A pesar de los esfuerzos para la finalización del conflicto armado y la garantía de una paz estable y duradera, las violaciones a derechos humanos contra de los líderes/as sociales continúan en aumento. Colombia es un país que en materia de protección y seguridad a líderes/as sociales tiene grandes debilidades, entre estas, que las herramientas y entidades que existen para garantizar el ejercicio de liderazgos y la defensa de derechos no cuentan con enfoques diferenciales que propendan por proteger la vida de los líderes/as desde una mirada étnico-racial. Por dicha razón, la implementación en el análisis del problema de violencia contra líderes/as sociales y las  medidas de protección resultan poco efectivas y se dificulta la real protección de estos/as.

La situación que enfrentan los líderes/as sociales afro es mucho más gravosa si tenemos en consideración las dinámicas de violencia y conflicto armado que se han presentado en los territorios habitados por las comunidades afrodescendientes. De hecho, la Corte Constitucional a través del Auto 005 de 2009 ha reconocido que existen unos riesgos caracterizados que han enfrentado las comunidades afro en sus territorios, sumado a la discriminación y la lucha constante por mejores oportunidades.

La necesidad de una implementación de medidas de protección con enfoque étnico-racial radica en realizar un acercamiento culturalmente adecuado a los líderes/as sociales, que permita a su vez comprender el rol que los mismos desenvuelven al interior de la comunidad. Permitiría también que este acercamiento haga parte del análisis de los riesgos que afectan su liderazgo y que las medidas de protección se implementen procurando no fracturar el tejido social y dinámicas de su comunidad.

La sistematicidad de las violencias ejercidas en contra de los líderes/as sociales afro en conjunto con la falta de enfoques diferenciales reales por parte de las entidades del Estado también han dificultado la posibilidad de contar con cifras reales frente a las amenazas y asesinatos de estos líderes, ya que los números que se registran en las distintas páginas oficiales de las entidades estatales no corresponden a los que algunas organizaciones de la sociedad civil han manejado.

 En el Informe “Líderes y Defensores de DDHH Asesinados al 26 de Julio de 2019”, INDEPAZ publicó que para el año 2018 se reportó el asesinato de 282 líderes/as, mientras que en el año 2019 se registraron 112 casos de asesinatos. En su lugar, la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales desde el 7 de agosto de 2018 hasta el 7 de noviembre del 2020 registró 198 asesinatos a líderes sociales, lo que, para el actual gobierno, que usa los datos de dicha consejería, significa la reducción en el número de líderes sociales asesinados y el avance en materia de protección.

Lo anterior demuestra la existencia de un subregistro en materia de asesinatos a líderes/as sociales, al tiempo que evidencia la falta de articulación en materia de levantamiento de datos por parte del actual gobierno y de las organizaciones de la sociedad civil, muchas de las cuales se encuentran en el terreno.

En medio de estas dificultades, la población afrocolombiana suma un muerto más a la cifra. El día 13 de junio del 2021 fue asesinado Harold Angulo Vencé, conocido en el medio artístico como “Junior Jein”, reconocido líder cultural afrocolombiano y quien fue pionero en el movimiento urbano del Pacífico colombiano. Durante su trayectoria artística, “Junior Jein” se dedicó a luchar contra la discriminación racial, visibilizar la situación de vulnerabilidad que se vive en los territorios afro y apoyar las protestas sociales que se vienen adelantando en el marco del paro nacional que inició el 28 de abril del 2021; con este asesinato ya son 73 los líderes/as sociales asesinados en Colombia según información publicada por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz-INDEPAZ-.

Resulta indispensable que el Estado colombiano se comprometa a analizar este problema con enfoques diferenciales, a garantizar la vida e integridad de los líderes/as sociales, pero que además se dé un registro real del número de líderes/as sociales étnica y racialmente diferenciados que han sido amenazados y/o asesinados para de esa manera establecer por parte del Estado y las organizaciones de la sociedad civil las estrategias que se implementarían para combatir este tipo de violencia diferenciada.

Por: Yuly Paola Campiño,  abogada- ILEX Acción Jurídica