La política de lucha contra las drogas del actual gobierno ha estado enfocada en reducir a toda costa los cultivos de uso ilícito retomando las aspersiones con glifosato en los territorios. Afirman que la aspersión es necesaria debido a los aumentos registrados en las hectáreas de coca cultivada en los últimos periodos. En ese sentido, los años 2019 y 2020, han sido de intensas gestiones por alcanzar la reanudación de aspersiones con glifosato, sin importar la contingencia de la pandemia. 

La propuesta de reanudar las fumigaciones ha generado gran preocupación en distintos sectores de la sociedad colombiana, sobre todo al interior de las organizaciones sociales, campesinas y étnicas. Las comunidades negras en particular, han denunciado los efectos adversos de la aspersión aerea sobre sus territorios, han visto cómo los cultivos de pan coger que garantizan su autonomía alimentaria son arrasados por el glifosato, han insistido en los efectos nocivos en su salud y cómo esta realidad ha obligado a algunos a desplazarse a centros urbanos. 

Además, son también preocupantes las afectaciones graves de la aspersión en el suelo para la siembra de alimentos, donde paradójicamente la coca si puede sembrarse nuevamente, en muchos casos, después de las fumigaciones. Asimismo, se destacan las afectaciones ecológicas: los ríos, la fauna y la flora, la calidad del agua y con lo anterior, la efectación a la práctica de la medicina tradicional. 

En nuestra investigación “Discriminación Racial y Politica de Drogas en Colombia.” se pudo documentar de manera preliminar cómo el uso del químico glifosato en las comunidades como las de Chocó, Nariño y Valle del Cauca tiene una afectación desproporcionada, agravada por el hecho de que estos territorios se caracterizan por el abandono estatal y las pocas garantías de suplir sus necesidades básicas.  

Se evidenció igualmente, una afectación en el tejido social y la composición familiar de estas comunidades, porque los modos de producción artesanales que son asumidos por cada miembro del núcleo familiar con una división específica y formas de relacionamiento en pro de ellas, se ha visto fragmentada por los ya mencionados efectos de la aspersión. A ello se suman los daños a la salud de la población, que hasta el momento de la investigación no habían sido debidamente identificadas ni atendidas por el Estado.

Una queja clara y constante de las comunidades negras es que no hubo consulta previa, ni aviso de las aspersiones, sobre todo en las zonas que fueron azotadas constantemente por los operativos, lo que creo el temor en los territorios y la desconfianza en la estructura estatal. Esta desconfianza aumentó, porque nunca hubo procesos de reparación efectivos ni concertados con las poblaciones afectadas, y en estos escenarios, iniciar procesos de reclamo les impone a las personas, de por sí en estado de vulnerabilidad, unas cargas que no tienen que soportar, siendo víctimas de la acción estatal. 

En medio de este debate, el 20 y 21 de diciembre de 2020 las organizaciones civiles y las comunidades, tuvieron que afrontar la realización de la audiencia pública virtual que ponía en la mesa la discusión sobre el derecho a la consulta previa. La audiencia se realizó pese a que no existían las condiciones técnicas ni sociales para permitir el ejercicio de la participación virtual en medio del aislamiento.

Frente a las serias dudas que dejó este ejercicio de cara a la garantía del derecho a la participación, la Corte Constitucional el 29 de enero de 2021 eligió para revisión la tutela T8020871, que había logrado aplazar la audiencia pública en un primer momento. En este fallo El Tribunal Administrativo de Nariño respaldó la decisión del Juzgado Segundo Administrativo de Pasto y suspendió las licencias para reanudar las fumigaciones sobre las 170.000 hectáreas de cultivos de coca que, según cifras oficiales, hay actualmente sembradas en Colombia, 59% de ellas concentradas en 14 departamentos y 104 municipios, que son el foco del programa de erradicación de cultivos de uso ilícito mediante aspersión aérea con el herbicida glifosato- “PECIG”.

La revisión de este fallo por parte de la Corte representa la posibilidad de que se definan las condiciones para la protección de la participación, consulta previa y protección de las comunidades afrocolombianas, indígenas y campesinas que son afectadas con la reanudación de las aspersiones.  Además, abre la puerta para que se que se revise la Resolución 001 del Ministerio del Interior. 

 

En el texto de la tutela se lee que dicha resolución afirma que “no era necesario realizar consultas previas, toda vez que en la delimitación del área de influencia, no se incluyeron territorios étnicos, pues basados en un concepto técnico que traza unos límites geográficos de  un área de influencia, no se garantiza que los impactos dañinos -conocidos pública y judicialmente son generados por el uso indiscriminado del glifosato- no afecten jurisdicciones de territorios indígenas que colindan o que son cercanas a los territorios de los 104 municipios que serían sujetos de las aspersiones que pretende retomar el Gobierno Nacional a través de la modificación del plan de manejo ambiental”.

Esta afirmación ha causado gran debate y preocupación teniendo en cuenta que, tres de las zonas -núcleos- de aspersión aérea, afectan los departamentos de Nariño, Cauca, Choco, Antioquia y Valle del Cauca con gran presencia de comunidades negras e indígenas.  

Es importante recordarle a la Corte al momento de analizar la sentencia, que los impactos de las aspersiones con glifosato tienen consecuencias diferenciales y negativas especialmente para las comunidades negras. Esperamos que esta revisión que hará la Corte sea una oportunidad para materializar el respeto al ordenamiento jurídico nacional e internacional para la defensa de los derechos de las comunidades, especialmente las comunidades negras. Es imperativo mantener los procesos de restitución voluntaria y erradicación manual. Si bien, estamos frente a un problema jurídico que estará enfocado en los derechos a la participación y la consulta previa, recalcamos la relevancia de prestar atención a lo esencial: la protección de las comunidades y los territorios para superar los impactos del pasado con consecuencias vigentes en la actualidad.