donde hay mayor intervención de estas entidades estatales deberían ser mas las garantías para los defensores de DDHH, pero la realidad es contraria.

Tenebrosamente, en esta radiografía de los escenarios de mayor vulnerabilidad de defensores de DDHH, el relator de la ONU parece describirnos los contextos en los que la mayoría de los líderes afros de mueven, incluido Leyner. Hace apenas dos meses fue noticia la petición que le hizo al presidente Duque para que implementara el Acuerdo de Paz en Bojayá, haciendo también un llamado a la coherencia de su política de legalidad y que la aplicara para  los proyectos mineros, agroindustriales y de infraestructura que se están adelantando en ese territorio.

El asesinato de Arley aunque es doloroso no resulta extraño. Los líderes sociales en Colombia, así como las personas que hacen parte de sus esquemas de seguridad se encuentran en constante riesgo de ser asesinados. Sin embargo, no deja de ser frustrante la forma en que el gobierno insiste en darle manejo a esta problemática. Ya no solo ignorando el llamado de las organizaciones sociales sino el de autoridades internacionales como el Relator para los DDHH de la ONU.

Ojalá, al final los canales diplomáticos hagan lo suyo y el respaldo internacional que se le ha dado a la labor del Relator logren presionar la adopción de algunas de las recomendaciones del citado reporte y que ello sirva para reorientar la política de seguridad de los líderes, que tanto se necesita en el país.