Las profundas desigualdades sociales y económicas que afectan a las personas afrodescendientes han limitado de manera histórica la garantía de derechos fundamentales de esta población, situación que se agravó con la pandemia covid-19.

Según el análisis de pobreza hecho por la Cepal, utilizando datos estadísticos disponibles hasta 2018, el mayor porcentaje de este indicador para población afrodescendiente en la región es el de Colombia, donde el 40,8% de quienes pertenecen a  ella están en la escala de pobreza, lo que en muchas ocasiones les reduce las posibilidades de tener las necesidades básicas satisfechas, como la seguridad alimentaria, la movilidad, entre otros e impactando el acceso a derechos como el de la salud, la educación, el trabajo, vivienda digana,  la igualdad, los económicos y la no discriminación.

Sumado a la pobreza monetaria, un estudio realizado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) titulado ‘La salud de la población afrodescendiente en América Latina’, señala que Colombia se destaca por la existencia de mayores desventajas para la población afrodescendiente en materia de salud, teniendo menores probabilidades de acceder a la atención médica en comparación con la población no afrodescendiente.

Tal y como lo expuso Ilex Acción jurídica, la pandemia por el covid-19 no tiene un impacto homogéneo. De acuerdo a la  investigación adelantada por los  profesores Carlos Viáfara y  Oscar Jehiny Larrahondo Ramos y al documento ‘Análisis de dos pandemias: racismo y crisis de salud pública’, de esta organización, al ser la tasa de letalidad del virus un 25% mayor en la población afrocolombiana, puede, por ejemplo, tener repercusiones en las condiciones de pobreza, debido a la pérdida de ingresos por hogares.

Es así como para responder a la heterogeneidad de los factores que han impactado a la población afrodescendiente, no sólo durante el covid-19,  sino históricamente, es necesario que los Estados realicen acciones enfocadas al restablecimiento de derechos como el acceso a la vivienda digna o la educación, debido a que es notable el regazo de la población afrocolombiana con relación a las condiciones educativas y de vida.

De acuerdo al DANE (2020), mientras que las personas sin pertenencia étnica, en promedio, tienen 15 años de educación, la población afrocolombiana ha estudiado un año menos, y los niveles de alfabetismo tienen  una diferencia de 4 puntos frente a la población no afrodescendiente. Durante el  covid-19 incrementaron las tasas de deserción escolar, lo cual tiene efectos en los niveles de pobreza, movilidad negativa y bajos salarios, según la misma entidad.

Pero no podemos hablar del derecho a la educación sin hablar de la conexión y del uso del internet, considerado como una limitante para la población afrocolombiana durante la pandemia, debido a que este se convirtió en la manera más práctica de acceder a la educación durante las cuarentenas generadas a partir del covid-19.  Según el DANE, los municipios con mayor población afrocolombiana tienen, en promedio, una menor tasa de cobertura de este servicio y una diferencia significativa de 5.22 puntos menos respecto al resto del país.

En lo que corresponde a vivienda digna, de acuerdo al DANE (2018)*, el 11.4% de la población afrocolombiana residía en condiciones inapropiadas, versus el 7.9% de población no étnica, lo cual va ligado a el acceso a servicios públicos, donde esta población tiene mayores brechas. En el año 2018, el 33.6% de las personas afrocolombianas no tenían acceso a condiciones vitales y sanitarias mínimas.

De la mano con lo anterior, uno de los mayores retos que enfrenta el Estado colombiano, además de los ya mencionados, es la necesidad de proteger el derecho a defender derechos. En ese sentido, la Corte Interamericana determinó que: “(…) las defensoras y los defensores de derechos humanos contribuyen de manera esencial a la observancia de los derechos humanos, pues actúan como garantes contra la impunidad. De esta manera se complementa el rol, no tan solo de los Estados, sino del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en su conjunto”[1].

Sin embargo, la Defensoría del Pueblo ha registrado 130 asesinatos de líderes sociales entre enero y noviembre de 2021[2]; y el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), ha informado que desde enero a lo que va del mes de diciembre del 2021 la cifra de líderes y lideresas asesinadas es de 162 personas, siento el caso más reciente el de Cristina Cantillo, lideresa, mujer trans, afrodescendiente de Santa Marta, quien desempeñaba labores de defensa a los derechos de las personas LGBTI[3].

A continuación recordamos algunas de las recomendaciones que hizo Ilex en materia de derechos humanos ante la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Organización de las Naciones Unidas (ONU):

  • Advierta la importancia del cumplimiento de las normas internacionales sobre el racismo y la protección de los derechos humanos de la población afrodescendiente. Reiteramos la necesidad de ratificar la Convención Interamericana contra el Racismo, Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia y resaltamos las declaraciones de la Vicepresidencia Martha Lucia Ramirez, emitidas el día 09 de diciembre de 2021 en el marco del debate de control político al que fue citada por la Comisión afro del congreso, en orden de comprometerse con la ratificación la convención, después de aproximadamente 7 años de su firma. En este punto, reafirmamos que no basta solo con la expedición de normas y ratificación de tratados, sino que es urgente también una adecuada implementación de los mismos.

 

  • Recalque la necesidad de obtener, recolectar y analizar datos estadísticos a través de la obligación de recoger la variable étnico racial en los registros oficiales, sobre todo al momento de la recepción de denuncias en los casos de abuso policial y en escenarios que permitan reconocer la situación socioeconómica de la población afrodescendiente. Esto es fundamental para poder visibilizar las problemáticas y las acciones concretas necesarias para eliminar prácticas que atentan contra los derechos humanos.

 

  • Tome precauciones y llame la atención de los Estados, Colombia específicamente, por los altos niveles de impunidad, frente a casos de violencia policial racista que no son investigados, por el contrario, son archivados, las denuncias no se tramiten de manera correcta y las personas afrodescendientes no tienen un acceso efectivo a la justicia.

 

  • Inste al Estado para que establezca la materialización de un sistema de vigilancia epidemiológico étnico colectivo que no vulnere el derecho a la salud y a la medicina étnica tradicional, y que a su vez de una trato igualitario y reconozca las prácticas médicas tradicionales en sus normativas nacionales.

 

  • Exhorte a los Estados para que se aseguren el acceso a servicios públicos básicos en todo el territorio nacional, como el acueducto, el agua potable, el alcantarillado, fluido eléctrico, conectividad, ya que son servicios necesarios para evitar el contagio por covid-19, y que en Colombia no se prestan en la mayoría de la población afrodescendiente.

 

  • Solicite la promoción de metodologías interculturales que tengan en cuenta los saberes ancestrales y las medicinas tradicionales con miras a proyectar políticas públicas diferenciales en el marco de la pandemia por covid-19 y, así mismo, promover iniciativas comunitarias de monitoreo de la pandemia, con el objetivo de tomar en cuenta las realidades territoriales de las comunidades étnicas.

 

  • Recalque la necesidad de priorizar la implementación de unidades de atención especiales en los centros de salud y hospitales de los territorios colectivos de las comunidades negras, afrodescendientes, palenqueras y raizales, en aras de contar con el personal suficiente y capacitado en territorios étnicos.

 

 

 

*DANE 2018: Resaltamos el subregistro que alteró  los datos demográficos de la población afrodescendiente en el censo.

[1] Corte IDH. Caso Valle Jaramillo y otros vs. Colombia. Sentencia de fondo, reparaciones y costas. 27 de noviembre de 2008. Serie C No. 192. Párr. 88.

[2] https://www.eltiempo.com/justicia/delitos/cuantos-lideres-sociales-han-sido-asesinados-en-2021-balance-de-defensoria-637827

[3] INDEPAZ (2021) Líderes sociales, defensores de derechos humanos en el 2021. Ver en: http://www.indepaz.org.co/lideres-sociales-y-defensores-de-derechos-humanos-asesinados-en-2021/